Colombia Diversa lanzó en la mañana de este jueves el documento “Los órdenes del prejuicio”, con el que busca dar luces al sistema de justicia transicional para que los crímenes cometidos contra esta población sean juzgados y sancionados con enfoque de género.

El conflicto armado interno en Colombia ha sido profundamente machista. Pero no solo con las mujeres sino también con la población de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans. Con esa premisa, la organización que lucha por los derechos humanos de personas LGBT, Colombia Diversa, presentó hoy su libro “Los órdenes del prejuicio”, un documento académico de 171 páginas con el que buscan explicar por qué el sistema de justicia transicional del país debe investigar estos hechos como delitos de lesa humanidad por crimen por prejuicio.

¿Son distintas las violencias que vivieron las personas LGBT al del resto de población?, ¿Todas las personas de esta población que han sido víctimas del conflicto lo han sido en razón de su identidad sexual o de género?, ¿Existe la violencia por prejuicio?, esos son algunos de los interrogantes que se resuelven en el documento y con los que se busca exponer las razones por las que se deben seguir los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Marcela Abadía, magistrada auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mencionó en la presentación virtual del libro, transmitida por las redes de Colombia Diversa en la mañana de este miércoles que “el libro ‘Los órdenes del prejuicio’ supone un reto para la JEP sobre cómo investigar, juzgar y sancionar crímenes sistemáticos cometidos contra mujeres y personas LGBT. Busca trascender a las categorías dogmáticas propias de la lógica de un derecho penal doméstico e internacional y cómo trascender a esas limitaciones que difícilmente ven temas como la sistematicidad, patriarcado o prejuicios”.

Es decir, el documento busca demostrar el vacío jurídico que existe actualmente y ampliar las categorías con las que se han juzgado los crímenes sistemáticos de la población mencionada, desde una perspectiva más amplia y con enfoque de género para los hechos que investiga la JEP en los macrocasos 002 y 003 (situación territorial en Ricaurte, Nariño y Barbacoas y situación territorial del Urabá).

Según el Registro Único de Víctimas, de las más de 9 millones de víctimas del conflicto armado que hay registradas en el país, 3.416 pertenecen a la comunidad LGBT y 413 personas se denominaron como intersexuales. La entidad Colombia Diversa, que se ha dedicado a representar legalmente, asesorar y prestar atención a esta población documentó que las características de las violencias que vivieron estas personas se debe a los prejuicios sociales en los que los catalogan como “chismosos”, “sapos”, “putas”, “bochincheros” y con los que aseguran que su forma de ser es errada y calificada como “vergonzante”.

Entonces, a muchas de las víctimas los utilizaban para hacer “mandados” entre actores de distintos bandos de grupos armados o llevar mensajes a otras personas, lo que los ponía en un escenario constante de riesgo. Daniela Villamil, coordinadora del área de paz y conflicto armado de Colombia Diversa, comentó en la presentación del libro que es importante que el sistema de justicia transicional (la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas) tenga en cuenta tres aspectos para sus investigaciones: la sistematicidad de los hechos, los patrones de violencia que se cometían en distintas partes del país de formas similares y los crímenes de persecución a los que fueron sometidos.

De acuerdo con el análisis, en el conflicto armado han operado dos usos de la violencia por prejuicio: la primera, cuando a la persona abiertamente LGBT la ‘utilizaban’ para fines propios de la organización armada (cuando los utilizaban para llevar mensajes a la población) o cuando eran “ajusticiados” por no cumplir con la heterosexualidad obligatoria (cuando los obligaban a desplazarse forzosamente, eran violentados sexualmente o burlados en público por su identidad sexual o de género).

Incluso, advierten que para muchos grupos armados ilegales y para la Fuerza Pública, ejercer la violencia contra personas LGBT de manera pública a través de burlas o escarnios era una forma de ganar legitimidad en los territorios y de “reforzar las normas de seguridad y género para asegurar el disciplinamiento y regulación de la vida cotidiana de la población civil (…) o simplemente para hacer demostraciones del poder masculino del que están particularmente investidos por tener un arma, unas botas y un camuflado”, menciona el libro.

