Este mes se cumplen cuatro años de la inclusión del capítulo étnico en el Acuerdo de Paz. Este balance evidencia que el asesinato de líderes indígenas, campesinos y afro, la violación de sus derechos fundamentales y el bajo cumplimiento de los acuerdos firmados por varios gobiernos son las materias pendientes.

En Colombia, desde la firma del Acuerdo Final con las Farc, cerca de 200 indígenas han sido asesinados. Al 5 de junio, se han reportado 706 casos confirmados de contagio de COVID-19 y la muerte de 25 indígenas por esa enfermedad. Las comunidades ancestrales denuncian que no reciben atención médica oportuna y que la entrega de elementos de bioseguridad se quedó en promesas.

“Según datos del Gobierno nacional, la pobreza multidimensional de los pueblos indígenas es 2,5 veces más alta que el total nacional, y la de los pueblos y comunidades afrodescendientes es 1,5 veces más alta. Para ambos pueblos las desventajas se dan en materia de educación, salud y acceso a servicios de primera infancia, vivienda, acueducto y alcantarillado”, comenta la Comunidad de Juristas Akubadaura en su Informe sobre Justicia Redistributiva y Pueblos Étnicos.

El documento señala que, entre 2010 y 2019, “el Gobierno nacional ha suscrito 1.582 compromisos con los pueblos indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, muchos de los cuales hacen parte de políticas públicas que tienen un porcentaje de implementación, en promedio, del 3,9 %, evidenciando un incumplimiento sistemático de esos compromisos, incluso promovidos por el Ejecutivo”.

Los pueblos étnicos, históricamente olvidados y discriminados, intentaron dejar sus demandas en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final, pero, después de tres años de la firma, todo sigue en el papel, a pesar de la reciente gestión de recursos para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (Ieanpe).

El recorrido

La participación de organizaciones indígenas y afrocolombianas en la mesa de negociación fue el resultado de la incansable solicitud de las comunidades étnicas para que sus demandas fueran escuchadas como víctimas y como constructoras de paz, pero, en especial, como sujetos de derechos. Es así como bajo la figura de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, llegaron a La Habana (Cuba), el 26 y 27 de junio de 2016, cuando se negociaba el último punto del Acuerdo Final.

En el documento que llevaban los voceros étnicos, el punto principal fue la incorporación de salvaguardas para proteger los derechos y los territorios de los pueblos ancestrales. “El primer punto ya estaba acordado y no se había pensado en blindar los territorios que las comunidades, en su histórica lucha, habían conquistado. Por ejemplo, si los pueblos indígenas y afro no hubieran dado la alarma, el Gobierno hubiera creado el fondo de tierras afectando los cabildos”, explica Israel Zúñiga, senador de la FARC.

Incorporado el enfoque étnico en los Acuerdos, un paso importante fue la concreción jurídica de la Ieanpe, mediante el Decreto 1995, desde el cual se elaboró el proyecto de ley sombrilla de salvaguardas y la ruta de seguimiento al Plan Marco de Implementación, que contiene 37 metas y 98 indicadores, sobre el tema étnico, y que se consignó en el Conpes de 2018.

“La Ieanpe es la institución encargada de que se plasmen los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos, con objeción cultural, en el Plan Marco de Implementación (PMI). Somos la herramienta para facilitar, coordinar y articular las políticas públicas del Estado colombiano para con los raizales, palenqueros, rom, pueblos y naciones milenarias y ancestrales”, aclara Armando Wouriyu Valbuena, secretario técnico de la Ieanpe. El funcionamiento estable y permanente de este espacio depende del presupuesto nacional y la cooperación internacional. Se espera que este mes de junio reciba cerca de US$500.000, que le fueron asignados del fondo multidonante. “Con este presupuesto daremos cumplimiento al mandato del acto legislativo 01 de lo expresado en el Capítulo Étnico y al comunicado 013 que establece las cosas de lo étnico en el PMI. La Ieanpe existe porque hace parte de la estructura de Estado, existe subliminalmente, teóricamente, pero apenas hasta ahora existe en articulación y coordinación con el Gobierno”, enfatiza Wouriyu Valbuena, quien además explica que entre las tareas por desarrollar está el ajuste técnico a los indicadores y metas, porque “hay correctivos como en 38 indicadores. Algunos ajustes son de redacción, porque, por ejemplo, antes se hablaba de emisoras comunitarias y las transformaciones del Mintic hacen que ahora se cambie el término por emisoras étnicas”.

