Jorge Aquiles Chica, gobernador del resguardo Tierra Santa, en La Apartada, durante los últimos 21 años, tiene cuatro denuncias ante tribunales indígenas y Fiscalía por el delito de acceso carnal abusivo contra mujeres de su familia, entre ellas una de sus nietas, quien es menor de edad.

“Muchas veces durante mi niñez, no recuerdo cuántas con exactitud, mi padre abusó de mí. Hizo lo mismo con una de mis primas en esa época y, recientemente, cometió esos mismos actos con una hija de ella y con mi hija menor, a quien amenazó si nos contaba la situación. Las dos son unas bebés de 3 y 11 años, respectivamente. Estimamos que por lo menos él tiene siete víctimas, pero ante el tribunal de justicia propia y Fiscalía nos falta hacer llegar un par de estos casos. Aún hay mujeres que tienen temor de hablar o se han retractado forzosamente por presión de su círculo más cercano”. Este es uno de los relatos de Jemima Chica Herrera, indígena del cabildo Tierra Santa, del pueblo zenú, en La Apartada (sur de Córdoba), quien calló por más de dos décadas los abusos sexuales que su padre, Jorge Aquiles Chica Aleán, habría perpetrado en contra de ella y otras mujeres, todas ellas familiares suyas, en el interior de su comunidad.

Chica Aleán, de 70 años, fue por los últimos 21 el gobernador de ese cabildo. Supo ganar legitimidad al mando de Tierra Santa por medio de un apoyo incondicional de los alguaciles indígenas más antiguos de La Apartada y su autoridad no se cuestionaba al llevar lustros defendiendo, dentro y fuera del municipio, la legislación de los pueblos étnicos, la justicia especial indígena y los asuntos relacionados con la reparación de víctimas que dejó el conflicto armado.

Ese cabildo no es un actor colectivo que esté dentro de las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV). Sin embargo, entre las 170 familias que lo habitan, hay desplazados por grupos paramilitares que, en su momento, también fueron despojados de sus tierras. Ellos vieron en Jorge Chica un respaldo poderoso para resolver sus problemas y verse representados en instancias nacionales, según pobladores del resguardo que fueron consultados por Colombia+20.

Pero el respeto unánime que Chica creyó tener durante su mandato se quebró y se convirtió, el pasado 2 de septiembre, en la confrontación de dos bandos en Tierra Santa: aquellas que aseguran que él es un abusador sexual y quienes lo defienden de esos señalamientos para verlo libre, ocupando el mando del cabildo. Ese día, justo cuando la Corte Constitucional tumbó la ley de la cadena perpetua a violadores de niños, niñas y adolescentes en Colombia, Jorge Aquiles Chica fue capturado por las autoridades, tras la solicitud de la Fiscalía 19 Seccional de Montelíbano. El líder indígena fue acusado del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y ahora tiene medida de aseguramiento.Te puede interesar

El caso que llevó a Chica Aleán ante las autoridades ordinarias fue por presuntamente haber abusado, en 2018, de la hija menor de Jemima, es decir, su nieta, con entonces ocho años de edad. Dicha situación, según conocidos de Jemima Chica Herrera en el resguardo, fue motivo suficiente para que otras mujeres de la comunidad no callaran más e hicieran públicas más denuncias en contra del que fue su gobernador hasta la última semana de junio, momento en el que renunció por presión del Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Indígena del Pueblo Zenú, tras la lluvia de señalamientos.

Denuncias ante el Tribunal de Sabios Ancestrales zenúes, luego del testimonio de una de las posibles víctimas.Cortesía

Yolis de la Ossa, jueza de ese tribunal indígena en La Apartada, les siguió el rastro a las denuncias contra Jorge Aquiles Chica, entre ellas las que fueron producto de narraciones por parte de menores de edad a quienes no se les va a revelar su identidad por protección. Luego fue la autoridad encargada de ratificar las pruebas y compulsarlas ante las autoridades competentes en la justicia ordinaria, para que el proceso se adelante también allí.

En el pliego, que ahora está en manos del Tribunal Indígena en Alto San Jorge y la Fiscalía, hay testimonios aterradores, conocidos por este diario, que revelan la violencia que Chica ejercía sobre niñas. Hay uno, por ejemplo, que data del 30 de junio de 2021, en el que una de las madres de las víctimas dice: “Luego de la muerte de su papá, hace unos meses, mi hija fue a la casa de nuestros tíos. Un día me dijo que mientras mi tía salió y los demás niños estaban jugando en el parque, Jorge Aquiles la tomó de la mano y la llevó a la fuerza a la pieza, mientras ella no entendía nada. Ella estaba sorprendida, pues así es la inocencia de una niña de cinco años… luego me comentó que él comenzó a tocarle su pecho y a levantarle las piernas para tocarle sus partes íntimas, primero con la mano y luego utilizando su pene”.