Sobre esto, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito, señaló que “en el libro se encuentran análisis jurídicos que permiten no solo analizar el conflicto armado colombiano a la luz de derecho, sino también permiten incorporar su contenido más allá, en otros conflictos y tribunales de justicia transicional” y, además, mencionó el aporte académico que hace el documento sobre la categoría de crímenes por prejuicio, que además de ser sistemáticos y masivos en el mundo, no han sido abordados de como delitos de lesa humanidad en los tribunales de justicia transicional del mundo.

Uno de los casos que se expone en el documento es de las mujeres trans de Chaparral (Tolima), un municipio que se ha consolidado como un escenario de resistencia por su historia de lucha por los derechos humanos en esta zona. De hecho, en el segundo capítulo del libro, donde hacen referencia a los prejuicios y su relación con la guerra, citan el testimonio de una lideresa de la zona que habla sobre la explotación sexual a la que muchas han sido sometidas: “La historia de la comunidad LGBT del municipio de Chaparral no tendría todas esas violencias que se vieron anteriormente. Porque si al menos la comunidad LGBT hubiese tenido un derecho reconocido, que hubiese sido el derecho a la educación, o que hubiese sido el derecho al trabajo, esas personas trans no hubiesen sido excluidas de estos lugares, y habrían podido crecer y surgir en otros campos que no hubiese sido la prostitución”.

Para identificar los patrones criminales que han sido repetitivos en distintos territorios, la entidad entregó varias recomendaciones para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) donde mencionan la importancia de saber si los actos que se cometieron en distintos territorios fueron idénticos o tienen prácticas similares, identificar los modus operandi de las conductas y tener presente si las víctimas, en sus testimonios, manifiestan haber sido tratadas de forma similar.

En el sur del Tolima por ejemplo, y en el municipio de Tumaco (Nariño), pese a la distancia geográfica que separa ambas zonas del país, las características de las violencias que vivieron personas de esta población son similares, al ser dos territorios donde los roles masculinos y femeninos han estado fuertemente marcados. Los hombres, en los trabajos duros del campo, de la pesca y siempre proveedores de sus hogares y las mujeres en las labores del cuidado, del hogar y de la naturaleza. “Las mujeres surtolimenses viven en una suerte de confinamiento forzado a las labores del hogar” y “en la región del sur del Pacífico colombiano la vida transcurre alrededor de tres focos: el hogar/río, el monte y el mar”, según el documento.

Otro de los estigmas que cargan las personas LGBT en el conflicto armado es el de ser tildadas de ser portadores del VIH-SIDA. En el libro mencionan en testimonio de varias víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Tumaco (Nariño), luego de que la antigua guerrilla de las Farc las amenazara y obligara a salir de sus territorios por el rumor de estar contagiadas de esa enfermedad.

Sobre la sistematicidad de los crímenes cometidos contra esta población, mencionan que no ha sido necesario que las víctimas prueben la existencia de un plan o política de exterminio contra ellas porque los contextos en los que se han dado sus desapariciones forzadas, sus desplazamientos, violaciones y sus asesinatos “son la prueba de la prevalencia de ese sistema de que ese sistema de dominación basta para dar cuenta de la naturaleza organizada, racional y no aleatoria de las conductas”.

Finalmente, sobre los crímenes de persecución explican que estos se dieron por la forma en la que los actores armados (que en su mayoría eran hombres) calificaban las características de las personas trans u homosexuales diferentes a las de ellos y los convertían en “objetivos” en la guerra.

De todos estos hechos, según Colombia Diversa, la JEP tiene 27 víctimas LGBT acreditadas en su justicia con el fin de que aporten su versión sobre los hechos victimizantes que vivieron. En los casi tres años de su mandato, han recibido 36 informes clasificados en la categoría “Orientación Sexual y Género”, que aunque muchos son de mujeres se estima que al menos seis de ellos son de la población LGBT.

FUENTE: EL ESPECTADOR