Concepción Julio Hernández, lideresa social en el departamento de Córdoba, narra cómo es la vida de una defensora de derechos en su departamento y explica, junto con otros líderes, qué esperan de la nueva herramienta que promete protegerlos.

La subregión costanera en el departamento de Córdoba fue testigo de cómo, paulatinamente, los rigores de la guerra en el Alto y Bajo Sinú se fueron trasladando a sus tierras. Los extintos frentes 5, 18 y 58 de las Farc recorrieron desde Tierralta, Valencia, Lorica y Cotorra hacia San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos. La guerrilla hizo mucho daño a la comunidad, y mucho más cuando los paramilitares llegaron al territorio para disputarles pasos de economías ilegales hacia el golfo del Urabá, bastión histórico de los grupos armados.

Muy cerca de allí, en tierras sambernardinas, Concepción Julio Hernández lleva 36 años promoviendo liderazgos sociales, ejerciendo como matrona, construyendo relatos de memoria histórica y clamando por dignidad para su pueblo.

Es consciente de que, aunque la guerra con las Farc terminó, su seguridad y la de los suyos no está garantizada y que por eso ahora, más que nunca, no es momento de callar ni intimidarse, a pesar de tener en sus espaldas cuatro amenazas de muerte, a cargo de paramilitares y grupos de crimen organizado en la región.

“Hace 25 años, en plena guerra, sufrí un primer atentado por la guerrilla que casi me mata. En ese tiempo mis hijitos tenían 16, 9 y 7 años. La vida me dio una segunda oportunidad y estoy convencida de que fue desde allí que se robusteció mi vocación por el servicio de mi pueblo”, narró doña Conce, como la llaman sus amigos.

Ahora, siendo abuela de cuatro niños, Concepción es la representante legal de la Asociación de Víctimas Vientos de Paz, organización en la que promueve nuevos liderazgos, impulsa la implementación en terreno de la Ley de Víctimas y sirve como puente entre juntas de acción comunal y autoridades políticas cordobesas con el fin de ejecutar proyectos que les deben desde hace décadas, producto de olas de desplazamientos forzados, despojo de tierras y otras vulneraciones a derechos básicos.

Sin embargo, por la persistencia de la violencia armada en su territorio, tiene que cumplir muchas de esas tareas desde el interior de la camioneta que le asignó la Unidad Nacional de Protección (UNP) el año pasado.

“Me siento como un pájaro encerrado. Valoro mucho los esfuerzos para cuidar mi integridad, pero nada de esto me permite interactuar con mis vecinos. Con 61 años, ya no tengo amigas y me cohíbo de muchas cosas a nivel social. La gente me reconoce, mi comunidad me quiere, pero me siento como una figura lejana para muchos sambernardinos. Al final del día, dos hombres y un carro no me van a salvar, ese rol está en mi comunidad y en visibilizar nuestros procesos de diálogo”, contó Concepción La prevención como estrategia

A lo largo de los últimos meses las tareas de Vientos de Paz se han dedicado a encaminar a la juventud sambernardina para asumir los liderazgos sociales. Quieren forjarse como un semillero de la defensa de derechos humanos en el noroccidente del país.

En lo corrido de 2020, a Concepción Julio le llegaron dos amenazas contra su vida, por parte de las autodenominadas Agc, también conocidos como Clan del Golfo. Este año, grupos de crimen organizado, sin identificar, la amenazaron en dos ocasiones, por lo cual se reforzó su esquema de seguridad. El común denominador en estas intimidaciones es este mensaje: no promueva sus actividades en los jóvenes de San Bernardo del Viento.

“Estos hombres armados no me dan miedo, pero eso no quita que siempre que me refiera a ellos lo haga con respeto. Desde el diálogo llevo años pidiéndoles que nos dejen crecer como comunidad, no le hacemos daño a nadie y no buscamos tampoco que nos lo hagan. A veces ellos tienen luchas por las estructuras opresoras, sin darse cuenta de que forman parte de ellas”, sintetizó la lideresa.

El pasado 30 de noviembre, Concepción viajó desde su natal San Bernardo hasta San Jacinto (Bolívar) para contar sus experiencias de vida desde el liderazgo social ante las cabezas del Sistema Integral de Paz. Dialogó con Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y le contó que no cesará con su trabajo hasta que el mensaje de paz sea unísono en toda la región y haya una seguridad innegociable.

Compartió relatos con otros líderes provenientes del Caribe, especialmente de los Montes de María, y opinó acerca del Mecanismo Unificado de Monitoreo, una herramienta tecnológica lanzada esta semana, a la que catalogó como “un aliado regional para salvar vidas”. Fue desarrollado por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su objetivo se centra en emitir alertas de prevención en zonas del país en las que las personas involucradas en el Sistema Integral, bien sean víctimas o desmovilizados, puedan correr riesgo.

Concepción ve en este mecanismo una posibilidad para que personas como ella se acerquen a la tecnología. Pero también es una forma en la que sus propias autoridades locales puedan tener un análisis más completo a la hora de tomar medidas de prevención. “Por ser un seguimiento minuto a minuto permite seguirles la pista a las lógicas criminales”, dice.

Este mecanismo, que cuenta con cooperación internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya emitió sus primeras tres alertas, relacionadas con 100 municipios en los que se está derrumbando de forma peligrosa la autoridad del Estado, con las fases de reorganización de grupos paramilitares en diez subregiones colombianas y con las dinámicas de las disidencias de las Farc, que ponen en peligro la vida de los firmantes de la paz.

Rosiris Murillo, lideresa social en Cartagena, estaba al lado de doña Conce y dijo que el mecanismo será un complemento del sistema judicial colombiano. “Recomiendo que no echen en saco roto sus advertencias”, en tanto que su especificidad sobre los grupos armados en los territorios permitirá un rastreo más efectivo de los crímenes que cometan.

Gabriel Pulido, vocero del Consejo Comunitario de Mampuján, no solo ve al mecanismo en un rol de acompañante, sino que lo entiende como la herramienta ideal para que los gobiernos locales “vean en tiempo real las afectaciones que sufren sus comunidades a causa del conflicto”.

“Las vidas de líderes como Concepción y de otros actores dentro del Sistema Integral estarán más protegidas con este mecanismo que previene riesgos. Aportará mayores garantías de seguridad y será un privilegio ver cómo la violencia contra estas poblaciones irá disminuyendo hasta ser completamente erradicada”, dijo Sara Ferrer, representante residente del PNUD en Colombia.

FUENTE: EL ESPECTADOR