En la capital se estima que hay 25.000 personas afro desplazadas del conflicto armado que se han agrupado en microterritorios en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y en Soacha. El racismo sigue siendo el principal obstáculo para disminuir las brechas sociales entre esta población en la capital.

“Colombia es un país racista”, dice la comisionada de la Verdad, María Ángela Salazar. Es una verdad que repite fuerte y claro por teléfono pero que también dice, sin titubear, a los cuatro vientos. Es una mujer chocoana, víctima del conflicto armado y que trabaja por los derechos de las personas que vivieron la guerra y que son, como ella, personas negras.

En Bogotá, según el Observatorio Distrital de Víctimas de la Alta Consejería del Distrito, hay aproximadamente 25.000 personas afro, raizales y palenqueras que han llegado a la capital en busca de comenzar una nueva vida de cero, alejadas de las complicaciones de la guerra en la ruralidad. Aunque la cifra no es menor, Cali es la ciudad que más recibe víctimas del conflicto afros. Ha recibido a cerca de 200.000 personas que han sido desplazadas de departamentos como el Cauca, Nariño y Chocó, principalmente.

Una de ellas es Daira Quiñones, una mujer que desde hace 19 años llegó a la capital desplazada desde Tumaco (Nariño). Desde entonces, dice, ha ido pocas veces a su tierra natal pero intenta crear comunidad en Bogotá (especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar y Suba) y en Soacha con las personas que comparten una historia similar a la de ella. “Nosotros (los negros) somos una comunidad. Pero no solo porque donde llegamos intentamos vivir en la misma zona sino porque hacemos comunidad y eso implica es ser familia más que ser vecinos”, narra.

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Para que su historia no quede en el olvido, trabajan en distintas asociaciones y organizaciones que les permiten organizarse, como la Asociación Mutual para el Desarrollo (Amdae), la entidad que lidera Quiñonez y con la que impulsa emprendimientos gastronómicos, de ropa, marroquinería, bisutería y artísticos, promoviendo obras de teatro sobre el conflicto en las regiones. Entre todas sus causas está la de empoderar a las personas afro para que den sus aportes a la verdad ante las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

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De hecho, el pasado martes 30 de junio, la Comisión de la Verdad (CEV) hizo un conversatorio virtual, titulado “Historias afro en Bogotá y Soacha: entre migraciones y resistencias”, con el fin de dar a conocer la historia de varias lideresas en la capital. Como dice Daira, “no queremos contar las historias que nos hacen ser víctimas sino lo que hemos logrado gracias a eso que nos pasó, nuestra lucha”.

Según la comisionada de la Verdad, algunas de las características que ha tenido el conflicto armado con las personas negras, raizales o palenqueras es que ha hecho que el desplazamiento comience por Cali como primer centro urbano receptor de personas víctimas del Pacífico y luego sigan su camino hacia otras ciudades, entre ellas Bogotá.

Explica, entre otras cosas, que una de las características más marcadas es que las comunidades que se han asentado en Bogotá han trabajado muy de la mano con los indígenas a través de mesas interétnicas. “En una ciudad tan extraña pero al mismo tiempo acogedora como Bogotá, nos hemos dado cuenta que estas personas trabajan mucho sobre temas como el racismo histórico, el racismo cultural, la exclusión racial con lo que han logrado algo muy importante que solo se puede hacer desde la capital; crear redes entre ellos para recopilar e interponer denuncias y mostrar las afectaciones que han vivido estas poblaciones”.

En estos trabajos y otro tipo de liderazgos ha estado también Virgelina Chará, una mujer oriunda de Suárez (Cauca) que salió de su territorio huyendo de las amenazas en su contra. Desde 1980, dice, ha ejercido el liderazgo social y ha denunciado todo tipo de crímenes cometidos en el conflicto armado. Para ella, la búsqueda de la verdad es clave para la verdadera paz. “Esa verdad no es solo de nosotras las víctimas sino de todos los colombianos, encontrarla es un trabajo que requiere sinergia”, asegura.

Entre sus anécdotas, menciona que uno de los retos más difíciles por afrontar en Bogotá y Soacha son las relaciones de institucionalidad que hay en las urbes y que les afecta como a todas las personas que llegan a la ciudad. “Por mí yo estaría en mi territorio, siempre tiene uno el deseo de volver pero lo más importante es que a donde uno llegue, es territorio porque las tradiciones no se pierden”.

(Vea: Las Voces de la Verdad con las que la CEV se acerca a los territorios)

Martha Rentería, una mujer caleña, desplazada y lideresa comunitaria en la localidad de Suba, explica que el reto más complejo de vivir en la ciudad es el racismo estructural al que se enfrentan todos los días. “Nosotros tenemos que vivir en las localidades más alejadas de la urbe porque no en todo lado nos alquilan ni tenemos la forma de pagar otros barrios, entonces hemos creado microterritorios que nos permite estar a salvo y estar en comunidad”, cuenta.

