En el evento “¿Cómo proteger a los líderes sociales en medio de la pandemia?”, realizado por Colombia2020, se concluyó que para detener este fenómeno es escenario una mayor presencia del Estado en las regiones, priorizar los municipios con mayor número de casos, además de un diálogo con las comunidades.

En Colombia no hace falta crear más comités, estrategias o planes para defender a los líderes y lideresas sociales, porque ya existen. Pero lo cierto es que aún los actores armados los asesinan y amenazan, incluso en medio de la pandemia. En lo corrido de este año, de acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se ha hecho seguimiento a 99 homicidios de este tipo. De ellos, 48 ya fueron verificados. Para cambiar este panorama, se necesita de una mejor articulación entre las entidades, más diálogos y consensos con las comunidades, además de la priorización de municipios más afectados y una presencia integral del Estado para satisfacer las necesidades básicas en las regiones.

A esta gran conclusión se llegó en el encuentro ¿Cómo proteger a los líderes y lideresas sociales en medio de la pandemia?, organizado por Colombia2020 y que contó con la participación de Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia; Jorge Enrique Calero , vicedefensor del Pueblo; Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos; Erlendy Cuero, vicepresidenta de Afrodes; Jhon Alexander Rojas Cabrera, Gobernador de Nariño, y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

“Colombia tiene un aparato institucional ejemplar en materia de protección de defensores de derechos humanos o mecanismos de diálogo y acción que son ejemplos para el mundo. Sin embargo, su labor aún conlleva inaceptables riesgos. Colombia es un país que sigue sumamente polarizado y aun se estigmatiza el trabajo de líderes y lideresas sociales”, aseguró Juliette de Rivero.

La representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos agregó que una de las recomendaciones para proteger de los líderes y lideresas es garantizar la presencia integral del Estado en las zonas donde ocurren los homicidios. Resaltó el papel de la Defensoría del Pueblo, que ha podido desplegarse en todo el territorio nacional.

Una de las grandes preocupaciones, según Rivero, es que los asesinatos ocurrieron mayoritariamente en los hogares de los líderes o lideresas, “lo que puede indicar que quienes los ejecutaron aprovecharon el aislamiento causado por la pandemia”. Por eso pidió más acompañamiento e investigaciones de fondo sobre los casos a las autoridades de Colombia.

Y es que justo estos puntos deben revisarse, según Jhon Rojas, gobernador de Nariño. Según el mandatario, hoy hacen presencia en el departamento 13 grupos al margen de la ley, quienes aprovecharon la pandemia para fortalecerse y atacar a quienes defienden a las comunidades. La solución, afirmó el gobernador, está en una revisión a la implementación de los acuerdos de paz, “porque en los territorios donde se fue la guerrilla de las Farc ahora han sido tomados por otros grupos irregulares”.

En medio del evento contó que en los consejos de seguridad ha pedido que se realicen sesiones de la Comisión de Garantías de Seguridad, un mecanismo que está contemplado en el Acuerdo de Paz y está diseñado para desarticular las bandas delincuenciales. Hasta ahora, dijo, “se realizan consejos de seguridad, se toman decisiones, pero no se les hace seguimiento”. Ese fue el caso de la masacre de Samaniego, en la que murieron ocho jóvenes y hasta el momento no se ha podido esclarecer las causas de este hecho atroz que conmocionó al país en medio de la pandemia.

Y es que a pesar de haber vivido más de siete semanas de estricto confinamiento, los asesinatos y las amenazas contra líderes no han cesado en Colombia. De acuerdo con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), sólo “hubo una disminución del 2% en los hechos de violencia. El año pasado tuvimos 253 hechos de violencia. Este año 248”.

Pero estas cifras, insistió Barrios, tienen un asterisco, pues con la cuarentena se esperaba un impacto a la baja mucho más fuerte: “Pero eso no sucedió. En las siete semanas de confinamiento disminuye la violencia en un 50%, pero en enero habíamos tenido un pico impresionante. Solo en este mes teníamos 62 casos reportados de violencia contra los líderes y lideresas. Luego se acaba el confinamiento estricto y el mes de junio se vuelve el mes más violento: 62 hechos, pero se suman 20 asesinatos”.

Esta realidad la respaldó Erlendy Cuero, vicepresidente de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), quien afirmó que “el impacto de la pandemia ha sido negativo”, pues la labor de los líderes y lideresas es visibilizar la situación que se vive y esta se vio truncada con la restricción del decreto presidencial.

