En Chaparral, Ataco, Rioblanco y Planadas, las comunidades, los docentes y las autoridades locales, con apoyo de la cooperación internacional, hicieron sus planes de educación rural para transformar estos territorios que fueron afectados por el conflicto. Buscan que los jóvenes se queden y sean el motor del cambio.

El sueño de Carlos Hernán Reyes Molina, profesor de la Institución Técnica Álvaro Molina de Chaparral, ubicada en el corregimiento de Las Hermosas, es que en 2022 lleguen la totalidad de sus alumnos a clases presenciales. Es la oportunidad de hacer realidad la huerta escolar que están planeando desde antes de pandemia y que pretende brindar seguridad alimentaria a esta comunidad ubicada en el sur del Tolima.

En ese corregimiento está una de las 23 sedes de esta institución que cuenta con tres colegios de bachillerato. En esta zona rural, que está en la cuenca del rio Amoyá, en una zona aledaña al Parque Natural Gloria Valencia de Castaño, docentes, líderes de las Juntas de Acción Comunal y las autoridades locales se unieron para reconstruir los proyectos de vida que se vieron truncados durante la época más fuerte del conflicto.

Quieren dejar atrás esa historia que los marcó por ser la cuna de las Farc, y pretenden escribir otras páginas en las que sus proyectos conjuntos les den un giro a esos relatos que de todas maneras tienen que recordar. De la mano de aliados estratégicos como Cortolima, Educapaz, el Ministerio de Educación y las autoridades locales están transformando la realidad para los niños y niñas del sur del Tolima.

Una de sus aspiraciones es cambiar la política pública en educación rural para darles a estos jóvenes la oportunidad de formarse y quedarse en el territorio. Gracias al Acuerdo Final firmado entre el Estado y la exguerrilla de las Farc se han producido los primeros cambios: a través de un concurso se cambió gran parte de la nómina docente dando prioridad a docentes de la región y gracias a la alianza con Educapaz -con recursos del gobierno de Canadá-, han participado en escuelas de paz y reconciliación, capacitaciones para docentes y líderes de la comunidad para que crearan las Mesas Educativas Municipales, en las que desde 2017 trabajaron para crear los Planes de Educación Municipal.

“Hemos venido rompiendo paradigmas, antes a la comunidad se le hablaba de proyectos, y para nosotros eran textos que iban directo a los anaqueles de la alcaldía y luego se convertían en material de reciclaje, pero con el trabajo de Educapaz, nos capacitaron para trabajar los proyectos, para gestionar y lograr los recursos”, dice el profesor Reyes.

Óscar Sánchez, director de Educapaz, cree que la política pública debe apoyar la educación para la paz en los territorios afectados por el conflicto armado.Foto: Cortes

Ya formularon el proyecto de mobiliario escolar, el de mejora de infraestructura, el de apoyo al programa musical y la instalación de las huertas escolares. Y lo cuenta con orgullo porque estos y otros planes que hicieron en las mesas ya hacen parte de la política pública, porque fueron aprobados en el concejo municipal.

“La idea de la huerta surge por los problemas y críticas que hay sobre el Plan de Alimentación Escolar, porque es industrializado, nos llega el paquete listo desde otras ciudades. Buscamos asegurar frescura, higiene y calidad en los alimentos, además de garantizar la soberanía alimentaria en la comunidad”, explica el profesor sobre el proyecto que ya ha dado los primeros pasos (han alistado los terrenos y tienen las primeras semillas) pero que arranca en forma en poco menos de un mes.

La huerta será utilizada también en materias como educación ambiental, educación financiera, y lo principal: les ayudará a retener a los estudiantes en las instituciones educativas, ya que muchos de ellos no acceden a alimentación de calidad. La enorme ventaja es que este territorio tiene alturas que van desde los 300 hasta los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que les permitirá tener verduras, frutales y desarrollar el potencial cafetero que tiene esta región.

