¿Pueden los hombres opinar sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)?

Como las mujeres, las reflexiones son plurales; intentaré una aproximación desde los elementos que me proporcionan la reportería, el estudio y la experiencia personal.

En el ámbito privado: Ningún hombre tiene por qué opinar sobre la decisión de abortar, excepto si la mujer interesada le consulta. Abortar no es una “decisión de pareja”. Si un hombre teme la posibilidad de “perder a un hijo”, sería conveniente que considerara una vasectomía, decidiendo sobre su cuerpo y no sobre el ajeno.

En la esfera pública: En una democracia, con libertad de expresión, cualquier hombre puede opinar sobre la IVE. Es la misma libertad con la que acabo de opinar sobre la vasectomía. Tanto su opinión sobre el aborto como la mía sobre la vasectomía son intrascendentes… a menos que él o yo ostentemos una autoridad científica o jurídico-política representativa para hacerlo por el bien común. Un ginecobstetra o una uróloga cuentan con autoridad científica para referirse a los procedimientos médicos sin anteponer su opinión religiosa o moral (que serían irrelevantes). Tanto magistrados y magistradas de la Corte Constitucional como congresistas deben pronunciarse para decidir sobre políticas públicas orientadas al bienestar colectivo. Aquí emerge el problema central, cultural: en algunas sentencias, el Alto Tribunal ha fallado sobre la ligadura de conductos deferentes; pero es que, a diferencia de la IVE, la vasectomía no enfrenta a grupos religiosos ni a colectivos que sostengan que “atenta contra la vida”.

Cinco hombres y cuatro mujeres de la Corte deberán decidir en demandas como la de Causa Justa o la interpuesta por un hombre, ambas contra el artículo 122 del Código Penal. El ciudadano argumenta que dicho artículo discrimina entre mujeres y hombres (a ellos no se les obstaculiza ni castiga por ejercer sus derechos sexuales) y entre las mismas mujeres (las ricas abortan donde es completamente legal y seguro, las pobres se arriesgan en la clandestinidad).

¡El porcentaje de condenas para el delito de aborto consentido (7,6 %) supera el de acceso carnal violento (3,38 %)!

El precandidato Gustavo Petro le dijo a María Jimena Duzán sobre su propuesta “Cero aborto”: “El Estado y la sociedad deben garantizar que la mujer esté en toda la capacidad para tomar la decisión: una mujer educada, que haya tenido todos los elementos de la información”. Proveer información a la paciente es una exigencia legal vigente, solo falta su cabal aplicación. La posibilidad de mujeres plenamente educadas en Colombia es deseable, incontrovertible, un comodín que seduce desde pastores conservadores hasta académicos liberales; la dificultad radica en los parámetros que definirían cuánta información basta. ¿No sería discriminatorio el argumento “usted no puede abortar porque no sabe lo suficiente”? La “sociedad cero aborto” establece el conocimiento pleno como la vía para acceder a un servicio de salud público: elitismo puro que se contrapone al “feminismo popular”, “no académico”, que promulga el mismo Petro.

Según la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en Colombia la tasa más alta de complicaciones posaborto está en las mujeres rurales: 53 %. Un 97 % de las sanciones es contra ellas. Las más judicializadas son las jóvenes, con educación primaria o secundaria.

La educación plena para las mujeres es un anhelo colectivo, pero en el interín las queremos libres para decidir. Un Estado que las proteja. Y una sociedad que las respete 

FUENTE: EL COLOMBIANO