Para el analista en paz y posconflicto, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Diego Restrepo, “el PMI establecía un acompañamiento técnico, especializado, para la formulación de proyectos porque a veces se da un uso del lenguaje para limitar las garantías de los pueblos. La debilidad y limitación de la implementación del Capítulo Étnico está en que vemos la reproducción de la exclusión de las comunidades”.

La implementación

De acuerdo con el informe de seguimiento del Instituto Kroc de abril de 2019, los acuerdos tienen solo un 23 % de implementación. Si bien la voluntad política es determinante para hacer realidad los cambios planteados, el tema presupuestal es definitivo. Albert Talco, economista de Akubadaura, indígena del pueblo kankuamo, llama la atención sobre las fuentes de financiación para el cumplimiento del Acuerdo. “A los pueblos les preocupan especialmente dos. Uno es el Sistema General de Regalías, porque las organizaciones no han recibido información sobre los recursos destinados a la implementación del Capítulo Étnico. Y el segundo, el Sistema General de Participaciones, por su inflexibilidad, ya que tiene destinaciones específicas”.

Según Wouriyu Valbuena, secretario de la Ieanpe, “después de 200 años de República, en 2019, por efectos de una movilización nacional, los indios nos sentamos a escuchar el plan plurianual; ahí estaba el PMI. Como ellos no conocen lo diferencial, ni las políticas públicas de participación, y menos sienten qué es un indio o un negro, porque su principio es exclusión cultural, dicen: hay $100 para eso y nosotros decimos: debería ser más, pero ellos solo dicen: es lo que hay. Esa es su moral ética y estética corrupta”. Desde la mirada del analista Diego Restrepo, de la Fundación Pares, lo que sucede es que “existe una disposición de recursos limitada, que no tiene relación con las necesidades reales del Acuerdo. Además, este es un Gobierno que viene con escándalos de manejo de los fondos de paz, donde puede haber una mala destinación que debe ser investigada”.

La Tierra

En el punto uno del Acuerdo se mencionan tres aspectos fundamentales: entregar tierra a los campesinos (tres millones de hectáreas), otorgar los títulos de propiedad a aquellos que cuentan con la posesión de sus predios (siete millones de hectáreas) y brindar las herramientas requeridas para garantizar el desarrollo rural, cerrando de esa forma la brecha existente entre el campo y la ciudad (carreteras, distritos de riego, agua potable, salud, educación, etc.).

El campesinado, así como las comunidades étnicas y las mujeres cabeza de familia, son los principales beneficiarios de este punto. En 2018, según el Instituto Kroc, solo se ha implementado el 3 % en el tema de “Acceso y uso de la tierra”, apartado que tiene 29 disposiciones en total.

Para implementar este punto se crearon los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y se priorizaron 16 territorios en donde se presentan los mayores índices de pobreza, alta afectación del conflicto armado y debilidad institucional, entre otros factores. En el 51 % de estos territorios priorizados se ubican resguardos indígenas y en el 81 % hay comunidades afrocolombianas.

En 2019 el avance de estos planes participativos con visión de diez años es desigual en esos territorios y carece de claridades para su ejecución. La Contraloría refiere que, en el primer semestre de 2019, se gestionaron apenas “45 de las 1.206 del inventario de solicitudes sobre constitución, ampliación, saneamiento, reestructuración, clarificación, delimitación, medidas de protección y titulación colectiva para indígenas y afros, en la vigencia del 2018”.

Cabe mencionar que “solo se han aprobado dos Planes Nacionales Sectoriales, ninguno de los cuales ha sido concertado con las comunidades étnicas, ni contienen componentes especiales. No es clara la manera en que los PNS recogerán las iniciativas étnicas de los PDET”, indica el informe del órgano de control.

