El agente de policía acusado de asesinato por la muerte de la londinense Sarah Everard, cuya desaparición a principios de marzo conmocionó al Reino Unido, admitió este martes ante un tribunal su responsabilidad en la muerte de la joven.

Wayne Couzens, de 48 años, compareció por videoconferencia desde la prisión londinense de máxima seguridad de Belmarsh, donde está recluido, en una vista celebrada en el tribunal penal de Londres. El agente de la unidad de protección diplomática de la policía de Londres se declaró culpable de secuestro y violación y admitió su responsabilidad en la muerte de Everard. La ejecutiva de marketing, de 33 años, desapareció el 3 de marzo tras salir de casa de unos amigos en Clapham, al sur de Londres, para volver a su casa a pie.

La encontraron muerta una semana después en un bosque de Kent, región del sureste de Inglaterra donde vive Couzens. Según el informe forense, su muerte fue causada por una “compresión del cuello”. Su desaparición y fallecimiento causó una gran conmoción en el país, reavivando el debate sobre la violencia contra las mujeres.

Miles de mujeres relataron en las redes sociales sus sentimientos de inseguridad, denunciando amenazas y acoso y pidiendo a los políticos que hicieran algo al respecto. El 9 de julio está prevista una nueva vista del caso antes del juicio de Couzens en octubre.

El caso que abrió la herida

Sarah Everard desapareció la noche del pasado 3 de marzo al sur de Londres (Reino Unido) mientras regresaba a su casa, luego de verse con un grupo de amigos. La herida es profunda, más cuando el detenido y principal sospechoso es un policía londinense y desde entonces se reabrió una crisis social e institucional que pone en el ojo del huracán a la policía como perpetradora de una violencia de género que debería defender.

El caso tomó forma y magnitud días después de la desaparición de la joven, cuando se vieron escenas en las que la policía de Londres, mejor conocida como MET, detuvo e inmovilizó violentamente a mujeres que participaban en una vigilia pacífica organizada por el movimiento Reclaim These Streets en Clapham, el municipio al sur de Londres donde vivía la mujer asesinada. Coincidencialmente, el Parlamento discutió ese día la Ley de Policía, Criminalidad, Sentencias y Tribunales, que si bien busca endurecer las sentencias asociadas a violaciones y otros delitos sexuales, también amplía el poder de la Fuerza Pública para contener manifestaciones y protestas, en las que también se agreden a las mujeres.

Numerosas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Liberty, Big Brother Watch y End Violence Against Women Coalition, condenaron el documento. Por su parte, la parlamentaria Jess Phillips afirmó en su momento: “El proyecto de ley del gobierno conservador no hace absolutamente nada actualmente para aumentar las sentencias para violadores, acosadores o aquellos que golpean, controlan y abusan de las mujeres. No hace nada sobre el acoso y las agresiones callejeras. El proyecto de ley está lleno de tonterías divisivas, como encerrar a los que dañan las estatuas durante más tiempo que a los que atacan a las mujeres”.

La ministra del Interior, Priti Patel, una de las funcionarias que ha tomado la bandera del caso, cuestionó a la cabeza del departamento de policía británico, Cressida Dick, una mujer que defendió el actuar de la Fuerza Pública durante la vigilia. Frente a esta posición, Lady Shami Chakrabarti, una de las abogadas y defensoras de derechos civiles más importantes del país, escribió en The Guardian: “La reacción brutal a las mujeres que se reunieron para recordar a Everard fue presidida por la primera comisionada de la Policía Metropolitana y la cuarta secretaria del Interior, una amarga ironía feminista. Debería ser un recordatorio de que debemos cambiar la forma en que funciona el sistema, no solo las caras que lo gobiernan”.

Este es el argumento y problema real del caso de Sarah Everard: la violencia estructural que existe en el interior de una institución como lo es la policía del Reino Unido. Si bien el primer ministro británico, Boris Johnson, condenó en su momento el asesinato, también defendió a Dick frente a las numerosas voces oficiales y civiles que piden su dimisión. Por eso la organización Sisters Uncut publicó un boletín en el que piden al mandatario que si realmente quiere ponerse del lado de las mujeres, debe empezar a hacerse cargo de las instituciones que perpetran la violencia de género.

“La policía es institucionalmente violenta contra las mujeres. Darles más poderes aumentará la violencia contra las mujeres. El enfoque actual de ‘dureza contra el crimen’ no hace nada para mejorar las vidas de las víctimas de la violencia y protege a los agentes de policía de la rendición de cuentas. En 2019, un informe de la Oficina de Periodismo de Investigación descubrió que la policía recibe un trato diferente en los casos de abuso. Para la policía, el 3,9 % en Inglaterra y Gales terminó en una condena, en comparación con el 6,2 % entre la población en genera”, señaló el comunicado.

La organización recordó que, entre abril de 2015 y abril de 2018, se presentaron casi 700 denuncias domésticas contra policías. Entre 2012 y 2018 hubo 1.500 acusaciones contra oficiales por conducta sexual inapropiada. Además, desde 2018 hasta 2019, hubo casi 60.000 denuncias sobre violaciones sexuales por parte de policías, de los cuales fueron sentenciados 1.800 y menos de 1.000 fueron encarcelados.

FUENTE: EL ESPECTADOR