Unos días antes de que se conmemoraran los cinco años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado por el Estado colombiano y las Farc-Ep el 24 de noviembre del 2016, más exactamente el pasado 13 de noviembre, en Colombia comenzaban, con cuatro años de retraso, las inscripciones de las candidaturas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, una de las medidas más trascendentales producto del punto de Participación Política incluido en el Acuerdo. Así las cosas, la Cámara de Representantes contará con 16 integrantes adicionales, uno por cada Circunscripción Especial, durante los dos próximos periodos de esta corporación legislativa: 2022-2026 y 2026-2030.

La oposición al Acuerdo de Paz instalada en el Congreso de la República tras el precario pero definitivo triunfo del NO, continuado en la práctica por el Gobierno Duque, menospreció no solo la oportunidad de ampliar y cualificar la democracia colombiana en tanto ingrediente primordial para construir la paz –una paz en la que por supuesto no ha creído el Centro Democrático– sino que también ignoró la urgencia de comenzar a saldar las heridas que nos ha dejado el conflicto armado colombiano, dando representación en el Congreso a víctimas provenientes de comunidades y territorios duramente afectados por la exclusión, la violencia y la precaria presencia del Estado y sub representación política.

Las Circunscripciones Especiales no son curules para miembros de las desmovilizadas Farc, como falsamente han querido hacer creer: las personas que han participado en procesos de reincorporación en los últimos veinte años no pueden presentarse como candidatos. Pero lo que les preocupa a algunos sectores es que, efectivamente, los partidos tradicionales podrían ver afectada su hegemonía en algunos territorios y llegar a alterar su participación en la Cámara de Representantes, en un periodo en el que esta se ha vuelto determinante para la transición democrática en el país.

Como lo deja en claro la Corte Constitucional en la sentencia SU-150 de 2021 que resolvió dar por aprobado el proyecto de Acto Legislativo por el cual se crean 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz: “La violencia extendida y generalizada que han padecido las víctimas produce un fenómeno conocido como de ciudadanía precaria o incompleta, por virtud de la cual, con ocasión de delitos como el desplazamiento forzado y las amenazas, no les ha sido posible ejercer realmente sus derechos políticos y elegir libremente a sus representantes, dando lugar a un escenario de representación fallida, respecto del cual se impone la necesidad de adoptar medidas efectivas por el Estado que garanticen a su favor una participación equitativa, real y objetiva dentro de la democracia”. Para la Corte esto se expresa en dar vía libre a las Circunscripciones Especiales que, en términos de igualdad material, es un mecanismo transitorio que se propone corregir la representación fallida de las víctimas en los asuntos públicos, y en el contexto de justicia transicional en el marco de la implementación del Acuerdo Final.

No obstante, aún existen muchas amenazas que pueden truncar la materialización de las Circunscripciones Especiales en la práctica. Un hecho es el recrudecimiento de la violencia que se presenta en Colombia, que afecta de manera grave a líderes y lideresas sociales que habitan en las 16 Circunscripciones, tal como lo señala la Misión de Observación Electoral en su más reciente informe de noviembre de 2021: “la violencia social en las Circunscripciones Especiales representa el 46,1% del total de registros a nivel nacional, situación que se agrava aún más si consideramos que es en estos territorios donde se ven más afectados por los secuestros, desapariciones y asesinatos”.

Este contexto no solo haría que liderazgos territoriales teman lanzar sus candidaturas, sino que estructuras o grupos armados ilegales impacten de forma negativa la posible participación de las víctimas en política, como es el caso de Bajo Cauca, Nariño-Cauca-Valle y Catatumbo, regiones que se posicionan como las circunscripciones más afectadas, pues reúnen el 45,5% del total de acciones registradas.

Para el caso de las mujeres la política electoral ha representado brechas y barreras de género y si bien las Circunscripciones se convierten en una posibilidad de acceso a las instituciones políticas, el panorama para ellas no mejora. De las 1.049 vulneraciones registradas entre 2016 y 2021 en las Circunscripciones Especiales, 184 de ellas (el 18%) corresponden a agresiones contra lideresas políticas, sociales y comunales; siendo las mujeres que ejercen roles de liderazgo social las más afectadas, al concentrar el 58% de los hechos de violencia y el 61% de los 49 asesinatos registrados. Lo anterior resulta aún más preocupante, una vez se observa la evolución temporal de las afectaciones en su contra y su aumento sostenido, estas manifestaciones de violencias basadas en género son muy graves para la vida de las mujeres políticas, sus familias, y las demás mujeres que quieren aspirar a cargos de elección popular.

A este panorama de violencia se suman varios obstáculos que diversas organizaciones de la sociedad civil como Viva la Ciudadanía, la MAPP-OEA, CODHES, Artemisas, la MOE y Foro Nacional por Colombia han evidenciado ya en varios espacios, como por ejemplo el bajo acceso a puestos de votación, pues en algunos casos pueden estar a más de 50 kilómetros de distancia de un puesto ubicado en un municipio cercano, imposibilitando el voto; la baja pedagogía de parte de instituciones estatales frente al tema de las Circunscripciones Especiales, la cual dificulta que candidatos o candidatas estén informados y de esa manera conozcan las condiciones, se interesen y se postulen, y los bajos niveles de cedulación en estas regiones.

Así mismo, las organizaciones sociales deben cumplir con ciertos requisitos para participar en el proceso electoral como haberse creado hace cinco años, conformar listas por dos personas y de forma paritaria en atención al principio de equidad e igualdad de género, y no podrán hacer acuerdos con candidatos o listas de circunscripciones ordinarias, entre otros requerimientos que hacen más difícil este proceso. Queda entonces la pregunta sobre ¿Qué estrategias se emplearán para contrarrestar la posible abstención?

Las garantías para estos candidatos y candidatas parecen ser mínimas, y ante este panorama el escepticismo no se hace esperar, sobre todo cuando parece que se perpetúan las desigualdades para el acceso a las instituciones políticas de estas víctimas que han sido testigos de la violencia en todas sus formas, de la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades.

Mientras desde los territorios se sigue reclamando soluciones reales a las problemáticas que les aquejan, en muchos de los 167 municipios que pretenden abarcar las circunscripciones continúan asesinando líderes sociales y desmovilizados de las Farc.

Nos preguntamos entonces: ¿será posible que las Circunscripciones Especiales lleguen a buen puerto en medio del actual contexto de recrudecimiento de la violencia? ¿Tomará el Estado medidas para proteger a candidatos y candidatas, garantizando que puedan realizar sus campañas sin que grupos al margen de la ley o de economías ilegales las permeen?

Estas circunscripciones se convierten entonces y pese a todo pronóstico, en una iniciativa vital que debe ser apoyada por la ciudadanía y que abren un panorama que invita a creer en que sí podemos hacer posible lo acordado en el Acuerdo de Paz, pues contribuyen a articular la participación política con los proyectos de desarrollo territorial en esas zonas que requieren especial atención por el nivel de afectación que padecieron por el conflicto, y donde es imperioso reparar a las víctimas y contribuir a que su población se integre a las opciones del desarrollo económico y social.

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).

FUENTE: EL ES`PECTADOR