Colombia es el ejemplo perfecto del rotundo fracaso de los modelos tradicionales de seguridad que centran su objeto de estudio y accionar en la integridad territorial, la estabilidad política, los arreglos militares y la salvaguarda de las actividades económicas y financieras pertenecientes a la élite gobernante.

El país navegó por las turbias aguas de la doctrina de seguridad nacional, la seguridad democrática y en los últimos cuatro años, una entelequia llamada seguridad con legalidad. Todos enmarcados en un común denominador: masacres y asesinatos de inocentes. El vergonzoso numero 6402, pasará a la historia como una página que las futuras generaciones deben conocer.

La firma del proceso de paz con las Farc visibilizó la necesidad que la extrema derecha tenía de una fuerza subversiva para justificar su discurso guerrerista. De hecho, las Farc y el narcotráfico sirvieron de excusa a los EEUU para desarrollar el Plan Colombia y patrocinar irresponsablemente el plan militar del gobierno de Uribe. Una estrategia que, basada en la secreta promulgación de la Directiva Ministerial 029 de 2005, impulsó los asesinatos de civiles inocentes, llamados eufemísticamente como “falsos positivos”.

El fiasco de los ocho años del imputado expresidente fue de tal magnitud que ni los ríos de sangre y muerte lograron acabar con el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Al concluir los dos periodos de Uribe, todavía continuaban 62.000 hectáreas de coca sembradas en territorio nacional, de acuerdo con lo informado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito en su informe anual de 2011.

No obstante, mientras el Gobierno de Duque y sus secuaces luchaban por empujar al país a una nueva fase de guerra fratricida, un enemigo invisible reemplazó las balas y granadas con las que diariamente se cometen masacres. Un minúsculo asesino, visibilizó la debilidad de nuestro sistema de salud, la abrumadora pobreza, la fragilidad de un sistema educativo público y, en general, todas las condiciones en las cuales diariamente están sumergidas esas 19,6 millones de personas que no tienen suficientes ingresos para suplir sus necesidades básicas.

El Covid llegó y ratificó que el concepto moderno de seguridad no se circunscribe tan parroquialmente a las armas. Existe un espectro de enemigos que atacan sin misericordia para los cuales Colombia no está preparada. Una realidad que, desde 1994, la ONU analizó en el Informe de Desarrollo Humano y le recordó a los gobiernos del mundo que el epicentro -objeto referente- de la seguridad es el ser humano, por lo cual las estrategias y acciones deben orientarse a la protección y calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes del país.

El informe dejó claro que la Seguridad Humana debe enfocarse en atacar las amenazas crónicas como el hambre, las enfermedades y en general todos esos peligros que diariamente se ciernen sobre la vida cotidiana de los hogares, el trabajo o la comunidad.

De esa manera, el concepto propuesto por la ONU de Seguridad Humana está integrado por tres libertades: la libertad del miedo, la libertad de la necesidad (o miseria) y la libertad para vivir con dignidad. En sumatoria, para el caso colombiano se propugnará por proteger a las personas de las amenazas directas a su seguridad e integridad física. Además, debe cumplirse el deber del Estado de satisfacer las necesidades básicas y proteger a la población de la discriminación y la exclusión.

Con todo ese conjunto de retos y propósitos, la Seguridad Humana cambia el enfoque tradicional concebido bajo la égida de un ministro de defensa o la dirección exclusiva de sesudos estrategas militares. La multisectorialidad se erige como un principio rector del modelo, lo que implica el involucramiento de todas las instancias de la estructura gubernamental. En ese orden de ideas, temas como la seguridad alimentaria, la salud y el tema ambiental pasarán a la órbita de la seguridad y sus acciones deberán estar centradas en el ser humano.

Sin duda, será un cambio radical de un “paradigma” reevaluado paulatinamente por medio de ese conjunto de estudios y acuerdos globales encaminados a generar profundas reflexiones sobre la seguridad. Causa profunda preocupación que desde la esfera gubernamental y académica colombiana no se enfatice en el estudio de documentos como; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984), Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006).

Precisamente, la controversia sobre la decisión del ministro de Defensa de prohibir el bombardeo indiscriminado sobre campamentos donde se sospeche de la presencia de niñas y niños es el fiel reflejo de una crasa ignorancia a los acuerdos que protegen su vida. Claro, esa es la punta de un iceberg de un conjunto de monstruosidades que diariamente se producen en Colombia: racismo, torturas, masacres, feminicidios, abusos laborales entre otros. Hacía todo ese conjunto de aspectos que degradan la vida del ser humano deberá dirigirse la Seguridad Humana. De su implementación dependerá el verdadero y franco ingreso del país a la modernidad institucional.

FUENTE: https://www.lasillavacia.com/