La violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado es uno de los capítulos más horrendos y dolorosos. Es un crimen de lesa humanidad, es la peor demostración de poder de un hombre que actúa como un macho alfa, que olvida su condición humana, que tiene madre, hijas, hermanas y pareja. ¿Cómo pueden mirarlas a los ojos?

En la ponencia “Gravedad penal de la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado colombiano”, Luz Piedad Caicedo establece las finalidades de la violencia sexual por parte de los grupos armados: dominar, para mostrar la supremacía sobre la víctima, la familia o la comunidad; callar para para disuadir a una persona o la organización a la que pertenece la persona de continuar con su labor de investigación, denuncia o exigencia; obtener información; castigar; y expropiar para expulsar a una persona, familia o comunidad de un lugar, para apropiarse de su tierra.

Así mismo, dice la ponencia que con la violencia sexual buscan exterminar con la finalidad de hacer desaparecer o disolver una organización, un grupo social o un grupo político por motivo de raza, etnia, religión, nacionalidad o política; recompensar al miembro o miembros del grupo armado y, cohesionar, es decir, mantener la unidad y el control del grupo a través del disciplinamiento del cuerpo, la regulación de las relaciones sexuales y el control de los nacimientos.

En Urabá las mujeres decidieron organizarse y no callar más “Otra cosa triste fue que no solo habían sido violadas, sino también la revictimización de los periódicos, de las emisoras, de todos los periodistas que llegaban”. Enton­ces dijimos: “hay que hacer algo y buscamos apoyo de las instituciones”. Nosotras decíamos: “O hacen algo, o hacemos algo nosotras. “Queríamos reivindicar los derechos de ellas, pero también atrevernos a hablar de ese pasado que traíamos dentro, que nos venía haciendo daño. Nos veíamos re­flejadas en esas mujeres que también siguen sufriendo este flagelo”.

Crearon la Asociación de Mujeres del Plantón. Su nacimiento fue en 2013 en Apartadó cuando se plantaron frente a la Fiscalía con carteleras, cartas, flores y lograron que el Fiscal local escuchara sus inquietudes sobre la violencia basada en género. Luego la semilla por la dignidad llegó a Chigorodó, Carepa, Mutatá, Flor Grande, bajo Atrato y Darién.

El plantón se convirtió en una protesta pacífica que potenció sus luchas como colectivo para dar a conocer las violencias contra las mujeres y la debilidad de sus rutas, así mismo se dieron a la tarea de formarse y conocer la normativa que sobre el tema de sus denuncias se ha promulgado, además, tomarse de la mano con propuestas nacionales como Iniciativa de Mujeres por la Paz (IMP) y de jóvenes como la abogada Juliana Franco que acompañó como investigadora principal.

Estas mujeres quieren justicia y emprendieron el difícil trasegar con el fortalecimiento de su organización y las alianzas con instituciones como el Mi­nisterio de Justicia y del Derecho “con el cual adelantamos un primer proceso de acceso a la justicia para personas víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, en­tre 2016 y 2017″, afirmación que aparece en su informe para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), EL mecanismo de justicia transicional para investigar y juzgar a los integrantes de las Farc-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno en Colombia.

El citado trabajo, documentó 250 casos que se presentaron a la Fiscalía (denun­cias) y al Ministerio Público (declaraciones). Las mujeres del Plantón pretendían activar la ruta tanto judicial como administrativa, para obtener justicia de los hechos cometidos. Algunos de esos casos están en Justicia y Paz” (Ley 975 de 2005, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, paramilitares, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional), y otros quedaron en la justicia ordinaria.

Además de un contexto sobre los hechos, el informe intenta identifi­car posibles patrones de victimización a partir del análisis de una base de datos que la Asociación Mujeres del Plantón elaboró a partir de la sistematización de algunos de los casos que han acompañado y de la reconstruc­ción de los contextos en los cuales sucedie­ron algunos de los hechos victimizantes.

Esperemos que en los acuerdos que resulten de la Paz Total se tenga en cuenta cómo seguirá controlando el Estado el territorio, y además que el Estatuto de Roma reconoció la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada, las persecuciones basadas en el género, el tráfico (particularmente de mujeres y niños) y la violencia sexual como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Igualmente, posterior a la Resolución 1325 de 2000 de Naciones Unidas sobre Mujeres, paz y seguridad, la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidasde 2008 sobre Violencia Sexual contra Civiles en Conflicto, condena el uso de la violación y otras formas de violencia sexual en situaciones de conflicto, diciendo que la violación puede constituir un crimen de guerra, o un acto constitutivo con respecto al genocidio.

Es cierto que una justicia transicional necesita flexibilidad y que necesitamos la paz, pero los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar en la impunidad.

Muchas mujeres pese a la estigmatización han tenido el coraje de salir del silencio, mostrar su grandeza, ellas pasaron por la oscuridad y el dolor de sentir la guerra en sus cuerpos, a un proceso de sanación compartiendo sus historias, su fuerza interior, la capacidad de rehacer su individualidad con el acompañamiento de un colectivo en el que encontraron un apoyo que hicieron mutuo, sembraron y siguen cultivando amistades, en todo caso, son las flores de la sororidad, esa hermandad entre mujeres. A este capítulo de su informe lo titularon “Anturio de la Memoria”, historias de resiliencia de las Mujeres del Plantón.

FUENTE: EL ESPECTADOR