Además, debían enfrentarse al temor de estar en sus casas desprotegidos, en zonas donde el Estado no llega: “La pregunta era: ¿cómo nos quedamos en la casa los líderes y las lideresas cuando no tenemos garantías para sobrevivir? Es complicada la situación de la pandemia, porque no tenemos condiciones para trabajar y tampoco para estar en la casa, estamos desprotegidos. La verdad es que muchas zonas rurales donde vivimos los líderes sociales están aisladas”.

Denunció que los violentos se aprovecharon de la pandemia para seguir amenazándolos y continuar “con ese plan de exterminio en contra de las voces del pueblo”. Trajo a colación el ejemplo de Llano Verde, en Valle del Cauca, donde asesinaron a cinco menores de edad en agosto de este año: “Es un barrio que no tiene conectividad. Eso se presta para que cuando usted necesite ayuda, no funcione ninguna señal ni siquiera el internet”.

Llano Verde, contó Cuero, quien vive en esta zona a las afueras de Cali, es un barrio que se entrega en 2013 a una comunidad en la que el 76% es víctima del conflicto armado y el 80% es afro. “Tiene 26.000 habitantes y hemos denunciado, nosotros los líderes, que hay una serie de homicidios sistemáticos hasta la masacre de los niños, que no es la primera vez que ocurre”, denunció.

El registro de la comunidad, indicó la lideresa, es de más de 200 niños y jóvenes, de entre 6 a 26 años, asesinados: “Es un flagelo de narcotráfico, microtráfico, reclutamiento por estas bandas criminales, prostitución en niñas, que tristemente las instituciones no tienen al parecer ningún conocimiento de esta situación”.

Y quienes denuncian esta grave crisis, como ella, son amenazados: “No tenemos la posibilidad de hacer duelo. No me ha sanado una herida cuando ya tengo otra. Lo triste es que nos masacran cinco niños degollados, torturados, con disparos de gracia, y la mamá que fue capaz de tomar micrófono y decir: vamos a denunciar, automáticamente, le llega un panfleto con una boca y un cierre”.

En el encuentro pidió al Gobierno escucharlos y mejorar su articulación institucional que hoy tiene serios problemas, una afirmación que acompañó el gobernador de Nariño, quien aclaró que en Colombia no hace falta crear más comisiones, consejos o estrategias, pues los planes están. Ahora, advirtieron ambos, falta implementarlos de acuerdo con los textos y de la mano de las comunidades.

Otro punto clave de la conversación fueron los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDTE), que se implementan en los municipios más golpeados por la violencia. También se hizo un llamado para ejecutar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que tanto han defendido los líderes y las lideresas sociales. Desde Nariño, por ejemplo, le solicitaron al Gobierno no adelantar la fumigación con glifosato y apostarle a la erradicación manual.

“La violencia llega a los sitios más apartados de la geografía y uno esperaría que el PDET resolviera temas estructurales como la vía y así ser competitivos y productivos. Lo otro es que con la llegada del narcotráfico, nos hemos encontrado con la disputa de las rutas. Hemos planteado una articulación, porque apuntamos a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y esa línea hay que apoyarla. Nuestros campesinos, afros e indígenas quieren hacerlo. Se necesita para eso una coordinación con el Gobierno Nacional y alternativas”, expresó Rojas.

Para complementar este punto, la directora de la MOE manifestó que una de las soluciones a esta violencia sistemática contra los líderes y lideresas es lograr implementar las estrategias que se crean desde la Nación en lo local. “Tenemos planes magníficos a nivel nacional, pero cuando decantamos esto a lo local, los canales de confianza y comunicación se rompen, porque no se conocen las rutas, que cambian de un periodo a otro…Nosotros tenemos múltiples tipos de violencia contra los líderes sociales. No es la misma la violencia del Valle del Cauca a la de La Guajira. Los mecanismos de protección deben tener en cuenta el territorio, la comunidad y el tipo de población. Y los líderes deben avalarlas”, señaló Barrios.

Desde Afrodes es importante descentralizar las acciones y que el Gobierno entienda, enfatizó Erlendy Cuervo, “que los líderes y lideresas no somos enemigos”, por el contrario, son “trabajadores honoris causa, nos ponemos el chaleco para defender a las comunidades”.

Las propuestas del Estado

Jorge Enrique Calero, vicedefensor del Pueblo, aseguró en sus intervenciones que la Defensoría del Pueblo seguirá trabajando con las comunidades y tratará de acompañar en el territorio a los líderes y lideresas sociales con un diálogo franco y fluido: “Ahora tenemos un rol importante en la Mesa Nacional de Garantías y sabemos que es un reto para la Defensoría acoger esa confianza que han depositado los líderes y las organizaciones”.

