Son varios los mandatarios locales y regionales que ya aceptaron el llamado del presidente electo de entablar diálogos regionales para priorizar las agendas de los territorios. Sin embargo, las víctimas del conflicto armado piden que se cumplan algunas promesas que acarrean de negociaciones con gobiernos pasados que se quedaron en el papel y que siguen teniendo vigencia.

Martha Ceballos, defensora de derechos humanos en Nariño, está segura de que la promesa de campaña de Gustavo Petro de adelantar diálogos regionales en su gobierno, tiene que empezar por su departamento. Lo dice con la certeza de que eso sería una muestra de compromiso con la población civil que lleva cinco años viviendo en medio de la disputa territorial de los más de 18 grupos armados ilegales que operan en todo el departamento. De hecho, el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, ya le pidió al presidente electo que esos diálogos tuvieran como epicentro su territorio.

Aunque el presidente Petro no ha especificado cómo serían los diálogos regionales que propuso, lo cierto es que en algunas zonas del país ya hay establecidas unas prioridades por atender, como el cumplimiento de los compromisos del Paro Cívico en Buenaventura, el Acuerdo Humanitario Ya en el Chocó y algunas de las promesas incumplidas del acuerdo de Buen Vivir en Samaniego, entre otros acercamientos entre la población civil que históricamente han tenido otros gobiernos y que han dejado logros y desazones.

La petición generalizada de las comunidades azotadas por el conflicto hacia el nuevo gobierno es la implementación integral del Acuerdo de Paz, en especial el primer punto: la Reforma Rural Integral, uno de los más atrasados de la implementación de lo pactado en La Habana. Eso, además de aceptar el llamado del Eln de sentar nuevamente una mesa de negociación para que cese el accionar de esa guerrilla que hoy tiene una robusta presencia en Chocó, Norte de Santander y Arauca, y en menor medida en algunas zonas de Antioquia, Bolívar, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Sin embargo, para Ceballos, como defensora de derechos humanos en Nariño, el mayor reto será que se establezcan los diálogos regionales en medio del accionar de otros grupos al margen de la ley, distintos a la guerrilla, y sin caer en la militarización de los territorios como única salida. “Muchos de esos grupos de ahora se han conformado bajo otras dinámicas y ni siquiera cumplen el DIH, ni les interesa. Es difícil intentar dialogar con ellos porque no tienen un estatus político y tampoco lo quieren tener”.

Son varias las zonas del país en las que la situación humanitaria se ha agravado por la nueva ola de conflicto armado y en la que piden que atender las necesidades de la población víctima, sea una de las prioridades en la nueva agenda presidencial. Colombia+20 habló con algunos líderes sociales y analistas sobre la situación en Nariño, Cauca, Chocó, Buenaventura y en la Amazonia colombiana para entender cómo debe ser la propuesta de los diálogos regionales con el nuevo gobierno.

Los intentos por la paz de Nariño

En 2014, en la gobernación de Raúl Delgado Guerrero en este departamento se estableció la Agenda de Paz de Nariño, un ejercicio colaborativo entre el gobierno departamental y más de cuatro mil nariñenses entre los que hubo indígenas, afros, mujeres y campesinos que habían sido víctimas de la violencia y del que surgió un documento de 70 páginas con recomendaciones para las instituciones, población civil, el Estado y actores armados. Muchos de los planteamientos allí descritos no se cumplieron nunca, como la creación de una mesa departamental de tierras, el fortalecimiento de iniciativas institucionales para los cultivadores de coca y amapola y la pedagogía en los territorios sobre derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, entre otras.

Para Martha Ceballos, eso se debió, en parte, a que “no hubo una respuesta institucional concreta cuando las Farc salieron de los territorios en los que tenían el control absoluto y a que hemos tenido gobiernos regionales incapaces de detener el crecimiento de los actores armados”. Sin embargo, destaca que las recomendaciones de ese documento, a ocho años, siguen vigentes, en especial en zonas como la costa pacífica nariñense, en la que tampoco han cesado los intentos de negociación, como ocurrió hace diez años con el pacto del Buen Vivir en Samaniego, en el que se planteaba el compromiso del gobierno nacional en fortalecer la presencia institucional en el territorio para que cesaran los ataques armados, pero nunca se logró nada más allá de la militarización.

Por eso, plantea que lo más urgente cuando comiencen estos diálogos es visibilizar la crisis humanitaria del departamento que ha venido viviendo desplazamientos masivos, confinamientos, desaparición forzada, homicidios, entre otras victimizaciones. “Sobre eso nadie se pronuncia al respecto. Nariño votó en un 80 % por Gustavo Petro porque está la esperanza de que la situación de abandono estatal en la que hemos estado tanto tiempo, cambie”.

