Este viernes se cumple un año del caso en el que dos hermanas reclamantes de tierra, una funcionaria de la Unidad de Restitución y un conductor fueron desaparecidos y 40 días después hallados sin vida en una fosa común. Según la investigación, el crimen lo perpetró la estructura Jorge Briceño de las disidencias de las Farc.

Hacia la 1:00 p.m. del jueves 27 de mayo de 2021, las hermanas reclamantes de tierra Yadmil y Sandra Milena Cortés Uribe, la funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Karen Sulay Garay y el conductor de la empresa Servitransportes Andina Johan Steven Cogua arribaron a la finca La Ilusión, en la vereda San Isidro, de Mesetas (Meta). Lo que sería una diligencia para notificar en el predio el inicio del proceso de restitución, terminó siendo para los cuatro un designio de muerte.

Lo siguiente que se sabría de esa comisión fue casi 40 días después, cuando los cuerpos de sus cuatro integrantes fueron encontrados a principios de julio en avanzado estado de descomposición en una fosa común. El hallazgo lo hizo un soldado que patrullaba por el sector del Bostezo, apenas a unos 14 kilómetros de la finca, pero que se recorren en alrededor de una hora por el estado de la trocha. Un tapabocas usado y luego un pañito húmedo lo llevarían hasta dos palas metálicas con mango de madera que revelaron la fosa con los cuerpos. Se trataba de la primera masacre contra un equipo de restitución de tierras en 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas.

Hasta hoy poco se ha sabido públicamente de lo que ocurrió en el caso. Sin embargo, información conocida por Colombia+20 revela que la investigación adelantada por las autoridades ya ha arrojado luces sobre los responsables del crimen y las circunstancias en las que se produjo.

El 27 de junio, exactamente un mes después de la desaparición de la comisión de restitución de tierras, un grupo de seis integrantes del bloque Jorge Briceño, de las disidencias de las Farc -comandado por Iván Mordiscoy Gentil Duarte, este último muerto esta semana- llegó al municipio de Colombia, en el norte de Huila. Los seis habían desertado de esa estructura y venían huyendo del Meta señalados por sus cabecillas de haberse robado $30 millones de las finanzas del grupo. En zona rural de ese municipio, disidentes de su antigua estructura los atacaron: uno murió y otro resultó herido. Los otros cuatro desertores lo trasladaron al hospital de esa localidad, donde fue atendido. A ese centro de salud llegaron patrulleros de la Policía que capturaron a los cuatro. Uno más se alcanzó a escapar por una ventana del hospital.Otras noticias de Conflicto

Durante la semana siguiente, medios locales y nacionales titularon: “Golpe a la disidencia de ‘Gentil Duarte’ en Huila”. Pero sin saberlo, los patrulleros que atendieron ese día el llamado desde el hospital, habían aprehendido a quienes resultarían claves en la investigación que se llevaba por la desaparición de la comisión de restitución en Meta.

El disidente que murió ese día en Colombia (Huila) era Fabio Enrique Rodríguez Tafur, conocido como Wilson, uno de los directos responsables de la masacre. El que escapó de las autoridades fue Édison Faver Nova Duque, de 19 años, y conocido en la disidencia como Marlon. Ambos fueron señalados por sus compañeros desertores como los autores materiales del asesinato de las dos reclamantes, la funcionaria de la URT y el conductor.

La versión del grupo la corroboró la pareja sentimental y madre de la hija de Édison Faver Nova. El joven, agobiado por el peso del crimen que había cometido, le confesó a su novia que había sido él quien había asesinado a los integrantes de la Comisión de Restitución, que en medios de comunicación empezaban a ser reportados como desaparecidos.

En esa confesión a su pareja, Marlon sostuvo que había sido especialmente difícil para él dispararle a la joven funcionaria Karen Garay, pues en los dos días que estuvo custodiándola desde que retuvieron a la comisión había simpatizado con ella. La joven le habría contado que era la única hija de sus padres, que ellos la querían mucho y que ese era su primer trabajo. Incluso ambos se tomaron una fotografía antes de que él tuviera que ponerla a cavar la fosa en la que después arrojaría su cuerpo. Si no la mataba a ella y a las otras personas de la Comisión, sus jefes en la disidencia lo matarían a él. Eso fue lo que le dijo Édison a su novia y lo que ella les contó a los investigadores cuando la interrogaron después. Al día siguiente de haberlos retenido, el 28 de mayo de 2021, los disidentes ultimaron a disparos a las cuatro personas.

Con base en las declaraciones de los cuatro capturados y de la joven pareja de Marlon, las autoridades establecieron que él y el ya fallecido Wilson fueron los asesinos de las cuatro personas. Junto a ellos estarían involucrados un miliciano de la zona de La Julia (entre Uribe y Mesetas) conocido como Álvaro, y otro integrante del grupo conocido como Catire, quien resultó muerto semanas después.

La orden del crimen la dio Alexánder Díaz Mendoza, conocido como Calarcá, comandante de la disidencia en esa zona del Meta y lugarteniente de Mordisco y Duarte. Solo contra Marlon se expidió orden de captura en septiembre de 2021 por este caso. Aún no se sabe nada de su paradero.

Misión

El capítulo que falta por esclarecer es el referente a los actuales ocupantes de la finca La Ilusión. Como lo contó en su momento Colombia+20, la finca fue despojada por el frente 40 de las antiguas Farc en 1999, tres años después de que esa guerrilla asesinara a Luis Eduardo Cortés en 1996, padre de las hermanas reclamantes que iban en la comisión. Beatriz Uribe, la viuda, ante las presiones de la guerrilla, se vio forzada a venderle a un miembro de esa insurgencia.