Sobre el racismo también habla Ángela Olaya, coordinadora certificada de estudios afrolatinos de Harvard y quien participó del evento convocado por la CEV. “Una de las zonas con mayor recepción de personas negras es la localidad de Altos de Cazuca en Soacha, allá hay unas 17.000 víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento y lo más grave es que durante este año, vienen denunciando hostigamientos y homicidios selectivos a los jóvenes bajo la hipótesis de que han sido crímenes de odio”.

De acuerdo con la coordinadora, aunque sea un estigma, los mayores índices de descolarización en Colombia están relacionadas con el color de la piel, que además también tienen que ver en los altos índices de pobreza en los que viven estas poblaciones, por lo que, según ella, la responsabilidad estatal con la educación de calidad y las oportunidades laborales deberían ser prioritarias.

Aunque los departamentos de la región del Pacífico tienen altos índices de desplazamientos forzados y víctimas del conflicto, algunas zonas de la Costa Caribe también han sido gravemente afectados y, para ello, muchas organizaciones son interterritoriales y operan en varios departamentos.

Para la comisionada Salazar, las acciones más comunes del Gobierno sobre este tipo de situaciones en fortalecer la presencia policial en las zonas, sin embargo, parte de los desplazamientos y del racismo que viven a diario se presenta por parte de uniformados que ejercen también violencia física y verbal.

La lucha de las personas negras que llegaron desplazadas a la capital ha sido por el reconocimiento de los derechos que tienen como comunidades étnicas y con las exigencias de una vida digna. Rentería, cuenta que con la pandemia por el COVID-19 han tenido que salir a exigir al Distrito que en el sistema de salud ellos sean tratados como toda la ciudadanía en general, bajo las mismas condiciones. Dice, que para lograr estos derechos hay un largo camino de discusiones, exigencias y acuerdos que han tenido que afrontar por la falta de claridad en una política afro. Problemas que parecen asombrosos en el siglo XXI, pero que son las luchas cotidianas de las víctimas en Bogotá.

(Lea también: El reclamo de los afros en la pandemia, en Bogotá)

Una de las curiosidades que reveló la Comisión en el conversatorio es que, aunque la mayoría de personas afro llegan desplazadas con sus familias, las que han asumido los roles de liderazgo en estos grupos, al menos en Bogotá y Soacha son las mujeres. En cabeza de Quiñonez, por ejemplo, está todo el proyecto de partería en la capital y también varias de las iniciativas de proyectos productivos y emprendimientos ancestrales. Así como las iniciativas gastronómicas propias lideradas por Virgelina Chará y los proyectos en la localidad de Bosa, a cargo de Martha Lucía Rentería.

Para la comisionada, esto se explica porque “el hecho de conseguir trabajo puede hacerse más fácil para una mujer que para un hombre. Cuando un hombre llega desplazado a una ciudad como esta, casi siempre lo primero en lo que los emplean es en construcción pero eso tiene que ser recomendados y no es tan fácil, mientras que cuando una mujer llega, casi siempre, los primeros empleos son como empleada doméstica y eso es algo que se consigue muy rápido. La gente sigue pensando que las mujeres negras solo sirven para eso”, señala.

Entonces, como la mayoría de mujeres consigue emplearse con mayor rapidez comienzan a ejercer liderazgos más pronto y a ayudar a otras familias que lo necesiten. Tal y como harían en sus territorios.

Algunas de las características de estos desplazamientos es que las comunidades negras usualmente viven en lugares estratégicos para las economías ilícitas del conflicto armado, al igual que las comunidades indígenas que suelen compartir territorios con los afro tal y como sucede en el departamento del Cauca, Magdalena y Chocó.

La organización que lidera Quiñonez agrupa a 450 familias negras que hacen parte de proyectos como el de “Semillas de Libertad y Resistencia”, proyectos que más allá de fomentar las economías propias buscan preservar las raíces de estas comunidades y la autenticidad de su cultura. “Hay algo preocupante y es que nosotros los viejos que vivimos el desplazamiento y conocemos nuestro territorio, añoramos con volver pero nuestros jóvenes han crecido en el contexto de la ciudad y van olvidando de dónde vienen, nuestras costumbres, poco conocen el territorio y eso es algo que también tenemos que llevar en el día a día”.

Para recopilar los testimonios y aportes a la verdad del pueblo negro víctima del conflicto armado en Bogotá, la Comisión de la Verdad trabaja con 10 personas que son enlaces nacionales y se encargan de contactar a las organizaciones y líderes para el trabajo en red. Los enlaces macroterritoriales que conectan la labor de la CEV con las regiones más alejadas también son un vínculo para “armar” el rompecabezas que recogerá la verdad de los afro en el informe final de esta entidad, que será entregado en 2021.

FUENTE: EL ESPECTADOR