La llegada del gobierno del presidente Iván Duque “ha sido un obstáculo porque se ha dedicado a entorpecer e impedir su implementación. En la asignación de recursos para la compra de tierras, para la participación política, para el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, es un obstáculo”, menciona Gilberto Yafue, exgobernador del Cabildo Resguardo Pueblo Nuevo, indígena del pueblo nasa y concejal de Caldono, Cauca.

Sin embargo el Gobierno insiste en que todo va bien. “Dentro de la política de Paz con Legalidad del presidente Duque, la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y por la pobreza es una prioridad. El cumplimiento de las expectativas de las comunidades en los PDET es una manera de lograr la equidad con nuestras etnias. Existen 115 pueblos indígenas reconocidos, la mitad participaron directamente en la identificación de esas iniciativas de cómo quieren ver sus propios territorios. Quibdó es el mejor ejemplo. Ha sido tal la penetración del enfoque étnico dentro de los ocho capítulos, que las mismas comunidades quisieron cambiarle el nombre, por eso de las 32.000 iniciativas que existen a nivel nacional, el 25 % tienen este enfoque y se llama Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial y Étnico”, afirma Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización y la Consolidación.

No obstante, el Programa de Mujeres Indígenas del Chocó, las autoridades y organizaciones indígenas opinan lo contrario. Piensan que el asunto de los pueblos indígenas no está incluido en las metas ni en los indicadores, como tampoco en el presupuesto asignado. Así lo dejaron consignado en el documento de Observaciones al Plan que entregaron recientemente.

Diego Restrepo, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, respalda esta lectura. “Los PDET y los PTA son nodos centrales del Acuerdo, generaron expectativas, pero no se planeó un techo presupuestal para las propuestas de la gente en los Planes de Acción Territorial y ahora las iniciativas de las personas no se materializan sino las de las empresas privadas, las que tienen garantías y prebendas como las que dan a las multinacionales”.

Para Wouriyu Valbuena, en la construcción de los PDET el Gobierno no reconoce la ruralidad y planea lo rural con visión urbana. “Por ejemplo, los wayuus somos rurales, somos de desierto, tenemos una economía. Planeación Nacional no reconoce la economía propia de pesca, ganadería y comercial urbana de los wayuus. Si hablamos de Leticia, la construcción que planean no toma en cuenta el ecosistema de la región. Planeación debe comprender cuatro características de los indios: nómadas, seminómadas, sedentarios de desierto, agrarios y andinos, y urbanos confinados por desposesión de la propiedad. Lo mismo hacen con el negro y con los campesinos, tampoco reconocen la economía del pueblo raizal de San Andrés”.

Organizaciones que acompañan a las comunidades consideran que el avance en el tema de tierras es casi nulo. “Desde 2012 hemos acompañado los procesos de restitución de derechos territoriales para pueblos indígenas buscando la titulación, el saneamiento y la ampliación; sin embargo en regiones como el Chocó, con los emberás o los nukaks en el Guaviare, aun contando con sentencias de la Corte Constitucional, que los reconoce como pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, y teniendo medidas cautelares para la restitución de sus tierras, no ha habido voluntad por parte de la Agencia Nacional de Tierras ni por parte de las instituciones locales para lograr que esas tierras sean restituidas”, comenta Rocío Caballero Culma, indígena del pueblo pijao, abogada de Akubadaura.

Para los pueblos indígenas, las reglas de juego frente a la consulta previa no se cumplen a cabalidad o se modifican sin consensos. En abril de este año, 130 organizaciones de la sociedad civil le enviaron una carta al presidente Duque rechazando las disposiciones en una circular del Ministerio de Interior que permitía realizar consultas previas con pueblos étnicos de manera virtual, en el marco de la emergencia nacional declarada por la pandemia. Aunque la medida entró en revisión, sí evidencia un desconocimiento de las realidades que viven las comunidades étnicas en los territorios, lo que configura una violación a la consulta previa, libre e informada.

*Comunidad de Juristas Akubadaura: www.akubadaura.org.

FUENTE: EL ESPECTADOR