¿Por qué persiste la violencia contra líderes y autoridades indígenas en el Cauca luego de la firma del acuerdo de paz? El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha enfrentado históricamente disímiles tensiones. Tras cincuenta años, es difícil establecer con precisión las fuerzas que se oponen al proyecto político indígena y el origen de los ataques a sus líderes, autoridades y organizaciones. Hoy no paran las amenazas, asesinatos y masacres. Al contrario, la violencia se ha recrudecido y agudizado. Asociado, entre otros, a problemáticas como los cultivos de uso ilícito, parece que los responsables de múltiples hechos de violencia contra indígenas ocurridos luego de la firma del acuerdo de paz han aprovechado este complejo panorama.

Vale precisar que no tiene sentido explicar esta preocupante situación con base en una única causa. Más bien hay varios factores que ayudan a comprender el reacomodo político, social y económico en esta y otras regiones afectadas por el conflicto armado y, en particular, los ataques a líderes y autoridades indígenas en el Cauca. Es importante tener en cuenta que, una vez iniciado el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC, su ausencia se convirtió en una posible fuente de poder para los actores interesados en legitimar o resguardar sus propios proyectos económicos y militares. Las FARC habían alcanzado un amplio conocimiento sobre la región y mantenían heterogéneos niveles de control sobre la población, los territorios y sus recursos. Al faltar este grupo guerrillero no se produjo – como se suele afirmar – un vacío de poder, sino la ausencia de uno de los poderes relevantes en el equilibrio siempre inestable de fuerzas en la región. Lo que vino después fue la conformación de nuevas fuerzas y el reacomodo de algunas existentes.

Las experiencias de los excombatientes FARC fueron diversas tras la firma del acuerdo. Es necesario reiterar que la gran mayoría mantuvo su compromiso con lo establecido en el acuerdo. Sin embargo, algunos integrantes de esa guerrilla se apartaron del proceso antes de la firma, otros participaron en la reincorporación para luego apartarse y rearmarse. Comúnmente se nombra a estos grupos compuestos por excombatientes como disidencias, a las que habría que añadir aquellos grupos conformados luego de la firma del acuerdo y cuyos combatientes son nuevos o fueron vinculados sin haber pertenecido antes al grupo armado, al menos en su mayoría.

Uno de los interrogantes que con frecuencia se plantea es si son grupos exclusiva o principalmente creados por o al servicio del narcotráfico o son grupos con vocación política, que se financian con recursos obtenidos de las actividades ilícitas, como lo hicieron las FARC hasta la firma del acuerdo. Al responder que se trata de estructuras financiadas por el narcotráfico es posible que se esté en lo correcto. No obstante, las llamadas disidencias realizan actividades de control territorial, reclaman para sí la administración de “justicia” y buscan establecer el control sobre los recursos locales; buscan gobernar, al menos en cierta medida.

Las dinámicas de la guerra enfrentan a los cabildos con actores armados, legales e ilegales. Aun cuando parece más evidente en el caso de los grupos armados al margen de la ley, también se presentan tensiones con instituciones del Estado, incluyendo a sus Fuerzas Armadas. El gobierno nacional no siempre reconoce en la práctica la legitimidad de las autoridades indígenas, pese a lo establecido en la Constitución de 1991. Uno de sus supuestos es que los indígenas no pueden gobernarse a sí mismos o que no tienen gobierno. El menosprecio de las vidas indígenas se reactualiza constantemente.

Otro aspecto que acentúa las dinámicas del conflicto ha sido la decisión de imponer la presencia militar, a pesar del clamor por la implementación de los acuerdos. El manejo dado a los cultivos de uso ilícito y al narcotráfico, por ejemplo, ha llevado a una concentración de estos problemas en áreas rurales de departamentos como el Cauca, en los que el acceso y la distribución de la tierra han sido profundamente desiguales desde épocas remotas. Los cultivos de coca y marihuana han sido usados como argumento para deslegitimar luchas históricas de campesinos e indígenas, a quienes se acusa de promover el negocio ilícito. Para algunos líderes, esta es una muestra más de las decisiones políticas de un gobierno que no está preparado para liderar la construcción de una sociedad en paz, por lo que restringe sus acciones al plano militar, en el que solo puede mostrar logros puntuales que se miden en números de bajas en combate.

A este contexto se suman tensiones internas cada vez más graves. Muchos jóvenes indígenas ven escasas sus opciones a futuro. A pesar de los logros obtenidos por la organización, las tierras fértiles disponibles para el trabajo agrícola son cada vez menos. Las oportunidades de trabajo se reducen y las posibilidades de acceder a la educación superior no son suficientes. De otra parte, la participación en cargos de representación política o en actividades reconocidas socialmente son limitadas. Conscientes de esta situación, las autoridades han abierto espacios: los jóvenes han ganado protagonismo en iniciativas artísticas, de comunicación, económicas y deportivas, y participación en escenarios clave como la Guardia Indígena. Las voces jóvenes quieren ser escuchadas en la toma de decisiones colectivas. No obstante, también son objeto de constante presión por parte de grupos armados, que los reclutan y tratan de vincularlos a las dinámicas de la guerra.

Durante las últimas cinco décadas, los pueblos indígenas del Cauca se organizaron alrededor de los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía. Reclaman las tierras que habitaron históricamente y les fueron despojadas en distintos momentos. Disputan el derecho a que les sean respetadas sus formas de conocimiento. Han consolidado estructuras de gobierno que retoman elementos impuestos durante la colonización europea, al tiempo que crean nuevas formas de administración acordes a las circunstancias del presente.

Los asesinatos y las masacres de líderes, autoridades y firmantes del acuerdo en territorios indígenas no solo están cegando vidas de quienes optaron por un país en paz, sino que amenazan la pervivencia de este proyecto colectivo.

Esta columna hace parte del proyecto sobre democracia de la educación y la ciencia del Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ.

*Axel Rojas Martínez. Profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca, Colombia. Miembro de la red Netcapaz del Instituto CAPAZ. El autor de esta columna agradece especialmente a José Domingo Caldón y Eduin Mauricio Capaz, del CRIC, por las conversaciones sostenidas que le permitieron puntualizar algunos detalles de su argumento. Sobra decir que la responsabilidad por lo escrito es solo del autor.

FUENTE: EL ESPECTADOR