Según Médicos sin Fronteras, cerca de 10.000 personas viven en condiciones de precariedad en los barrios informales de Tibú, en el Catatumbo, cercado por el conflicto armado. Recorrimos la zona.

Cuatro palos clavados sobre la tierra y cinco atravesados en el techo sostienen la lona bajo la que duermen Daniel, su esposa y su hija de siete años. El “rancho”, como le dicen, lo construyeron hace dos meses en el barrio Tres Montañas del municipio de Tibú, fronterizo con Venezuela. Esta casa, sin servicios de agua potable o luz y propensa a colapsar ante una tormenta, es una de las 600 que hacen parte del barrio, el cual está habitado por familias venezolanas y colombianas que no tienen ningún tipo de seguro social. En los mapas de la alcaldía, este lugar aparece como asentamiento irregular.

Daniel cumplió 50 años hace poco. Medio siglo de estabilidad con su familia en Venezuela decía, “se fueron a la basura en los últimos tres años”. Haciendo un recuento, Daniel dice que llegaron al asentamiento hace tres semanas y que este ha sido el resultado de un largo viaje que comenzó el día en el que la familia se quedó sin comida. “Un día me vi peleando con mis vecinos en el botadero de basura, escarbando para ver qué comer. Al día siguiente, sin desayunar, me vine caminando solo hacia Colombia. Me demoré dos semanas hasta que llegué a Cúcuta y me puse a trabajar”.

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A veinte casas, bajando la montaña, vive Edilson, un trabajador venezolano que ha intentado construir su casa con tejas de zinc. Cuando llegó, le advirtieron que tuviera cuidado por el conflicto armado que se libra en la zona. “Yo lo único que he querido es trabajar porque tengo cuatro hijos, dos niños y dos niñas, que debo mantener solo. Mi esposa murió de cáncer y acá estamos los cinco, lejos de la familia. Me han dicho que Tibú es peligroso, pero acá se consigue comida y entre todas las familias nos cuidamos, nosotros somos gente trabajadora”. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el Catatumbo hay tres grandes grupos armados disputándose el territorio y que combaten contra la Fuerza Pública.

La salud en los barrios informales

En el primer semestre de 2018, cuando comenzaron a llegar miles de migrantes venezolanos a Colombia — según datos del gobierno colombiano, cerca de 1,7 millones de personas provenientes de Venezuela viven en el país — Médicos Sin Fronteras (MSF) atendió la crisis humanitaria que se estaba presentando en la frontera con la llegada de familias migrantes que no contaban con acceso a servicios básicos de salud y supervivencia. Con el paso del tiempo, muchas familias cruzaron definitivamente la frontera para asentarse en la región del Catatumbo, en donde persiste el conflicto entre diferentes actores armados.

Viviendo allí, explica Sulaith Auzaque, coordinadora de MSF en Catatumbo, las familias migrantes, así como la población colombiana no asegurada, se han visto expuestas a diferentes situaciones de vulnerabilidad, como falta de acceso a agua potable, atención médica, servicios públicos y exposición directa a la violencia por parte de grupos armados. Desde 2018, según MSF, se han realizado 42.720 consultas médicas externas y 3.527 consultas en el área de salud mental en los municipios de Tibú, La Gabarra y Puerto Santander.

En estos municipios existen varias barreras para acceder a servicios hospitalarios. A manera de ejemplo, si una persona con diabetes vive en La Gabarra, para acceder a un especialista debe ir a un hospital en Cúcuta, trayecto que se demora seis horas y que para obtener una cita puede tardar más de tres meses. En el barrio El Divino Niño, del corregimiento de La Gabarra, viven 2.005 personas, de los cuales 80 son menores de un año, 31 son mujeres embarazadas, 75 lactantes y viven 16 personas con diabetes y 43 con hipertensión, según MSF. Esta población, vulnerable ante los riesgos de salud, tiene que lidiar a diario no solo con necesidades de alimentación sino con conseguir las vacunas para los niños o las citas médicas básicas para atender enfermedades crónicas.

Algo similar sucede en los barrios de Tibú de Tres Montañas y 12 de septiembre, en donde MSF ha prestado atención”. En el primero hay 600 viviendas habitadas y en el segundo 330. Son asentamientos en los que es frecuente encontrar filtraciones de agua y ver personas durmiendo en el suelo, sobre la tierra, con lonas de plástico que a lo sumo los protegen del viento. Los niños y niñas, durante el día, muchas veces están solos y expuestos a dinámicas violentas. Vale la pena señalar que el departamento de Norte de Santander contaba a 2018 con una tasa de homicidios de 37,45 casos por cada 100.000 habitantes frente a 24,30 que es la tasa nacional, según la Policía Nacional.

Por otro lado, MSF ha sido testigo de la violencia sexual contra mujeres, y en un lapso de dos años y medio atendió a 210 víctimas de violencia sexual, de las cuales seis fueron niñas menores de cinco años, 58 entre los cinco y 14 años, 18 entre los 15 y 17 años y 128 mayores de 18 años. En la región, no obstante, MSF estima un gran subregistro debido a las barreras para denunciar, en la cuales sobresale el temor al agresor.

Mayron Vergel, médico de MSF que estuvo más de dos años en este proyecto, comentó que en las primeras consultas atendió a muchas familias migrantes. “Los niños, por ejemplo, cruzaban la frontera y llegaban con problemas dermatológicos, gastrointestinales y respiratorios. Llegaban muchas mujeres embarazadas sin controles prenatales, pacientes diabéticos sin tratamiento, pacientes con cáncer sin acceso a medicamentos, entre otros pacientes con enfermedades crónicas que, dicho sea de paso, también se complican viviendo en lugares sin condiciones de higiene adecuada. De hecho, este factor influyó en que durante algunos meses llegáramos a recibir más de 150 casos diarios por malaria”.

