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Febrero 12, 2019

Analicemos qué supone una custodia compartida IMPUESTA


En Aragón se acaba de presentar una proposición de ley para que deje de aplicarse la custodia compartida impuesta que es como debe denominarse y no Ley de igualdad de relaciones familiares.

Existen numerosos estudios en nuestros países vecinos sobre el fracaso de la misma. Los partidos interesados en seguir adelante con este despropósito que se está dando en Aragón y en otras comunidades autónomas los niegan.

He tratado este tema en varias ocasiones exponiendo y desmontando los mitos que la rodean tan íntimamente ligado a los pefs, la mediación familiar obligada y como no al (I)sap, síndrome de alienación parental con todos sus eufemismos cada vez más rebuscados y ridículos a la par que destructivos.

Corría el año 2009 y el PAR irrumpe con esta proposición de Ley que sale adelante. Se frotaban las manos los lobbys machistas con el aplauso de l@s profesionales que pillarían tajada de esta perversión. Unos juzgados saturados, falta de profesionales y una Ley de Violencia aprobada muy a pesar de la presión en contra de los conservadores entre otros, preparó un terreno propicio para su aprobación. Poco o nada se oyó a quienes avisamos del desastre, a quienes con seguridad sabíamos que el fracaso y el dolor, sobre todo el dolor y el daño que se les hacía a los niños y niñas a quienes estamos obligados y obligadas a proteger estaba servido.

Analicemos qué supone una custodia compartida IMPUESTA.

Una custodia compartida IMPUESTA lo que menos tiene presente es el bienestar de los y las hijas. Les convierte en maletas y les genera inestabilidad, inseguridad, fracaso escolar y agresividad entre otros muchos problemas. No se tiene en cuenta la opinión de los menores, a quienes dice defender y proteger, muy al contrario los considera objetos de reparto.

Disfrazada de igualdad, modernismo, de nuevas leyes a aplicar en estos tiempos donde parece que los padres se implican en el cuidado de su descendencia, convenció de las maravillas de esta ley de igualdad de relaciones familiares a quienes quiero pensar desconocen la realidad. Se afirmaba de forma tajante que aquellos progenitores condenados por violencia machista o por otras causas penales no podrían reclamarla. La trampa estaba servida, no habría condenas y ante la presencia de una denuncia por malos tratos hacia los hijos e hijas o hacia la mujer, se enviaba el asunto directamente al punto de encuentro familiar, al equipo psicosocial o a mediación familiar, todos ellos soterrando, admitiendo y aplicando el (i)sap y su terapia de la amenaza. Se matan varios pájaros de un tiro, se OBLIGA a las mujeres víctimas de violencia machista a asistir a mediación familiar bajo la amenaza de perder la custodia de sus hijos e hijas, los intercambios se realizan en los puntos de encuentro familiar (pefs) encargados de continuar la terapia de la amenaza iniciada desde el equipo psicosocial judicial donde se sigue amenazando con perder la custodia, se incorpora la figura del coordinador parental que sigue amenazando y anulando a las madres y los hijos e hijas.

Mientras suceden unas y otras visitas, Sus Señorías se descargan de trabajo y tampoco se comprometen. Y así se van creando informes que dibujan una mujer perversa, manipuladora, capaz de mentir por salir beneficiada de la situación de divorcio, frente a un pobre padre apartado de sus hijos e hijas, bondadoso, lleno de virtudes, colaborador, estable y responsable. Da  igual si condenado o no por maltrato,  no importa si se preocupó de sus hijos e hijas, los informes “ad hoc” se encargarán de favorecerle. Llegamos pues a transformar lo que el sistema judicial llama un divorcio contencioso en un divorcio de común acuerdo, por tanto cabe la custodia compartida sin plantear otro tipo de medida. Pero los y las que llevamos años en esto sabemos que es falso. Las mujeres son FORZADAS incluso en propia sala judicial a llegar a un acuerdo bajo la amenaza de perder la custodia, son atosigadas, humilladas, condicionadas, sometidas y obligadas por los equipos de mediación, por los pefs, por los equipos psicosociales, a firmar custodias compartidas. Se hacen valoraciones erróneas, se oculta y niega la violencia machista ejercida tanto a la mujer como a los hijos e hijas. Nos encontramos frente a un padre que lleva meses sin responder a la pensión de alimentos, que jamás se preocupó de la evolución escolar y que de repente junto con la demanda casualmente, se convierte en el más interesado acudiendo a tutorías, fiestas escolares, cumpleaños, cuando antes no lo había hecho. Se presentan en los pefs cargados de fotografías evocando tiempos pasados, cuando los hijos e hijas eran bebés, tiempo imposible de recordar. Se acusa a las madres de mentir, de inventarse las amenazas o los golpes y nuestros niños y niñas, doloridos, asustados, bloqueados, responden con el silencio y bloqueo emocional. Pérdida de control de esfínteres, nerviosismo, agresividad, tristeza, falta de concentración, retraso en el lenguaje o en la expresividad, todo ello producto de una situación de estrés demasiado elevada para sus corazoncitos.

Se les obliga a convivir con quien no quieren, a quien temen, a tener una vida dividida, a sentirse desubicados, inseguros, sin apegos. Como compañera una mochila o maleta donde caben los libros de texto y poco más.

Los gastos no son compartidos. Asume la madre la mayor parte de ellos puesto que esos, padres están para otros menesteres. Dos casas, dos tipos de ropa, dos tipos de ritmo que normalmente no son complementarios si no dispares. Y si los niños y niñas presentan algún síntoma de sufrimiento o verbalizan que quieren estar con mamá, la custodia le  es arrancada a la madre prohibiendo el contacto con sus hijos durante meses. Tan antinatural como cierto.

La custodia compartida a secas, sin imposiciones y elegida desde la responsabilidad y el respeto a los hijos e hijas es la más idónea de las situaciones, SIEMPRE desde la libertad de elección. Ambos progenitores no necesitarán acudir a los tribunales para llevarla a cabo. Pero todas aquellas custodias compartidas IMPUESTAS están sentenciadas al fracaso, datos que se ocultan, que no se publican porque no interesa.

La Ley de Igualdad de relaciones familiares aragonesa está lejos de proteger y defender el bienestar del menor que tanto proclama. Los maltratadores no son buenos padres y no deberían tener contacto alguno con sus hijos e hijas. Los profesionales que invocan el (I)sap deberían ser expedientados y separados del servicio público.

Los hijos e hijas no son objetos de reparto. Si se respetan y se aman profundamente no es necesario que nadie nos recuerde que sus derechos están por encima de los de los adultos. Si esto no lo tenemos claro, el resto será todo una farsa.


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