80 instituciones educativas han elaborado sus planes de transformación en un proceso participativo, que incluye un plan de transformación de la sede, la formación y capacitación de docentes y líderes comunales.Foto: Cortesía

Política pública para la paz

Óscar Sánchez, director de Educapaz, está convencido de que la política pública debe apoyar la educación para la paz en los territorios afectados por el conflicto armado. En ese sentido, vienen trabajando con recursos del Gobierno de Canadá en el desarrollo de las mesas educativas en diferentes niveles, con acompañamiento del gobierno nacional, para que la sociedad civil defina el tipo de educación rural que quiere en sus comunidades.

Esta estrategia se desprende del Acuerdo de Paz que establece la formulación de planes especiales de educación rural. “En 2017 y 2018 construimos un borrador de ese Plan Especial de Educación Rural en consenso con varias comunidades. El gobierno de Juan Manuel Santos lo avaló, pero no lo expidió; el gobierno de Iván Duque lo expidió hace apenas dos meses y definió que son más de 40 billones de pesos para ejecutar en los próximos 10 años”, explica Sánchez.

Buscamos asegurar frescura, higiene y calidad en los alimentos, además de garantizar la soberanía alimentaria en la comunidad

Profesor Carlos Reyes

El desarrollo de esta estrategia, explica el director de Educapaz, parte de la premisa de que las escuelas no pertenezcan al Estado, sino a las comunidades; que el rector y los profesores no tomen decisiones de acuerdo a lineamientos dictados por las entidades a nivel nacional, sino que acompañen el proceso educativo de los niños, que los docentes se hagan cargo de la educación, ya que son ellos y las comunidades mismas los que están enterados de lo que sucede en la escuela, y deben ayudar a construir sus propios currículos.

Ese es el caso que ya está en práctica entre comunidades indígenas que tienen sus planes de educación propia que se enfocan, a su vez, a desarrollar sus planes de vida. Y eso lo que está sucediendo en el sur del Tolima, con las escuelas como la del profesor Carlos Hernán Reyes.

Según Óscar Sánchez, en esta zona del país los planes de educación se están trabajando en torno a la producción de café. “La vida cafetera inspira el currículo, también se hace en torno a la observación de aves, se está trabajando en la provisión de la alimentación. Ese enfoque comunitario es importante. Es una lástima que el Ministerio de Educación sacrificó ese componente en el Plan Nacional”, dice.

Ya son cerca de 80 instituciones educativas las que han elaborado sus planes de transformación en un proceso participativo, que incluye un plan de transformación de la sede, la formación y capacitación de docentes y líderes comunales y la creación de equipos dinamizadores y la designación de gestores que visitan las sedes.

Y son cuatro los municipios que han adoptado los planes municipales como su política pública, tras su aprobación en los concejos municipales: Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco. En este proceso deliberativo participaron cerca de 100 personas por municipio. Ahora, esas iniciativas se están integrando al nivel subregional, es decir, se incluyeron en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.

En ese sentido Juana Yunis, coordinadora de Incidencia de Educapaz, señala que Colombia es un país que supuestamente permite autonomía curricular, pero en la práctica eso solo ocurre en comunidades educativas en las que los maestros y rectores tienen cierto nivel de formación, pueden hacer alianzas estratégicas y tienen al alcance innovación tecnológica. En la mayoría de los casos, se diseñan currículos estandarizados, más preocupados en los resultados de las Pruebas Saber y con pocas posibilidades de que sus proyectos educativos fortalezcan sus lazos con la comunidad.

“Somos un país que todavía no logra darle fuerza a la educación rural, en la mayoría de secretarías de educación hay equipos pensando en educación homogénea y estandarizada, pero no se piensan procesos diferenciados para la ruralidad”, resalta Yunis y enumera varios de los problemas que genera esa mirada que generaliza:

El sistema pide que haya un número determinado de estudiantes para abrir un colegio y eso solo se consigue en las cabeceras municipales, así se dejan los territorios sin educación. En el caso de zonas afectadas por el conflicto armado, se ve afectada la libertad de catedra, hay una cultura del miedo extendida por la ruralidad y eso afecta el proceso educativo. Además, en esos lugares no hay acceso a orientadores escolares para acompañar procesos socioemocionales. El desplazamiento forzado afecta los procesos educativos de toda la comunidad de una manera que el país no ha dimensionado aún. Esas son algunas de las problemáticas generadas por no tener planes educativos con enfoque en la ruralidad.