Los diálogos con los cocaleros

Otras de las poblaciones con las que a lo largo de los años distintos gobiernos han dialogado es con los cocaleros, quienes incluso comenzaron varias movilizaciones en el país desde los años 80 por la crisis de los campesinos cocaleros en regiones como Norte de Santander, Guaviare, Putumayo, entre otras. Precisamente en 1985 se consolidó en Caquetá el “Plan de Desarrollo para el Medio y Bajo Caguán y Zuncillas” que pretendía impulsar la sustitución de cultivos de coca después de negociaciones con el entonces presidente Belisario Betancur.

Sin embargo, los investigadores Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe, de Cuadernos de Desarrollo Rural, explicaron que el recrudecimiento de la guerra truncó ese proceso de concertación y fue hasta diez años después, en 1995, que una comisión viajó hasta Bogotá para acordar no sembrar más coca a cambio de proyectos productivos alternativos con el gobierno. “Las comunidades cumplieron en un 90 % y se quedaron esperando los programas diseñados y anunciados por los medios de comunicación”, explican.

Un año más tarde comenzaron las marchas campesinas cocaleras que luego culminaron en los foros cocaleros en todo el país. Para Estefanía Ciro, investigadora del tema en el Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río, aunque los diálogos regionales en su momento fueron diferentes según la zona del país, “la diferencia clave fue la presencia de las Fuerzas Militares. Lo que sucedió en Caquetá y Guaviare fue agridulce porque la represión contra los campesinos fue muy fuerte. En Norte de Santander hay un relato más optimista de las negociaciones”.

Explica también que, aunque en algunas zonas los diálogos se dieron en mejores condiciones, “de todo lo firmado casi siempre se cumple el 1 %”. Sobre este tema extenso, la investigadora explica que los tratados de libre comercio también jugaron un papel fundamental en la disposición de negociar de los campesinos y luego el Plan Colombia, Plan Patriota y Plan Consolidación alejaron de las posibilidades de diálogo “porque ya no había chance de negociar, era se inscribe o no. Políticas marcadas por la militarización”.

Después llegó la firma del Acuerdo de Paz y con ello el punto 4 que planteaba cómo ponerle fin al problema de las drogas en Colombia: un punto que hasta ahora no se ha implementado en los territorios y que para la investigadora, debe ser el primer paso para lograr hablar de diálogos regionales con los campesinos cocaleros del país. Afirma que debe empezar por cumplirse el Programa Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos Ilicitos (PNIS) y que los intentos del gobierno Duque por aspersar con glifosato antes de acabar su mandato, a pesar de la orden de la Corte Constitucional, deben terminar para generar confianza en la población. Una de las prioridades, explica, es que “hay que entender que los campesinos cocaleros tienen voz propia, sin intermediarios. Siempre ocurre que aparecen liderazgos que los representan desde Bogotá, como es el caso de algunas ONG, pero ellos quedan en un lugar subordinado”.

Acuerdo Humanitario en Chocó y el Paro Cívico de Buenaventura

El Pacífico colombiano es uno de los territorios de más abandono estatal en Colombia y en el que sus ciudadanos han denunciado a lo largo de la historia la falta de cumplimiento de sus derechos básicos, desde no tener servicios públicos no tener acceso a la salud o a la educación. Buenaventura, el Distrito con el puerto de comercio exterior más importante de Colombia, no es la excepción. José Luis Rojas, concejero Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia del Valle del Cauca explica que “en Buenaventura los problemas no han cambiado nunca y una de las peticiones es que el gobierno cumpla con la promesa de entregar 1.6 billones al Distrito en 10 años, ya pasaron cinco y no se ha visto ni la mitad de eso”.

Esas carencias, sumadas al problema de seguridad y orden público que vive el Puerto por la presencia de al menos cinco bandas criminales y algunos actores armados que están tanto en las zonas rurales como en la periferia urbana como el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, que amedrantan en algunos barrios. Hacerle frente a la situación humanitaria es la petición por la que clama la población para que los diálogos regionales del nuevo gobierno funcionen. “Tenemos una de las cifras más altas de desempleo en el país. Sobrepasamos el 60 %, entonces es necesario que se ofrezcan posibilidades para los más jóvenes, porque sino las hay, ya sabemos en dónde terminan”.

El concejero también habló sobre la necesidad de que la promesa de Petro en la que afirmó que construirá instituciones educativas en terrenos que pertenezcan a alcaldías y gobernaciones, se haga realidad. “Es importante garantizar que la Universidad del Pacífico se expanda por toda la región, pero también necesitamos una universidad distrital para ofrecer más oportunidades a nuestros jóvenes”, comenta.

