Disidencias, bacrim, neoparamilitares y delincuencia común azotan el departamento. La implementación de los Acuerdos de La Habana está en deuda. ¿Cuál es la salida? Hablan algunos de los políticos de la región.

La guerra nunca se fue del Cauca. Si bien durante los diálogos de paz del gobierno Santos con la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc se vivió una calma chicha, el conflicto ha retornado y con más bríos. Hoy confluyen en el departamento las disidencias, con los frentes Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez; el Eln, con sus frentes Manuel Vásquez y José María Becerra; el frente Andrey Peñaranda Ramírez del Epl y la Nueva Marquetalia, que lidera Iván Márquez. A ellas se suman una estructura del Clan del Golfo, además de bandas criminales (bacrim) y delincuencia común, en una guerra sin cuartel por las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. El Cauca es estratégico para asegurar la movilidad hacia el Pacífico en el tráfico de drogas y armas, y para conectar con lugares claves de asentamiento del sur de Tolima y Huila.

Todo un polvorín que complementan los altos niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas de una población en su mayoría mestiza, indígena y afrodescendiente, y una discusión ancestral por la autonomía de los territorios. Según la misma Presidencia de la República, desde el año 2000 hasta enero de 2021, en el departamento hubo 235 mil víctimas, el 20 % del total de sus habitantes. Carros bomba, masacres, desplazamientos, amenazas, despojo de tierras, confinamiento, violencia sexual, desaparición forzada, reclutamiento forzado, minas antipersonales, cultivos ilícitos y secuestro. Es la realidad que se ve y que se repite una y otra vez en los municipios del norte -como Corinto, donde el pasado viernes un atentado explosivo dejó 43 heridos-, del centro -como Argelia, en cuyo corregimiento El Plateado se vienen registrando enfrentamientos entre el Eln y las disidencias, con más de 2.000 desplazados- y del sur.

Mientras el Gobierno Nacional realiza consejos de seguridad y anuncia la llegada de más Fuerza Pública y planes graneados de inversión social, la violencia no da tregua. ¿Qué está pasando y cómo enfrentar una situación que representa el fracaso de la implementación de la paz y de la estrategia de seguridad del Estado? Las lecturas son múltiples, al menos en la clase política del departamento (los que se atrevieron a contestar), aunque hay un hilo conductor: el abandono. “El Cauca es el resumen del problema estructural del modelo de desarrollo en Colombia: abandonamos a los más pobres. Los tecnócratas no entienden. El campesino termina preso de los cultivos ilícitos, que le dan algún rendimiento y se los recogen en la misma zona. Las mafias pelean por el monopolio, y para ello usan la violencia. La lógica de la violencia por encima del precio. Es una esclavitud laboral. No solo es la violencia del ‘traqueto’, sino entre las distintas mafias”, señala el senador liberal Luis Fernando Velasco.

Para este, existe una “extraña falta de claridad” del Gobierno Nacional. “Es un mismo libreto: viene el presidente, los ministros, los generales, y se reúnen en la Gobernación. Lo hacen para la prensa, no para resolver los problemas. Escuchan solo a los que piensan como ellos. Y en el Cauca hay formas para resolver los problemas. No hay que ser ingenuos de pensar que no se necesita la fuerza, pero en Corinto es increíble que pongan una bomba al lado de la estación de Policía. ¿Qué está pasando con la inteligencia? Y no se justifica que los campesinos productores de marihuana, cuando se legalizó para su uso medicinal, se hayan organizado en cooperativas, pero no les hayan dado el cupo. ¿Por qué las licencias se dieron en otros lugares que no necesitaban sustitución? En el Gobierno no piensan más de recompensas y más tropa, que no ha funcionado. No solo falta inteligencia para detectar atentados, sino inteligencia para desestimular los negocios de la mafia”.

John Jairo Cárdenas, representante a la Cámara por el Cauca, de la U, cree que tras la firma del Acuerdo de Paz las disidencias eran un grupo minoritario y “casi insignificante” en la región, pero en el gobierno Duque han incrementado su capacidad militar, agudizado los reclutamientos y fortaleciéndose económicamente con las rentas que les deja el negocio de las drogas. “El potencial destructivo que tienen alcanza el 60 % del departamento. En el sur han logrado consolidar cada vez más su presencia. En la Costa Pacífica tienen presencia completa, y en el norte igual”, sostiene, llamando la atención por el crecimiento de los cultivos ilícitos sin que las autoridades estén atendiendo el problema del ingreso de precursores químicos: “Hay laboratorios al borde de la carretera Panamericana, que todos conocen, y no se actúa”.