Ha sido necesario, entonces, que organizaciones como MSF implementen campañas de higiene y tratamiento de agua, otorgando filtros, pastillas purificadoras de agua, eliminando aguas estancadas, entre otras acciones. “El año 2020 fue muy desbordante, no tanto por la pandemia del Covid, sino por la ausencia de servicios médicos para pacientes crónicos que vivían en condiciones muy difíciles. Solamente por mencionar dos ejemplos, atendimos pacientes hipertensos y otros con trastornos mentales como esquizofrenia quienes no tenían acceso a medicamentos”, agrega Vergel.

Solidaridad en medio de las dificultades

El pasado 8 de octubre, Tibú fue noticia en medios nacionales e internacionales por el asesinato de dos niños venezolanos en el municipio por grupos armados ilegales por, supuestamente, cometer un robo. También, durante el primer semestre de 2021 Tibú, fue noticia por 11 feminicidios cometidos, al parecer, por grupos armados ilegales que buscaron imponer el temor en la región. Estos son tan solo dos casos que demuestran la tensión que existe en la región del Catatumbo, en donde el poder es disputado por el Estado y por otros grupos al margen de la ley.

En los asentamientos informales de Tibú, los líderes y las lideresas sociales han buscado proteger a la comunidad de la violencia desencadenada por el conflicto y de buscar un bienestar común. “Hemos logrado traer mangueras y luz. Entre todos los vecinos logramos comprar un transformador que costó 5 millones de pesos y que hoy beneficia a más de 800 personas”, cuenta una líder del barrio Tres Montañas. Otra líder del mismo lugar agrega: “acá llegan cada semana familias que no tienen nada a preguntarle a la Junta de Acción Comunal (JAC) si tienen un lotecito o algún lugar para vivir, para instalar su rancho. Siempre y cuando se pueda se les ayuda”.

Solidaridad en medio de las dificultades

El pasado 8 de octubre, Tibú fue noticia en medios nacionales e internacionales por el asesinato de dos niños venezolanos en el municipio por grupos armados ilegales por, supuestamente, cometer un robo. También, durante el primer semestre de 2021 Tibú, fue noticia por 11 feminicidios cometidos, al parecer, por grupos armados ilegales que buscaron imponer el temor en la región. Estos son tan solo dos casos que demuestran la tensión que existe en la región del Catatumbo, en donde el poder es disputado por el Estado y por otros grupos al margen de la ley.

En los asentamientos informales de Tibú, los líderes y las lideresas sociales han buscado proteger a la comunidad de la violencia desencadenada por el conflicto y de buscar un bienestar común. “Hemos logrado traer mangueras y luz. Entre todos los vecinos logramos comprar un transformador que costó 5 millones de pesos y que hoy beneficia a más de 800 personas”, cuenta una líder del barrio Tres Montañas. Otra líder del mismo lugar agrega: “acá llegan cada semana familias que no tienen nada a preguntarle a la Junta de Acción Comunal (JAC) si tienen un lotecito o algún lugar para vivir, para instalar su rancho. Siempre y cuando se pueda se les ayuda”.

En el fondo se escucha una bebé llorar. Su madre, venezolana, cuenta que la niña tiene año y medio y que ha estado enferma al parecer por la mala calidad del agua. “Ahora come un poco mejor que cuando vivíamos en Venezuela, pero el agua que tomamos es de la lluvia, sin purificar ni nada. Cuando podemos comprar un poquito de cloro, le echamos al tetero porque no sabemos cómo más hacer”.

En el fondo se escucha una bebé llorar. Su madre, venezolana, cuenta que la niña tiene año y medio y que ha estado enferma al parecer por la mala calidad del agua. “Ahora come un poco mejor que cuando vivíamos en Venezuela, pero el agua que tomamos es de la lluvia, sin purificar ni nada. Cuando podemos comprar un poquito de cloro, le echamos al tetero porque no sabemos cómo más hacer”.

“Si te soy sincera, yo nunca había vivido así”, agrega Casandra, vecina y líder del barrio, y ayuda a Kelly alzando a la niña. “Yo tengo dos niños y al comienzo nos tocó tomar agua de los pozos que, si bien a veces sale clarita, no es potable. Yo estuve como 15 días muy enferma, pero parece que ya se adaptó el cuerpo a todo esto. Hoy me preocupan los niños, a veces les da fiebre, hay bebés con bronquitis, pero acá es muy difícil que los atiendan, un poco menos peor que en Venezuela, porque allá a veces no consigues ni una aspirina y puedes estar muriendo en la puerta del hospital y no pasa nada”.

Pese a estas dificultades, Sulaith Auzaque, coordinadora de MSF, señala que la población ha demostrado solidaridad y resiliencia frente a afectaciones no solo por salud e higiene, sino por los impactos del conflicto armado. “Estamos hablando de más de 10.000 personas viviendo en asentamientos informales en Tibú, entre ellos, al menos 4.000 en La Gabarra y cada día llegan más y más familias. No es fácil dejarlo todo y enfrentarse a un conflicto y a un escenario tan tenso como el que se presenta en Catatumbo, en donde también hemos visto muchos casos de xenofobia. Sin embargo, hay población que se ha unido, que ha sido resiliente y que demuestra que en ningún lugar se debe normalizar la violencia”.

FUENTE: EL ESPECTADOR