En el pliego de peticiones del Paro Cívico de 2017 también se hablaba de la importancia de fortalecer el sistema de salud y de llevar brigadas a las zonas rurales, pero esas promesas también fueron incumplidas. Según Rojas, “apenas se ha cumplido un 10 o un 15 % de lo que se pactó con el gobierno, pero la población bonaverense tiene la esperanza en el nuevo presidente”. Dice que están dispuestos a entablar nuevos diálogos regionales, que esta vez prioricen el tema de la seguridad y el orden público, tanto en el área urbana, como en la zona rural.

Algo similar ocurrió con el Acuerdo Humanitario Ya en Chocó, una iniciativa de organizaciones de sociedad civil que surgió en 2018 y que planteó siete exigencias al gobierno nacional: desmonte de estructuras de grupos armados ilegales, respeto por la autonomía territorial, ponerle fin a la instalación de minas antipersonales, frenar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, acabar con los asesinatos y desapariciones forzadas, suspender las acciones que generen desplazamientos y cesar la siembra de cultivos de uso ilícito.

Una de las preocupaciones que ha planteado el Foro Interétnico de Solidaridad con Chocó, organización que hizo parte de las que construyeron el Acuerdo, es que se ha hecho caso omiso a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría en las que se hablaba del riesgo inminente de la expansión de grupos armados a nuevos territorios. “Están en el Baudó, el San Juan, en la costa Pacífica y en el Medio y Bajo Atrato. Pasaron de tener 90 a poco más de 400 hombres. No escuchan a las autoridades étnicas e imponen su fuerza”, se lee en el documento.

Uno de los riesgos del no cumplimiento de lo pactado es, por ejemplo, que en varias subregiones del departamento se han registrado acciones de confinamiento a las comunidades y que han incidido en que pierdan sus prácticas agrícolas tradicionales de subsistencia. En muchos casos, no pueden acceder a las zonas de cultivos por la existencia de campos minados que ponen en riesgo sus vidas.

Pero la situación humanitaria no solo se ha complejizado en zonas rurales sino también en el casco urbano de Quibdó, en donde varios grupos armados con presencia en el municipio han intentado tomar control de la población a través de confinamientos, desplazamientos urbanos y amenazas. Por eso, el Foro Interétnico, explica que “la necesidad de abrir un diálogo regional en este departamento con la población indígena y negra es de urgencia. La población no aguanta seguir viviendo entre tantos actores armados y con tanto abandono”.

La prioridades para los indígenas

“El genocidio de pueblos indígenas es algo que viene desde ocurriendo hace más de 20 años y nadie ha hecho nada para detenerlo”, así comienza a hablar José Domingo Caldón, líder del CRIC, quien explica que desde la Constitución de 1991 comenzó la lucha de los indígenas por obtener reconocimiento a su gobierno propio, una batalla que les ha costado vidas en todos los departamentos del país donde están asentados.

Una de las prioridades, según él, deben ser cumplir el Decreto 1811 de 2017 pactado entre el Consejo Regional Indígena del Cauca y el Gobierno nacional en su momento para hacer seguimiento a las necesidades de esta población en el departamento. “Ese documento es importante porque marcó un hito en los diálogos regionales que ha tenido la población indígena con los gobiernos en Colombia, pero no todo se ha implementado porque seguimos en abandono estatal y sin garantías para ejercer el gobierno propio en algunas zonas del país”.

Lo que más le preocupa, sin duda, son los grupos armados que ahora operan en el departamento después de la salida de las Farc de los territorios. Los tres grupos de disidencias que se disputan el control territorial y las rentas del narcotráfico, se reorganizaron y, según él, no han respetado, ni siquiera, los territorios sagrados de los pueblos étnicos y, por el contrario, se han enseñado contra los indígenas que se oponen firmemente a los cultivos ilícitos.

Armando Wouriyú Valbuena, de la comisión étnica para la paz en los territorios, explica que “el problema de las tierras en Colombia sigue siendo fundamental abordarlo para entender la necesidad de que haya autonomía absoluta de los pueblos indígenas en zonas de propiedad colectiva”. Habla también de la necesidad de que el Acuerdo de Paz se implemente con enfoque étnico y explica la importancia de que se reconozca la existencia de los pueblos nómadas en Colombia. “Va ser muy difícil reestablecer la confianza en nuevos diálogos regionales si no se cumplen los diálogos que se firmaron en La Habana primero”, concluye.

FUENTE: EL ESPECTADOR