Calero aseveró que desde el Ministerio Público hay una preocupación por los 622 homicidios de líderes y lideresas sociales que han ocurrido después del acuerdo de paz. Sobre todo, manifestó su inquietud por los lugares donde más ocurren: “Está Cauca con 164 asesinatos, Antioquia con 91, Norte de Santander con 47, Valle del Cauca con 42, Nariño con 35, Putumayo con 32, Caquetá con 29, Chocó con 28, Arauca con 24, y Córdoba con 19”.

Aunque explicó que las denuncias que se planteen en las mesas de garantías serán documentadas, también dejó claro que para prevenir estos hechos es importante que el Gobierno Nacional se concentre en estas zonas: “Los escenarios de riesgos deben ser reconocidos. Si tenemos focalizados 10 municipios donde ocurren asesinatos constantemente, se debe trabajar ahí… “El tema de que no haya agua potable, que haya cultivos ilícitos, que no haya salud ni educación, ni trabajo ni justicia le corresponde al Estado de manera integral. Debemos fortalecer la respuesta del Estado en materia de prevención”.

También mencionó que se debe coordinar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprac) con los gobernadores y alcaldes, para que en las regiones haya una respuesta rápida e integral a quienes han sido amenazados. Sin embargo, reconoció que Colombia tiene buenas herramientas para la atención urgente de estos casos.

Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, en el encuentro reiteró el compromiso del presidente Iván Duque para mantener un diálogo transparente con las comunidades y sus líderes y lideresas. Reconoció que existen retos muy grandes en materia de justicia y en mayor presencia institucional en los territorios más apartados.

Aunque destacó que hay varios planes desde el Gobierno en marcha para mitigar estas problemáticas, como las Zonas Futuro, con las que esperan hacer una presencia integral del Estado. Asimismo, habló de que actualmente la Consejería está construyendo la política pública, a través de un Conpes, para los defensores de derechos humanos para los próximos dos años, que pueden generar espacios para el diálogo.

Gutiérrez insistió en que los mecanismos para proteger a los líderes existen. Y que si no fuese cierto, la situación en los municipios donde siempre ha estado la violencia hubiese sido peor. Desde que llegó el presidente Duque, añadió la consejera, se ha trabajado para acabar con este fenómeno. Y no sólo desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que, como dijeron, definiera la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, sino también desde el Plan de Acción Oportuna (PAO).

“Es una instancia que convoca al presidente, ministros, altos mandos de la fuerza pública, Fiscalía, Defensoría y Procuraduría. Desde allí se hace un examen de las acciones del Estado y se genera una acción con las entidades territoriales”, explicó. Mientras el PAO es una instancia del Estado, agregó, “la Comisión está conformada por comunidad internacional y organizaciones”.

Mencionó, además, la necesidad de identificar las causas de los asesinatos que, está convencida, están muy relacionadas con el narcotráfico: “Este es el mayor factor de violencia… en el informe semanal de la Consejería que le entregamos al presidente mostramos dónde y por qué se materializan los asesinatos. Hemos visto que donde hay cultivos ilícitos y la actividad ilícita de extracción ilegal minera”.

Los enclaves productivos del narcotráfico son, de acuerdo con la Consejería, Catatumbo (Norte de Santander); Tumaco y El Charco (Nariño); El Naya (Valle del Cauca); Valdivia, Tarazá y Cáceres (Antioquia), y Argelia y Tambo (Cauca) y frontera en Putumayo. El 36% de los cultivos ilícitos, dijo Gutiérrez, están ahí.

Sobre casos puntuales, se refirió a Llano Verde. Aclaró que el presidente se comprometió a que rápidamente habría resultados y a los 16 días del hecho se capturó a los responsables materiales. También dijo que el Gobierno hizo presencia en Samaniego, donde se reunieron con las familias, quienes piden seguridad e inversión social y en eso estamos concentrados. De todas formas, se comprometió a continuar con el diálogo y, en el caso de Llano Verde, afirmó que propiciará una conversación para que la comunidad, sobre todo los líderes y lideresas, conozcan las acciones del Estado en la región y también se escuchen sus reclamos.

La última persona en tomar la palabra fue Patricia Llombart, embajadora de la Unión Europea en Colombia, quien agradeció este espacio y aprovechó para resaltar la importancia de la implementación integral del acuerdo de paz y de un diálogo transparente con las comunidades. Llombart insistió en que la protección de los líderes sociales es una tarea de toda la sociedad y de las instituciones e incluso de la comunidad internacional. Invitó a transformar la desazón “en un movimiento visible, claro y que genere políticas, decisiones y unidad”.

FUENTE: EL ESPECTADOR