El ejercicio del poder en una democracia se rige por reglas. Para garantizar el control del ejercicio de la fuerza gubernamental determinó dividir el poder en tres ramas y conceder a los ciudadanos el derecho a participar, de no ser así ¿cuál sería la diferencia con la monarquía? Al mismo tiempo, una de esas reglas determinó que las decisiones y acciones del gobernante honren el mandato de proteger el interés colectivo y garantizar el pacto social. Cuando el mandatario desconoce ese pacto, toma decisiones cuya razón no se puede conocer, abusa de la discrecionalidad que le da el cargo y poco le importan los controles a su poder. En ese contexto, sin temor a equivocarnos, aparece la corrupción.

La corrupción, para disciplinas como la sociología o la ciencia política, se entiende como el abuso de poder de los gobernantes, el favorecimiento de sus propios intereses, así como de su círculo más cercano y, por supuesto la toma de decisiones que están en contra de los intereses de sus connacionales. Y claro, si tales hechos no son investigados por los órganos de control y de justicia, seguramente, no solo, la impunidad aumentará, también, la administración pública difícilmente podrá judicializar los delitos que atentan contra el erario público.

Este es el caso del actual Gobierno nacional. Al inicio de este cuatrienio el Plan Nacional de Desarrollo nos ofreció “Paz con Legalidad”. Todo parece indicar que terminará el mandato sin lo uno, ni lo otro. Y es que, a propósito de la legalidad, en países como el nuestro donde la corrupción es estructural y sistémica, este mal uso del poder público se ha legitimado, navegando así en las aguas aparentes de la legalidad. En definitiva, al confundirse las fronteras de lo legal, la promesa de la legalidad se convierte en cualquier cosa.

Ese abuso del poder que está haciendo el actual gobierno es una vulneración, una afrenta y, ante todo, una deshonra para la democracia. Sus acciones están haciendo más penosa la situación del 42,5% de colombianos que, según el DANE, en el año 2020 se encontraron en situación de pobreza. Al tiempo que hace más vulnerable a la clase media, un 25,4% del total de los hogares. Dicen los expertos que, en Colombia, no solo la pandemia nos hizo retroceder más de 20 años en calidad de vida; también, lo hizo el mal gobierno bajo la cobija de la corrupción.

Varios son los episodios de esta indignante historia. La gran mayoría de ellos se dieron en el marco de la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica. El abuso del poder, que se acerca a la corrupción, casi siempre utiliza las mismas estrategias; la cuestión es que los corruptos hacen de toda situación una oportunidad para acumular poder, recursos económicos, redes y alianzas. No importa violar derechos, incluso en tiempos de pandemia.

Numerosos son los eventos que se han dado. Desde una declaratoria de estado de excepción que no rindió cuentas – aclaremos, hablar por televisión no es rendir cuentas -, con un Congreso que se auto silenció y una Corte Constitucional que actúo de manera poco oportuna. Hasta la negociación secreta de los contratos de vacunas, negando además el derecho de acceso a la información y pasando por el desconocimiento de la autonomía de los gobiernos locales y obstaculizando el ejercicio del derecho a la participación ciudadana como la discusión de los planes de desarrollo y el ejercicio de las veedurías ciudadanas. Y claro, no podía faltar el abuso de los procesos de contratación. Aquí, solo resaltaremos dos “perlas”.

La primera “perla”. El actual gobierno sobre la base que la crisis generada por el COVID -19 debía atenderse con celeridad, creó el Fondo para la Mitigación de Emergencias – FOME, destinándole 40,527 billones de pesos. Pues bien, desde que arrancó este fondo fue ampliamente criticado. Primero, porque tomó prestado el dinero que los mandatarios locales tenían en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Segundo, porque estos fondos suelen ser mecanismos de gestión con los cuales se le hace “el quite” a la legislación sobre transparencia y acceso a la información, como al cumplimiento del 100% de las reglas de mérito y competencia que rigen la contratación pública. Finalmente, estos fondos adscritos a entidades como los Ministerios terminan duplicando funciones. Y dicho y hecho, así fue. Como lo señala una investigación de La Silla Vacía1, 5.7 billones de este fondo, ejecutados a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, registran varias alertas y promesas de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación, así como, alertas en los procesos de contratación y poca eficiencia en el pago a IPS y EPS.

Los procesos de contratación también llaman la atención. Varios de los proveedores están lejos de contar con la idoneidad, la experiencia y, por supuesto, adolecen de capacidad financiera. En estos contratos, como en los cuentos de Gabo, existen historias propias del realismo mágico. Se encuentran empresas de licores que vende ventiladores, empresas de producción y venta de pólvora que venden tapabocas y uniones temporales, cuyo socio mayoritario vende materias primas para la industria del acero y el petróleo, ganan un contrato para suministrar ventiladores mecánicos que se utilizan para facilitar la respiración en pacientes críticos por Covid – 19. Al respecto, investigaciones de la Fundación Pares2, señalan que varios de estos contratos están plagados de errores, vacíos de información, incluso, algunos de los proveedores enfrentan investigaciones judiciales.

La segunda “perla”. Con el propósito de garantizar la conectividad de 1.300.000 estudiantes el Ministerio de Tecnología de la Información, esta vez, a través de otro fondo, él de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC –, con disposiciones administrativas especiales y con alertas muy similares a las señaladas anteriormente, entregó a través de una licitación, bastante fraudulenta, un contrato de 1,07 billones de pesos a la Unión Temporal Centros Poblados. Proveedor sin la idoneidad y capacidad financiera requerida, además, como lo señaló la investigación periodística realizada por La W, rodeada de personajes como Emilio Tapias, implicado en el tristemente célebre “Carrusel de la Contratación”. Más de 70 mil millones de pesos del anticipo resultaron embolatados. Las acciones disciplinarias, administrativas y judiciales apenas avanzan. Mientras que la responsabilidad política no se asoma por ninguna parte. Si bien, el presidente pidió la renuncia a la ministra, contradictoriamente, hasta el último minuto defendió su gestión como la más idónea y pulcra.

En septiembre del 2020, Trasparencia Internacional alertó sobre la concentración de poder en Colombia, por la incidencia del Ejecutivo en la elección del Fiscal General, de la Procuradora, del Defensor del Pueblo y su cercanía manifiesta con el Contralor General de la República. A esto se le suma el nombramiento de la hija de la Exministra del Interior como codirectora del Banco de la República. No hay duda alguna: nuestra democracia está en riesgo. Sin equilibrio de poderes no hay control al poder. Sin control al poder, el abuso no es ni investigado ni sancionado. Y para rematar: monedas de regalo con la imagen del presidente y bañadas en oro de 24 quilates, más de 41 millones de pesos en este gasto ¿Alguna duda sobre la débil legitimidad de este gobierno que cada día está más distante de los ciudadanos para los que dice gobernar?

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).

FUENTE: EL ESPECTADOR