Cuatro municipios han adoptado los planes municipales como su política pública, tras su aprobación en los concejos municipales: Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco.Foto: Cortesía

Construyendo paz en el sur del Tolima

Alejandra Ramírez es gestora territorial de Educapaz en el Tolima, acompaña este proceso en los cuatro municipios que ya están implementando sus Planes de Educación Municipal y explica que la mayoría de las obras incluidas en los PDET son un listado de obras de infraestructura, pero no apuntan a una transformación gruesa del sistema educativo. En este proceso, en cambio, se garantiza que los currículos y los Proyectos Educativos Institucionales estén alineados con las lógicas territoriales.

“No fue fácil, fueron más de 250 actores tratando de ponerse de acuerdo y se demoró un año la formulación del plan municipal. El reto de estos procesos es entender que el consenso no se logra buscando unanimidad, sino que se logra tramitando las diferencias de manera que, al final, todos nos sintamos satisfechos con el resultado”, explica Alejandra.

En la construcción de paz es importante la gestión de emociones y la convivencia pacífica, enfatiza Mithdalya Ariza Alvarez, gestora rural de Educapaz, por eso se brindó a los docentes y directivos capacitaciones en educación socioemocional, para afrontar acciones conjuntas con padres de familia, estudiantes y líderes, ya que uno de los retos más grandes en zonas como estas es que los jóvenes se queden el territorio.

Ella lo hizo. Estudió en la escuela rural de Chaparral hasta 5º de primaria y tuvo que hacer la secundaria en Armenia, ya que su mamá decidió alejarla en los años más duros del conflicto. Pero volvió y desde Chaparral estudió a distancia en la Universidad del Tolima.

“Yo me siento ciento por ciento campesina y tomé la decisión de aportar a que las familias se empoderen en el territorio. Todo lo que se hace con niños en la escuela tendrá frutos en 10 o 15 años y de ahí pueden salir cosas maravillosas. Los cambios ya se ven en los estudiantes y en los liderazgos juveniles que han nacido. Somos sobrevivientes del conflicto en la ruralidad y podemos montar una empresa, hacer cosas distintas, no importa si el gobierno nos apoya o no. Esa es la manera de hacerle frente al futuro”, dice.

A pesar de ese optimismo se muestra preocupada porque no existe suficiente oferta educativa y la que hay no está colmando las expectativas de formación de los jóvenes. Les ofrecen programas de pedagogía infantil, licenciatura en ciencias naturales, regencia en farmacia, pero los estudiantes quieren estudiar medicina o ingeniería, dice Mithdalya. Los que sí llegan con llamativas promesas de dinero y de un supuesto “estatus social” son los grupos armados. Y esas ofertas sí prosperan en estos lugares con limitadas vías de acceso, donde hay escuelas sin señal telefónica ni internet

El profesor Carlos, el de Chaparral, piensa lo mismo. Él nació en San Antonio de los Micos, un hermoso lugar de colonización italiana donde tampoco hay vías ni cobertura en celular, pero es de esos docentes que no se limita a cumplir con las horas académicas, sino que busca impactar en la comunidad y lograr una visión de desarrollo compartido para asegurar que, como él y Mithdalya, los niños y niñas del sur del Tolima se queden trabajando por el territorio.

El desplazamiento forzado afecta los procesos educativos de toda la comunidad de una manera que el país no ha dimensionado aún. Esas son algunas de las problemáticas generadas por no tener planes educativos con enfoque en la ruralidad.Foto: Cortesia

FUENTE: EL ESPECTADOR