Durante generaciones, la violencia sexual ha sido un arma de guerra, en gran medida, invisible y utilizada por Estados represivos y grupos armados. Hoy, las víctimas de violencia sexual están desafiando cada vez más el silencio opresivo entorno a sus vivencias, un ejemplo concreto de ello fue el primer Encuentro por la Paz de la Comisión de la Verdad (CEV) en Colombia en donde 30 personas compartieron su dolor y esperanza, teniendo sus cuerpos como testigos directos. Este escenario ha sido un primer paso, no solo para poner en el debate público lo padecido por los cuerpos de las mujeres como un instrumento de dominio, control y humillación de los adversarios en el marco del conflicto, sino que fue un mensaje contundente para ampliar dicho debate afirmando que la violencia sexual no es solo un asunto de mujeres heterosexuales.

Hace casi 20 años, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 1325 de 2000, siendo la primera que aborda el impacto desproporcionado de los conflictos armados en las mujeres. A pesar de su carácter innovador, la Resolución 1325, así como la serie de resoluciones que de esta se derivan para constituir la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, omite adoptar una noción amplia al aludir de manera exclusiva a la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el marco de los conflictos armados, dejando las personas LGTBI y los hombres por fuera.

Aunque las mujeres representan a la mayoría de las víctimas de violencia sexual, no son las únicas que la han vivido. Ahora bien, si la violencia sexual contra nosotras ha sido invisibilizada y acallada, no nos debe sorprender la escasez de información sobre personas LGTBI y hombres víctimas de este delito; de hecho, sus cifras son prácticamente desconocidas.

Varios de los factores que impiden la denuncia de este tipo de prácticas son compartidos por mujeres y hombres sobrevivientes de esta violencia: el temor a represalias, vergüenza, desconfianza en la institucionalidad, entre otras. Con todo, la base del silencio radica en la persistencia de estereotipos negativos de género que en los hombres heterosexuales implica un refuerzo de aquella imagen del macho alfa, fuerte, protector e inquebrantable; mientras que para las personas LGTBI la violencia sexual se basa en una serie de prejuicios sociales que admitieron y admiten dichas prácticas en su contra, consagrándose como acción “merecido”.

Ahora bien, desde el punto de vista técnico, una de las razones que subyace este silencio se funda en la falta de una definición internacional de violencia sexual que no se ligue de manera automática y exclusiva a las mujeres y las niñas como víctimas. A pesar de que gran parte de las definiciones son generales, e incluyen diversas modalidades de violencia sexual, el lenguaje- a la hora de interpretar las diferentes normas y estándares- se direcciona, casi siempre, a la mujer, e incluso, a la mujer heterosexual. Esto crea entonces un factor para el olvido, la exclusión y la legitimación de violencia sexual contra las personas LGTBI y los hombres. 

Así, esto es un reto para entidades como la CEV la cual cuenta con experiencias comparadas en otros contextos como el Peruano. En este último, su Comisión de la Verdad en los 2000, adecuó la violencia sexual masculina como una forma de tortura, en donde se aludía a choques eléctricos contra hombres cuya práctica era notablemente mutilación genital y esterilización forzada.

La CEV es una ventana de oportunidad con el potencial de expandir el alcance de la figura de las comisiones de la verdad. Lo anterior, no solo desde su rol como “visibilizadora” de diversas violencias y sus razones de ser, sino desde un rol no legitimador de esas violencias y, por lo tanto, como promotora de la transformación y eliminación de estereotipos en tanto garantía para la no repetición.

FUENTE: EL ESPECTADOR