Según la jurisdicción, mientas la UIA adelanta el cronograma de búsqueda y prospección de estos perímetros en la Comuna 13 de Medellín, serán protegidos con una medida cautelar. Allí, según testimonios de exparas, operó una base paramilitar que desaparecía a sus víctimas para no afectar las cifras de seguridad de la capital paisa.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la búsqueda, prospección e intervención de dos nuevos polígonos en La Escombrera y La Arenera, en la Comuna 13, señalados por paramilitares desmovilizados y familiares de víctimas como base paramilitar y donde habrían enterrado y ocultado decenas de cadáveres de personas asesinadas y desaparecidas durante las operaciones que se efectuaron allí, principalmente entre los años 2001 y 2003. La orden quedó contenida en un Auto que dio a conocer el tribunal de paz este miércoles.

Hay que recordar que, en agosto de 2015, la Fiscalía inició un proceso de prospección en La Escombrera que no arrojó ningún resultado. Por eso, teniendo en cuenta este antecedente, la JEP atendió la recomendación que hizo la Fiscalía (en la audiencia pública de solicitud de medidas cautelares a la JEP, que se llevó a cabo en Medellín en julio de 2019) de adelantar una nueva búsqueda en otro polígono. Según el ente acusador, de acuerdo con imágenes satelitales y planos topográficos, la nueva zona que plantean ha sufrido “poca intervención humana”, “por lo que puede realizarse allí una prospección o intervención que podría ser exitosa, dirigida a encontrar cuerpos esqueletizados de presuntas víctimas de desaparición forzada que allí fueron inhumadas”.

Con el fin de adelantar esta nueva búsqueda, la JEP le pidió a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que elabore un plan de intervención para este sector en los nuevos lugares que planteó la Fiscalía, para establecer con todo el rigor técnico estas nuevas excavaciones. Para eso cuenta con treinta días y deberá iniciar las diligencias en terreno, “de manera inmediata y apenas las condiciones de salubridad lo permitan”.

Por esta razón, el tribunal de paz decretó en el mismo auto medidas de protección y cercamiento de estos dos nuevos perímetros en La Escombrera y La Arenera. Este terreno, según indica la magistratura, debe ser protegido de manera oportuna pues “podría verse alterado”, como lo han sido otras zonas cercanas como “El Cebollal”, “La Cantera” y “La Laguna”. En estos puntos, según jefes paramilitares, se torturaban y desaparecían víctimas cuyos cuerpos eran sepultados por residuos de construcción y escombros de empresas para ocultar los rastros de los crímenes y evitar la posterior identificación de los cuerpos.

De acuerdo con el Auto, el terreno decretado objeto de las medidas cautelares abarca 41.500 metros cuadrados y deberá ser protegido por un periodo de 120 días inicialmente. Son predios de propiedad de la empresa “El Cóndor S.A.” y por eso será notificada de la orden de conservar y preservar esta zona.

Según la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, la urgencia de esta medida de protección se toma ya que, tras la identificación de estos dos nuevos perímetros por parte de la Fiscalía, es necesario brindarles a las víctimas una respuesta “además de técnica, oportuna” para adelantar los procesos de búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. En este caso, se asegura en el documento, “la gravedad de la situación radica en la incertidumbre que desde hace 18 años o más, tienen los familiares de estas víctimas que pudieron haber sido inhumadas en el sector de La Escombrera”.

De igual forma, la JEP notificó sobre esta medida a la Procuraduría delegada y ordenó a la Alcaldía de Medellín y a la Policía Nacional llevar cabo de manera inmediata el cerramiento de los polígonos protegidos, para supervisar y garantizar su conservación. De acuerdo con la información en manos de la magistratura, estos polígonos están atravesados por una carretera por lo que el paso de vehículos y maquinaria pesada podría afectar los terrenos, de manera voluntario o involuntaria.

Por su parte, la jurisdicción le pidió nuevamente a la Fiscalía “todos los registros de audio de las versiones libres rendidas por los miembros de grupos armados ilegales, Bloque Metro de las Auc y Comandos del Pueblo (CAP)”.

Esta petición ya la había hecho la JEP, luego que en la audiencia pública de julio de 2019, Nancy Posada, fiscal 114 especializada de apoyo al despacho cuarto de Justicia y Paz, señalara que tenía información de exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Héroes de Granada que no se desmovilizaron o fueron excluidos de Justicia y Paz que tendrían información importante sobre estas inhumaciones clandestinas. De hecho, refirió que por lo menos uno de ellos hizo petición ante la JEP, “y a través de él conocimos que en este momento hay muchos ciudadanos que militaron en ese bloque, que están detenidos en cárceles de país, dispuestos como autores materiales de esas desapariciones forzadas a hacer peticiones ante la JEP para comenzar a señalar esos lugares de inhumación”, señaló. Se refería a Juan Carlos Villa Saldarriaga, conocido en la guerra como “Movil-ocho”, quien formó parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), del Bloque Cacique Nutibarra y del Bloque Metro las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Saldarriaga pidió pista en la JEP, pero el pasado 14 de junio de 2018, su solicitud de sometimiento a la Jurisdicción fue rechazada. Años atrás, el exjefe paramilitar, quien habría sido uno de los encargados de la estructura militar de la Comuna 13, luego de la Operación Orión, tampoco fue postulado a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) por el Gobierno Nacional.

Sin embargo, de acuerdo con el informe judicial entregado en un primer momento a la JEP, Saldarriaga declaró que “las personas que iban a ser ultimadas o que fueron ejecutadas por los integrantes del Bloque, eran inhumadas en La Escombrera, la Laguna, La Arenera y el Cebollal, cumpliendo órdenes superiores, para evitar la publicidad negativa ante el incremento de homicidios en la zona; en pocas palabras, se procuró invisibilizar las víctimas.”

Por último, la JEP hizo un fuerte llamado a la respuesta “paquidérmica” de algunas instituciones, del poco interés de múltiples administraciones locales de la ciudad de Medellín, tanto de sus gobiernos como de personeros para atender los graves hechos de la Comuna 13. Asimismo, recalcó el “lento y poco sistemático” proceso de búsqueda, prospección y exhumación adelantado por la Fiscalía.

Cabe recordar estas medidas cautelares habían sido una de las principales peticiones de Rubén Darío Pinilla, magistrado del tribunal de Medellín de Justicia y Paz, quien declaró, en la audiencia llevada a cabo el 17 y 18 de julio de 2019, que “La Escombrera y La Arenera son el mayor cementerio de desaparición forzada, no solamente en Colombia sino incluso me atrevería a decir que en América Latina”.

Esta decisión llega luego de que el pasado lunes 10 de agosto la JEP ordenara a la Alcaldía de Medellín comenzar las labores para recopilar el ADN de los familiares de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13. Con esta labor se busca dar el primer paso para consolidar las bases de datos de información genética con la que se pueda comenzar la identificación de cuerpos.

FUENTE: EL ESPECTADOR