19 abr, CI.- Hoy, en el barrio Punta del Este de Buenaventura (Valle del Cauca), el Proceso de Comunidades Negras –PCN- junto con la comunidad del barrio realizan el acto conmemorativo “12 razones para detener el conflicto”, como medida de autorreparación colectiva del pueblo afrodescendiente en Colombia y en homenaje a 12 jóvenes de este territorio que fueron asesinados en el año 2005.

El evento comenzó con la llegada de la Caravana por la Vida y el Territorio a este barrio. Realizaron talleres con niños y niñas, creación de murales, actos espirituales y culturales, obras de teatro, olla comunitaria y un partido de fútbol comunitario donde la ganadora es la solidaridad.https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPCNcolombia%2Fvideos%2F3380135095421226%2F&show_text=true&width=560

En medio de la jornada se hizo la Declaratoria de Emergencia Humanitaria de los territorios colectivos y ancestrales de las comunidades negras del Distrito Especial de Buenaventura y el Pacífico. En ella, las autoridades y organizaciones étnico-territoriales del Pueblo Negro advierten al Estado y a la comunidad internacional sobre el genocidio, el etnocidio y la limpieza étnica contra que contra ellas y ellos continúa en los campos y en las ciudades de Colombia, fruto de la acciones y omisiones del Estado.https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPCNcolombia%2Fposts%2F3623282961133083&width=500&show_text=true&height=746&appId

En esa medida, señalan estar viviendo una crisis humanitaria similar a la de 1996-1998 y temen que la guerra se siga recrudeciendo debido a que sus territorios colectivos ancestrales y urbanos fueron y siguen siendo afectados de manera desproporcionada y diferencial por el conflicto armado. Además, la persistente disputa territorial entre actores armados legales e ilegales en sus territorios genera violaciones sistemáticas de sus derechos. Esto último se ha visto traducido en desplazamiento forzado interno, comunidades confinadas, asesinatos y amenazas a líderes e integrantes de sus comunidades, feminicidios, violencia sexual, violencias basadas en género, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

“Actualmente se encuentra el territorio colectivo del consejo comunitario del río Cajambre, con más de 100 familias desplazadas internamente y el confinamiento de la población, es el último estadio en un patrón continuo de vulneraciones contra nuestras comunidades en todo el territorio y exige que los entes gubernamentales cumplan con sus deberes de asistencia, protección y prevención”, denuncian en la declaratoria.

Las autoridades y organizaciones étnico-territoriales demandan al Gobierno Nacional las siguientes medidas para superar la Emergencia Humanitaria:

• Cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente aquellas orientadas al fortalecimiento de las instituciones propias de los pueblos, la garantía y respeto al derecho al territorio, identidad y autonomía del pueblo negro afrodescendiente en Colombia.
• Reglamentación e implementación integral de la Ley 70 de 1993
• Garantizar el derecho efectivo al territorio, de las comunidades de los territorios ganados al mar y de los consejos comunitarios, especialmente, aquellos amenazados por los procesos de expansión del perímetro urbano.
• Respeto y garantía a la visión propia de futuro de las comunidades negras y la asignación de los presupuestos para que la misma pueda ser ejercida a plenitud y sin ningún tipo de discriminación.
• Protección efectiva de los sujetos de especial protección constitucional: derechos de los niños, niñas, adolescentes, y de jóvenes cercados por los actores armados legales e ilegales.
• Cumplimiento inmediato e integral de todas las órdenes contenidas en el acta 005 del 2009, incluyendo al Plan Específico de Protección y Atención para las Comunidades de Buenaventura.
• Dar respuesta efectiva a las orientaciones emanadas de las alertas de la defensoría del Pueblo y a los escenarios de riesgo recientemente identificados tanto en el área urbana como rural.
• Todos los actores armados, incluyendo la Fuerza Pública, deben acatar y respetar el DIH, la distinción entre civiles y armados.
• Implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC-EP en 2016, especialmente el capítulo étnico. Y para el caso de Buenaventura la garantía para el desarrollo del PDET, haciendo énfasis en su enfoque reparador y no re-victimizante.
• Garantías para la erradicación manual y sustitución de cultivos con fines de uso ilícito en el territorio y apoyos efectivo a las comunidades y familias que no están involucradas en estos cultivos.
• Un programa de fortalecimiento para los consejos comunitarios, organizaciones, étnico-territoriales, que contemple la conformación y fortalecimiento de las medidas de autocuidado y autoprotección comunitarias.

La declaratoria termina con un llamamiento a los consejos comunitarios y las distintas formas organizativas a persistir en la defensa de la vida y la paz, a fortalecer la organización y autogobierno comunitario. Asimismo, un llamamiento a la cooperación internacional y a las ONGs que trabajan en sus territorios, para acompañar de manera permanente a las comunidades negras, quienes están en riesgo en sus territorios urbanos y rurales.

FUENTE: https://www.colombiainforma.info/