Cárdenas denuncia además que el poder de las organizaciones ilegales es tanto, que se han dedicado a quitarles la tierra a los campesinos e indígenas, al punto que hoy se dan el lujo de alquilar esos terrenos y enganchar a jóvenes como raspachines. “Eso afecta otros renglones del agro, porque esos muchachos prefieren ir a raspar coca, en lugar de recibir los $20.000 que les pagan por labores del agro”, agrega, insistiendo en que el Acuerdo de Paz no se materializó en el Cauca y que persiste el desencanto de la gente frente a lo prometido. Postura que comparte el también representante liberal Carlos Julio Bonilla: “Hubo una relativa tranquilidad luego de la firma del Acuerdo de Paz, pero las soluciones se quedaron en el buen diagnóstico y las buenas intenciones. Se requiere una alta inversión social, la posibilidad de los PDET y una mayor fuerza a la implementación de lo pactado”.

Bonilla aplaude la intención que ha tenido el gobernador Elías Larrahondo al invitar a construir una agenda despojada de intereses políticos. “Indudablemente, todo está ligado a la implementación y a la falta de una propuesta profunda de sustitución de cultivos, porque ello ha hecho que se pierda la confianza y varios actores regresen a la ilegalidad. Hay zonas que quedaron desprovistas de la presencia estatal durante años y fueron copadas por actores ligados no solo a la droga, sino a la minería ilegal”, enfatiza. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, partido de gobierno y a quien este diario intentó contactar, pero no fe posible, expresó en Twitter que lo que sucede en el Cauca debe llevar a reflexionar en torno a la importancia de la seguridad y la inutilidad de la impunidad, reiterando sus críticas al Acuerdo con las Farc. E hizo un llamado para que el país considere un gran pacto “para derrotar los motores de los violentos: narcotráfico y minería criminal”, sin dar mayores detalles. Recientemente, Camilo González, director de Indepaz, expuso ante la Asamblea del departamento y el Concejo de Popayán un documento titulado “Seguridad y Derechos Humanos en el Cauca, ¿cuáles son las salidas a la crisis por las violencias?”, en el que tras hacer un diagnóstico de la difícil situación, plantea varios puntos clave para el diálogo caucano y un pacto por la vida y la paz. Por ejemplo, habla de relanzar las estrategias frente al problema de las drogas; estudiar para iniciar en 2021 nuevos PNIS: Programa de desarrollo y paz, cero pasta y cero cocaína, cero insumos al narcotráfico desde pequeños productores en las zonas de El Tambo, Argelia, Guapi, Timbiquí y López. Igualmente, implementar un programa masivo de incorporación de productores étnicos y campesinos de marihuana, con regulación de compra de la flor para exportación y legalización-regulación de cooperativas de productos terapéuticos y de consumo adulto responsable.

El documento señala que es necesario definir un plan de acción del suroccidente para el desmantelamiento de organizaciones criminales y conductas que atentan contra la paz, los acuerdos, líderes y personas defensoras, así como fomentar espacios de diálogo permanente con las autoridades civiles, militares, de policía y líderes/as de sociedad civil. Y propone retomar los mecanismos de diálogo y concertación sobre los conflictos de la tierra, con participación de todos los sectores implicados para poner en marcha el Fondo de Tierras y el plan de acceso a tierra de comunidades étnicas, campesinas (resguardos, consejos comunitarios, Zonas de Reserva Campesina y de seguridad agroalimentaria. Para ello, se requiere promover también la articulación adecuada con medianos y grandes empresarios de la región.

Por otra parte, sugiere fortalecer programas como Popayán capital de paz, municipios seguros, ciudades del conocimiento y las culturas. Impulsar las iniciativas de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. Contribuir a las respuestas rápidas ante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y comunitarias, y fortalecer la autoprotección colectiva y la implementación del decreto 660/2017, que crea y reglamenta el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. González concluyó enfatizando que se deben propiciar las iniciativas humanitarias y rutas de implementación de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de dejación-sustitución de cultivos de uso ilícito y construir el pacto caucano por la vida, el territorio, la democracia y la paz, desde la diversidad, la interculturalidad y el pluralismo.

FUENTE: EL ESPECTADOR