Hermógenes Gómez, conocido como Gafas, es quien figura como el comprador en esa venta forzada. Desde ese momento, esa finca ha estado en poder de las Farc y coincide con el registro de un predio que aparece en el inventario de bienes que esa guerrilla entregó después de la firma de la paz. El señor Rosember Grajales Vergara figura hoy como el arrendatario del predio La Ilusión, quien a su vez tiene subarrendado para pasto de ganado.

Las autoridades lo interrogaron y allí sostuvo que conoció de la visita de la comisión de restitución a esa finca, que no duró más de 10 minutos y que luego se habían marchado y él no tuvo más información. Dijo que no ha sabido de presencia de la guerrilla o la disidencia en esa zona, que nunca ha sido amenazado y que no ha tenido problemas con la finca. Sin embargo, lo que se ha podido establecer es que el poder real sobre ese predio lo ejerce la disidencia de Iván Mordisco y Gentil Duarte, este último muerto esta semana.

La responsabilidad de las entidades oficiales

La defensa de la familia de Karen Sulay Garay interpuso ante la Procuraduría una petición de conciliación extrajudicial para que sean llamadas a responder por la falla en el servicio la Unidad de Restitución de Tierras, el comando general de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, entre otras instituciones, con el argumento de que son administrativamente responsables del hecho.

En ese documento se recogió la evidencia que demostraría que la URT ignoró todas las advertencias que indicaban que era de alto riesgo enviar esa comisión a esa región y lo hizo con un precario modelo de acompañamiento que determinó el encargado de seguridad de la entidad. Buena parte de la evidencia recogida en la solicitud obedece a las pruebas reveladas por Colombia+20 en este reportaje, que develó las irregularidades cometidas por la URT en el caso.

Desde el año 2020, a los contratistas de la URT que salían a sus comisiones en campo se les dejaron de entregar los localizadores satelitales que permitían hacer un seguimiento de sus desplazamientos. Dicho dispositivo, de referencia Spot GEN3, contaba con un botón de pánico que enviaba una alerta inmediata sobre algún posible riesgo y su ubicación exacta. Según el modulo de seguridad de la inducción de la URT ese aparato es un requisito indispensable para las visitas a campo.

Sin embargo, el 10 de diciembre de 2020, Andrés Castro, director nacional de la URT, firmó la resolución 00729 que ordenó “el retiro definitivo de los inventarios” de casi 200 dispositivos Spot GEN3 y autorizó su destrucción. Para el momento de los hechos de esta comisión no habían sido reemplazados y Karen Garay salió a la comisión sin ese dispositivo.

En la solicitud de conciliación también se recoge que la vereda San Isidro, de Mesetas, estaba incluida en la alerta temprana 026 que la Defensoría del Pueblo había emitido en junio de 2020 sobre esa región del Meta y que estaba vigente para ese momento. Pese a ello, la comisión no contó con acompañamiento real de la Fuerza Pública. Según el análisis de seguridad de la URT, bastaba con un acompañamiento bajo el modelo de monitoreo. En ese esquema, los funcionarios deben presentarse en la estación de Policía del municipio en el que van a trabajar, anunciar que estarán en la zona los días siguientes e intercambiar números con el uniformado que esté a cargo.

“Si no se llega a conciliar, que es lo más seguro, procederemos a presentar la respectiva demanda para que sea la jurisdicción contencioso administrativa quien decida respecto de la responsabilidad de estas entidades”, sostiene Junior Cruz, abogado de la familia de Karen Garay. Su oficina presentará también la solicitud de conciliación de la familia del conductor Johan Steven Cogua.

Una masacre contra la restitución de tierras

Desde la desaparición de esta comisión, el proceso de restitución de tierras en Uribe, Mesetas y La Macarena (Meta) fue suspendido. El 23 de febrero y el 4 de abril de este año, la URT llevó a cabo las reuniones de coordinación con la Fuerza Pública para retomar el proceso en la zona, presididas por el director general, Andrés Castro. Allí estuvieron presentes los comandantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, la Fuerza de Despliegue Rápido, el comando de la Policía en el Meta, la IV División del Ejército y los comandantes de los batallones de la zona. En conjunto, dieron luz verde para avanzar en más de 50 solicitudes pendientes en estos tres municipios.

Entre el 5 y el 26 de mayo pasados se llevaron a cabo las comisiones del área catastral de la URT, en las que participaron, según esa entidad, 350 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido, tropas de la VII Brigada del Ejército Nacional y 35 miembros de la Dirección de Carabineros y del Departamento de Policía del Meta. Según los datos de la URT, se lograron georreferenciar 1.083 hectáreas, correspondientes a 38 predios.

Meses después de la masacre, a los familiares de las hermanas reclamantes del predio les siguieron llegando amenazas con el fin de que abandonaran el proceso de restitución. Varios de los integrantes de la familia recibieron protección oficial hacia finales de 2021, pero estos luego rechazaron los vehículos, los agentes escoltas, desocuparon su casa en Granada (Meta) y salieron de la región, intentando salvaguardar la mitad de la familia que les queda. Yadmil Cortés dejó dos hijas, y su hermana Sandra Milena, dos hijos. Esta nueva generación de la familia es la que se ha hecho cargo ahora del proceso y dicen que van a seguir reclamando la tierra por la que las antiguas Farc asesinaron a su abuelo, y por la que las disidencias de esa guerrilla asesinaron a su mamá y a su tía.

FUENTE: EL ESPECTADOR