El pasado 10 de diciembre el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que se aumentaría el pie de fuerza en el departamento de Córdoba, “… con el fin de seguir golpeando a las estructuras al margen de la ley y creando condiciones de seguridad para los habitantes de la región”. La medida, tan reiterada como ineficiente, había sido anunciada en otras ocasiones: en el mes de febrero del presente año y en los meses de mayo, junio y septiembre de 2019. En cuanto al propósito, dista mucho lo declarado con la realidad.

La continuidad de las amenazas, estigmatización y asesinatos contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales en el departamento, revela la persistencia de riesgos para la defensa de los derechos humanos, en medio de las disputas y alianzas por el control territorial, por parte de los diversos actores armados. Pese a la presencia, mermada y en ocasiones reforzada de la fuerza pública, continúan las violaciones a los derechos, focalizándose estas contra las organizaciones que defienden la permanencia en el territorio y reivindican las condiciones para una vida digna.

Un informe entregado esta semana a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, por parte de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, ASCSUCOR y la Asociación para el Desarrollo del Alto Sinú, ASODECAS, manifiesta que los miembros de estas dos asociaciones campesinas integrantes de Marcha Patriótica, han sido víctimas de múltiples violaciones a sus derechos, tales como amenazas, hostigamientos, retenciones ilegales, desplazamientos forzados, atentados, tortura física, tortura psicológica, violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, estigmatización, entre otras.

En el periodo comprendido entre enero de 2013 y junio de 2020, 15 miembros de ASCSUCOR y 9 de ASODECAS fueron asesinados. Además, 3 líderes que hicieron parte del proceso de conformación de ASODECAS entre los años 2010 y 2012 fueron víctimas de homicidio antes del reconocimiento formal de esta organización. Frente a las violaciones de los derechos humanos en Córdoba, la Defensoría del Pueblo profirió 15 informes de riesgo, 11 alertas tempranas y 4 notas de seguimiento. Estos 30 documentos difundidos entre 2013 y 2019, advierten reiteradamente sobre la grave situación en la que se encuentran los líderes y lideresas sociales del departamento, identificando la focalización del riesgo en los municipios del sur de Córdoba: Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré. En el primer semestre de 2020 mediante dos Alertas Tempranas, una de carácter departamental y otra nacional, la Defensoría del Pueblo continuó alertando sobre el riesgo presente en Córdoba y sus implicaciones en materia de violaciones a los derechos humanos de sus habitantes y en particular de los liderazgos sociales.

Las Alertas Tempranas proferidas entre 2013 y 2020 incluyen recomendaciones formuladas a todas las instituciones del Estado encargadas de la prevención y protección de los derechos humanos en Córdoba. Como los riesgos y las violaciones a los derechos humanos continúan, las recomendaciones son las mismas: avanzar en materia de investigación, juzgamiento y sanción ante las violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras y adoptar medidas efectivas en materia de prevención y protección, para salvaguardar la vida de los líderes y lideresas sociales. Sin embargo, el cumplimiento de estas recomendaciones ha sido deficiente.

Los hechos de violencia predominantes respecto a quienes defienden derechos y lideran causas sociales en el departamento son los asesinatos, precedidos de amenazas y de estigmatización. Luego de estos vienen más homicidios y desplazamientos forzados, mientras las amenazas y la estigmatización permanecen. Desde hace varias décadas este panorama de violencia ha dejado de ser extraordinario, pasando a ser parte de la vida cotidiana de las comunidades y organizaciones campesinas. A finales de la década del noventa del siglo XX, se agudizaron los impactos del conflicto armado en Córdoba en el marco de las confrontaciones entre el paramilitarismo y la entonces guerrilla de las FARC-EP, tras su desarme y tránsito a la vida civil, este territorio continúa siendo objeto de disputas y alianzas por parte de múltiples grupos armados.

En el informe presentado a la CEV, se denuncia que la violencia contra los miembros, líderes y lideresas de ASODECAS y ASCSUCOR tiene como principales causas la pertenencia a estas asociaciones campesinas, a la Coordinación Política y Social Marcha Patriótica – Córdoba, y la participación en organizaciones de carácter veredal, corregimental y municipal que defienden los derechos del campesinado y le apuestan a la construcción de paz. Todos estos colectivos han sido estigmatizados por parte de los actores armados con presencia en el sur de Córdoba, quienes los señalan de respaldar a las disidencias de las antiguas FARC-EP, o de colaborar con organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

En el escenario de la implementación del Acuerdo Final de Paz, AFP, Córdoba fue una de las zonas focalizadas para la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. Adicionalmente, este territorio fue priorizado por el Gobierno nacional para la construcción de planes piloto en materia de protección colectiva para líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Pese a ello, la vida de quienes defienden derechos y lideran causas sociales en Córdoba, se encuentra en constante riesgo. Un riesgo que ha pasado de ser extraordinario, a permanente, advertido y cotidiano.

FUENTE: EL ESPECTADOR