En el Encuentro Territorial de Reconocimiento de los pueblos amazónicos de la Comisión de la Verdad, comunidades de los seis departamentos denunciaron la presencia de grupos armados al margen de la ley, el reclutamiento forzado y el recrudecimiento de la violencia. Un espacio para escuchar la verdad de los indígenas de esta región sobre lo vivido en el conflicto.

En la mañana de este miércoles, la Comisión de la Verdad llevó a cabo el Encuentro Territorial (virtual) de Reconocimiento de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, el primero de siete espacios con los que la entidad busca escuchar la verdad sobre lo vivido en el conflicto armado de distintas comunidades del país. En el evento, que fue transmitido por las redes de la Comisión y de Colombia2020, se escucharon ocho testimonios de indígenas de la región, las voces de comisionados de la verdad, de una magistrada de la JEP, un delegado de la Procuraduría y de una delegada de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH.

Aunque los testimonios recogidos en cada una de las regiones fueron distintos, hay una preocupación unánime: la mayoría de comunidades están en riesgo de exterminio físico y cultural por los delitos que se siguen cometiendo en las regiones. Una mujer del municipio de Barrancominas, donde hay ocho resguardos indígenas, dijo que el riesgo de reclutamiento para grupos armados ilegales de niños, niñas y jóvenes sigue siendo alta: “muchos de nuestros hijos se fueron con la guerrilla y hasta el son de hoy non se han vuelto a ver”. Comentó que en comunidades como las de Rosal y Carpintero todavía están viviendo el reclutamiento de los jóvenes. “Queremos que el Gobierno de Duque haga algo respecto a eso”, comentó.

Estas preocupaciones, según Julio César López, líder de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), se suman al problema de los monocultivos, a los homicidios sistemáticos, las masacres, las minas antipersonales en sus territorios, la violación de niñas y mujeres, el señalamiento y la estigmatización, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras. López, comentó que por años los pueblos de esta región han sido invisibilizados y que por eso su participación en la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es tan importante. “En nuestros seis departamentos hemos tenido presencia de las antiguas Farc, del Eln, de los paramilitares, de los mismos militares y de las Bacrim (…) aquí todavía hay presencia de grupos armados, solo esperamos que se esclarezca la verdad. No queremos más impunidad”.

Otro testimonio proyectado en la transmisión, relatado por un indígena Nukak, de San José del Guaviare, muestra que la problemática del despojo de tierras y el desplazamiento forzado ha alterado sus modos de vida y ha impedido el retorno a los territorios. “Nosotros nos estamos perdiendo como pueblo, estamos perdiendo a nuestros mayores, nuestros sabedores porque se pierde la cultura”. El desplazamiento forzado por lograr el control de la zona en este departamento ha llevado a que muchas personas dentro de las comunidades se alejen de sus territorios y pierdan elementos propios de su cultura y modos de vida.

La representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, comentó que en el país el asunto no es nuevo, pues de hecho la Corte Constitucional ha hablado sobre ese riesgo de exterminio a 34 pueblos indígenas, por ello mencionó ocho acciones inmediatas que hay que tener en cuenta para preservar y respetar la cosmovisión de las comunidades: “rendición de cuentas de los responsables de los crímenes cometidos, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y respetar su derecho a la consulta previa; garantizar un entorno seguro; adoptar programas de protección con medidas apropiadas y concertadas con las autoridades; fortalecer sus sistemas de gobierno propios; incorporar los aprendizajes a través de sus estrategias propias y fortalecer los sistemas de alerta temprana”.

A estas preocupaciones, se suma la situación de crisis mundial por la pandemia del COVID-19 que ya ha cobrado la vida de varios líderes, entre ellos, de Róbinson López, quien pertenecía a la Opiac y había participado del proceso de consulta previa con la JEP, la Comisión de la Verdad y la UBPD en los años 2018 y 2019.

Richard Moreno, procurador delegado de Asuntos Étnicos, aseguró que es clave que se adelanten acciones urentes para cesar las afectaciones y minimizar los riesgos de exterminio de los pueblos en la Amazonía. “Encontramos que un elemento que pone en riesgo la vida de los indígenas es el territorio. En ese contexto hay que establecer medidas necesarias para proteger el territorio, los derechos, la identidad colectiva de los pueblos indígenas de la amazonía”. A esta petición se sumó la magistrada de la JEP, Belkis Izquierdo, quien mencionó que es fundamental reconocer la naturaleza como sujeto de derechos colectivos y entender que también ha sufrido afectaciones en el marco del conflicto armado. “Cuando se den todos los elementos podemos generar un espacio de garantías de no repetición que tiene que comenzar desde adentro, para fortalecer el pensamiento circular e integral que nos va fortalecer (…) es necesario plantear una reparación tangible, intangible, colectiva e individual”, señaló.

Por otro lado, las denuncias de los habitantes de los resguardos indígenas también estuvieron encaminadas a pedir garantías de no repetición por los crímenes cometidos por la misma Fuerza Pública. En varios relatos se hizo énfasis en que en el conflicto armado hubo militares que embarazaron a las menores indígenas y otros en los que mencionan las complejidades de estar en fuegos cruzados cuando había enfrentamientos con la extinta guerrilla y el Ejército.

Para avanzar en el esclarecimiento a la verdad, las comisionadas Patricia Tobón y Alejandra Miller explicaron que la Comisión de la Verdad tiene abiertas las puertas y posibilidades para escuchar las versiones de las víctimas, que serán incluidas en el Informe Final que presentará esta entidad a finales del 2021 como un recuento e investigación sobre lo ocurrido en el conflicto armado. De hecho, en el trabajo que han venido adelantando, según Tobón, han encontrado que en 74 resguardos de la Amazonía se ha vivido el conflicto armado. Según la Unidad de Víctimas, hay unas 4.136 personas registradas, pero los líderes de la zona aseguran que la cifra es mucho más alta.

El trabajo de la Comisión en esta región fue posible gracias a que, según la comisionada Tobón, delegados de la entidad estuvieron haciendo presencia en la zona durante tres meses, recorriendo ríos y resguardos indígenas para acercarse a las víctimas del conflicto y familiarizarlas con el proceso extrajudicial de la CEV. Los próximos eventos virtuales serán sobre la situación territorial en las regiones Andina, Orinoquía, Pacífica y el Caribe.

FUENTE: EL ESPECTADOR