En los próximos cuatro años, apenas el 30,3 % del Senado y el 29,81 % de la Cámara estará ocupado por mujeres. ¿Cuáles han sido los obstáculos para aumentar esta cifra? Análisis de Razón Pública.

La violencia política contra las mujeres

Han tenido que pasar muchas décadas para que las mujeres pudieran decidir sobre su destino y tomar partido sobre la situación del país donde viven. En Colombia, a las mujeres se les permitió votar apenas a partir del 25 de agosto de 1954. Y aunque hoy existen varias normas para promover su participación política, los retos siguen siendo muchos.

La Asamblea General de Naciones Unidas señala en la resolución sobre la participación de la mujer en política que “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afectas de manera desproporcionada”.

Todas estas prácticas, actitudes y estereotipos de género constituyen lo que se denomina “violencia política contra las mujeres”. En resumen, este tipo de violencia se dirige contra las mujeres por el hecho mismo de serlo y tiene el propósito de hacerlas renunciar a ser candidatas o a asumir el cargo político que obtuvieron.

En la práctica, la violencia política contra las mujeres puede tomar muchas formas: por ejemplo, la restricción del uso de la palabra; el ocultamiento de recursos financieros y administrativos durante el período de campaña; o los cuestionamientos a su capacidad para ejercer el cargo.

Esta violencia tiene graves consecuencias:

• En el plano personal, las mujeres sienten miedo, estrés, soledad, ansiedad, depresión, desolación, aislamiento, desilusión, abandono del cargo y, finalmente, abandono de la política.
• En el plano político, se vulnera el derecho fundamental a la participación, disminuye el poder de las mujeres, se atenta contra la integridad electoral y se violan las leyes de cuotas y de financiamiento por la distribución inequitativa de recursos.
• Por último, la consecuencia más grave: se les impide a las mujeres ejercer su ciudadanía plena.

El conflicto armado

A todo lo anterior se suma el conflicto armado para impedir la concesión de la ciudadanía plena a las mujeres de Colombia. Como reconoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “con el conflicto se reproduce y se incrementa la discriminación entre los distintos grupos y las mujeres padecen discriminación en distintas vertientes, por motivos de sexo, origen étnico o pertenencia cultural. Aunque los hombres son más frecuentemente víctimas de ejecuciones sumarias y matanzas, la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados se ha hecho habitual en medio de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del derecho internacional humanitario”.

Como consecuencia de los hechos de violencia en el marco del conflicto armado y para evitarlos, las mujeres se recluyen en sus hogares y se ausentan de los espacios de decisión. Por eso, en el Acuerdo de paz del Colón se reconoció el principio de “ampliación democrática” como condición para garantizar la construcción y consolidación de la paz.

El objetivo de esta ampliación democrática busca permitir que surjan nuevas fuerzas en el escenario político, para enriquecer los debates nacionales y fortalecer el pluralismo y la representación de las diferentes visiones e intereses presentes en la sociedad. Por supuesto, esto implica otorgarles a las mujeres las debidas garantías para que puedan participar en política.

Entre las medidas para hacer realidad el principio de ampliación democrática están las circunscripciones especiales transitorias de paz (CTEP). Mediante estas circunscripciones, las personas incluidas en el Registro Único de Víctimas de 170 municipios pueden aspirar a ser representantes a la Cámara durante dos periodos electorales (2022-2026 y 2026-2030).

Por otra parte, entre las medidas para promover la participación política de las mujeres, se exigió que las listas que se presenten por organización debían estar compuestas por un hombre y una mujer.

Un Congreso masculino

Casi el 40 % de las candidaturas que se presentaron en estas elecciones fueron de mujeres. Sin embargo, los resultados muestran que esto no fue suficiente: durante los próximos cuatro años, el Senado apenas tendrá un 30,3 % de mujeres y la Cámara de Representantes un 29,81 %.

En las CTEP, el panorama es todavía más preocupante: de 16 curules, apenas 4 estarán ocupadas por mujeres, es decir, solo el 25%. Además, tres de las cuatro electas han sido cuestionadas por corrupción.

Desde que se aprobaron las CTEP, el movimiento de mujeres continuó el proceso de formación y acompañamiento a las mujeres víctimas del conflicto armado para promover su candidatura y garantizar su participación en este espacio. La Red Nacional de Mujeres, por ejemplo, llevó a cabo varios procesos para fortalecer la participación política de las mujeres y promover sus candidaturas a las CTEP.

Las barreras

A pesar de estos esfuerzos, la Red Nacional de Mujeres ha identificado que algunas candidatas al Congreso por las CTEP no contaron con los recursos económicos para hacer campaña. Además, enfrentaron una serie de actos de persecución, hostigamiento y amenazas, muchas de ellas de contenido sexual y dirigidas contra ellas mismas o contra sus familiares, especialmente sus hijas.

Algunas de las candidatas consultada por la Red de Mujeres en el Cauca, Montes de María y el sur de Bolívar manifestaron que, en ocasiones, las amenazas u hostigamientos las hacían hombres del mismo movimiento social de víctimas, como estrategia para impedir que persistieran en su candidatura. Esto aumentó la desconfianza y el temor de denunciar estos actos ante las instituciones competentes.

Por eso, no es suficiente que las mujeres se interesen en participar en política. La experiencia de algunas candidatas demuestra que este es apenas el primer paso de un largo camino que está lleno de barreras sociales y culturales. Actualmente, la discriminación basada en género crea las condiciones propicias para la violencia política contra las mujeres, y los partidos políticos y las instituciones hacen muy poco para cambiar esta situación.

* Feminista con formación en Derecho , asesora técnica y jurídica de la Red Nacional de Mujeres y coordinadora del proyecto “Mujeres en Acción para la Transformación Regional” de la misma organización. ** Feminista dedicada a la reivindicación y garantía de los derechos humanos de las mujeres, directora de la Red Nacional de Mujeres y cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

FUENTE: EL ESPECTADOR