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septiembre 25, 2018

Los recortes deterioran la atención a la violencia de género


Los profesionales consultados para el estudio constatan que existe una pérdida de calidad de la atención en atención primaria de salud, lo que hace más difícil la detección de la violencia de pareja contra las mujeres.

Un estudio liderado por Laura Otero-García, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid(UAM) y del CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), muestra que la crisis económica y las medidas de austeridad han influido negativamente en la respuesta a la violencia de pareja dada desde atención primaria en España.

Cada vez son más escasos los recursos para las mujeres que necesitan ayuda

En concreto, el trabajo, publicado en el European Journal of Public Health, demuestra que la disminución de personal en las plantillas de los centros de salud ha hecho que los profesionales tengan que reducir aún más el tiempo de consulta, y que por tanto encuentren dificultades para atender problemas complejos como el de la violencia de género.

La investigación presenta datos que muestran que cada vez son más escasos los recursos para las mujeres que necesitan ayuda. También expone que la violencia puede agravarse según aumenta la dependencia económica de las mujeres, así como por la pérdida del papel tradicional de “cabeza de familia” en los hombres en paro de larga duración.

Además, el estudio basado en entrevistas en profundidad a profesionales de la salud de atención primaria revela que “la formación continuada para dar una respuesta adecuada a la violencia de pareja es cada vez más escasa, y el exceso de carga laboral impide poder asistir a estas actividades cuando se convocan”, señalan las autoras.

“La investigación permite sacar a la luz cómo se han contrarrestado en parte las carencias acaecidas por los recortes, siendo la motivación de los profesionales sanitarios fundamental para dar respuesta desde el Sistema Sanitario Público a la violencia de género”, declaran.

Economía, recortes y violencia de género

De acuerdo con las autoras, la investigación constata tres aspectos en la relación crisis económica-recortes-violencia de género. “En primer lugar, en el contexto de la crisis económica en España, las y los profesionales de la salud perciben que hay un aumento de la carga de trabajo y una pérdida de calidad de la atención en atención primaria de salud, haciendo más difícil la detección de la violencia de pareja contra las mujeres”, subrayan.

Los recortes dificultan el trabajo en equipo y merman la formación continuada de las y los profesionales

“Segundo –continúan las autoras–, los recortes dificultan el trabajo en equipo y merman la formación continuada de las y los profesionales, siendo ambas circunstancias obstáculos para abordar adecuadamente la violencia de género”.

“El tercer aspecto –agregan– tiene que ver con los programas de sensibilización y capacitación del personal sanitario, que son aún necesarios para mejorar y promover el diagnóstico precoz, la atención y rehabilitación de mujeres expuestas a violencia de pareja. La estrategia a nivel gubernamental debe cambiar, proporcionando más recursos a los servicios que deben responder a la violencia contra las mujeres ejercida por sus parejas”.

El estudio muestra los resultados de 145 entrevistas a profesionales de salud de atención primaria (109 mujeres y 36 hombres) en 16 centros de salud de cuatro comunidades autónomas.


Referencia bibliográfica:

Laura Otero-García; Erica Briones-Vozmediano; Carmen Vives-Cases; Marta García-Quinto; Belén Sanz-Barbero & Isabel Goicolea. “A qualitative study on primary health care responses to intimate partner violence during the economic crisis in Spain”. European Journal of Public Health. DOI: 10.1093/eurpub/cky095

La investigación independiente se ha desarrollado en el marco del proyecto How do primary health care teams learn to integrate intimate partner violence management in Spain, dirigido por Isabel Goicolea Julián, profesora e investigadora de la Universidad de Umeå (Suecia), que ha contado con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de Alicante y ha sido financiado por la Unión Europea y el Consejo Sueco para Vida Laboral e Investigación Social.


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