Un fallo reconoce limitaciones en el juzgamiento de feminicidios e insta a la justicia, y a la sociedad, a ‘cerrar la brecha’ en este tipo de casos.

En Colombia, las llamadas a la línea de atención púrpura 155 se incrementaron en un 103 % durante el primer mes del aislamiento preventivo, vigente desde el 25 de marzo, y al menos 102 mujeres fueron asesinadas desde esa fecha hasta el 16 de junio, según datos del Observatorio de Feminicidios del país .EFE/Ernesto Guzman Jr/Archivo

Una tutela del gobernador del resguardo indígena de Males, en Córdoba, Nariño, que pedía revocar un fallo de la Sala Disciplinaria de la Judicatura por transferir de la justicia indígena a la ordinaria un proceso por violencia intrafamiliar, motivó que la Corte Constitucional valorara la pertinencia de ambas para investigar y sancionar delitos graves vinculados a la violencia contra las mujeres en Colombia.

La ponencia sustentada por la magistrada Diana Fajardo no solo revocó la tutela del gobernador sino que también valoró que el caso debe continuar en la justicia ordinaria, dado que la violencia intrafamiliar es de suma importancia para el ámbito del derecho nacional. Sin embargo, esto no significa que sea garantista en el respeto y en la resolución de conflictos de este tipo, dado que en la sociedad mayoritaria –no solamente la indígena– los delitos relacionados con la violencia de género “impiden que el Estado colombiano pueda situarse en una posición de superioridad moral” y mostrarse como el “adalid de la justicia de género”. En ese sentido, la magistrada observó que también las autoridades tradicionales no ofrecen garantías en la resolución satisfactoria de este tipo de casos.En Colombia, la línea de atención púrpura 155 tuvo un incremento del 103 % de llamadas el primer mes del aislamiento preventivo, vigente desde el 25 de marzo, y al menos 21 mujeres fueron asesinadas, según la Fundación Feminicidios Colombia. EFE/Archivo

La Corte precisó en su fallo que el derecho propio de las comunidades indígenas debe operar para todo tipo de delitos, incluyendo los relacionados con la violencia intrafamiliar, por lo que estos casos no deben hacer tránsito automático a la justicia ordinaria solo porque se cree que ésta ofrece más garantías. Con esto, subraya la Corte, cuando las autoridades evalúen si un caso de violencia intrafamiliar deba ser juzgado por las autoridades indígenas o por la justicia ordinaria, no deben fundamentar sus argumentos en generalizaciones o prejuicios, dado que ambas presentan fallas en cuanto a investigar y sancionar a los ejecutores de violencia contra las mujeres.

Para la Corte, considerar que la justicia ordinaria es garantía de resolución de casos de violencia intrafamiliar es un argumento prejuicioso, no respaldado por las cifras. Tan solo en 2019, 1.001 mujeres fueron asesinadas y 58.931 fueron víctimas de violencia intrafamiliar, de acuerdo con Medicina Legal. Sumado al factor de impunidad que rodea a los delitos sexuales, de los cuales solo uno de cada tres termina en condena, como lo dice el informe de gestión entregado por la Fiscalía en 2020, la deuda de la justicia es grande en cuanto a la violencia de género en Colombia.

La Corte reconoce que “no es admisible que el derecho nacional se presente con una superioridad moral frente a los pueblos indígenas”, lo que indica que no se debe asumir que los derechos de las mujeres y la perspectiva de género cuentan con mayor respaldo en la sociedad mayoritaria que en la indígena. Con esta sentencia, el alto tribunal hace un llamado a la sociedad para cumplir y velar por una vida libre de violencias para las mujeres colombianas, sin distingo de etnia o creencia, en el territorio nacional.

Violencia contra las mujeres: un asunto pendiente de la sociedad colombiana

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Entre enero y septiembre de 2020 se han registrado 178 feminicidios en el país, siendo Antioquia el departamento con el número más alto de casos: 28. Le siguen Valle del Cauca, 26, y la capital, 16.

El agresor tenía un vínculo afectivo con la víctima: 38% eran novios o esposos de las mujeres asesinadas, mientras que el 22% eran ex-esposos. El 6% tenían una relación de parentesco y el 5% eran amigos o conocidos de las víctimas.

FUENTE: INFOBAE