Testimonio de una de las denunciantes ante el Tribunal de Sabios Ancestrales zenúes.Cortesía

En el caso de la hija Jemima Chica, de acuerdo con la otra denuncia de la misma fecha, se habla de una posible amenaza del líder. Cuando le tocó su vulva, le dijo que la asesinaría a ella, junto a su madre, si contaba que él la había abusado sexualmente. “Ella, con temor, salió corriendo y no me dijo nada, y esto pasó en varias ocasiones hasta que ya no soportó más y me contó llorando…”, se lee en el documento.

El 8 de julio de 2021 se llevaron esas denuncias ante el resguardo indígena del Alto San Jorge, en Puerto Libertador, al quedar allí una sala principal del Tribunal de Sabios Ancestrales para los zenúes en el sur de Córdoba. Jorge Aquiles Chica se presentó a rendir declaraciones ante las autoridades y, pese a tener restricción de movilidad para no salir de allí mientras esclarecían su caso, se escapó. Luego viajó hasta Sincelejo donde denunció a su hija Jemima, alegando que ella lo había calumniado y puesto en contra de algunas mujeres dentro de su cabildo. Semanas después regresó a La Apartada a seguir fungiendo como gobernador, aunque ya había renunciado por instrucción del tribunal indígena. Esa situación también fue denunciada por la jueza Yolis de la Ossa.

Exgobernador indígena Jorge Aquiles Chica.

Amenazas en contra de la denunciante

Desde que denunció a su padre, la vida de Jemima Chica se volvió un calvario dentro del resguardo. Desde hace ocho años, por mandato popular, funge como gobernadora suplente del cabildo y ante la ausencia de Jorge Aquiles Chica, la mujer de 33 años fue designada el mes pasado como máxima autoridad.

Esto, según ella, le ha significado una seguidilla de amenazas, vía llamadas telefónicas, en contra de su tranquilidad y su vida por parte de dos de sus siete hermanos, además de dos primos y dos sobrinos. “Cuando tenía 15 años me fui de la casa por los abusos de mi papá y porque nadie me creía. Luego regresé porque el papá de mis hijos me maltrataba. Ahora, nuevamente es mi familia la que me hace daño y se ha levantado en mi contra. Dicen que hago esto para quedarme con el poder, pero no es así. Quiero que se haga justicia, los procedimientos de las autoridades nos han respaldado, tienen suficiente evidencia para tratar el caso y en Medicina Legal, donde ya tienen pruebas seminales, seguramente, nos darán la razón pronto. En Tierra Santa y al sur de Córdoba nos acostumbramos a tener líderes indígenas que utilizan el mandato de nuestra legislación para adaptar decretos a su gusto, con los que hacen de todo menos cuidar a nuestras niñas y jóvenes de la comunidad”, aseguró.

El 9 de julio de 2021, cuando su padre se encontraba en los tribunales del Alto San Jorge, Jemima Chica pidió ante la Fiscalía General un esquema de seguridad, para salvaguardar su integridad. A la fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta alguna por parte del ente investigador. “Desde ese día hice una solicitud de medida de protección. Aquí las balanzas juegan en nuestra contra, porque mientras que mi padre cuenta con un esquema de Unidad Nacional de Protección, además de los cinco guardas locales con los que siempre anda, nosotras estamos desprotegidas y en peligro ante las amenazas que ha hecho mi familia”, sentenció Jemima.

Solicitud de un esquema de seguridad para Jemima Chica Herrera, emitido ante la Fiscalía General de la Nación. Hasta la fecha no hay respuesta por parte de la entidad.Cortesía

Clara* es la única de las víctimas que tiene una denuncia contra el exgobernador Chica fuera del departamento de Córdoba. Según ella, tuvo que desplazarse hasta una oficina de Fiscalía en Quibdó (Chocó) para interponer una denuncia, por temor a represalias: “A comienzos de este año estaba en el baño dándome una ducha y al salir descubrí que estaba abusando a mi bebé de dos años. No aguanté y lo denuncié. Por temor no lo hice a nivel local, pero tenía que tomar acciones”.

Por este caso y lo denunciado por Jemima ante las autoridades ordinarias y especiales indígenas, la Defensoría del Pueblo comenzó un proceso de acompañamiento a las menores de edad afectadas en los posibles abusos. Los indicios actuales que maneja la Fiscalía, de acuerdo con un comunicado público en video de la directora de la entidad en Córdoba, Cindy Vargas, sugieren que más mujeres como Jemima y sus primas habrían sido violentadas sexualmente por el exgobernador Chica, cuando eran menores de edad, pero necesitan pruebas robustas para establecer un patrón.

De acuerdo con Medicina Legal, en 2020 se presentaron 13.359 casos de violencia sexual de menores de edad. Al menos el 85 % de estos casos no se denuncian, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dado que los abusadores son familiares. En caso de que se compruebe su responsabilidad, el exgobernador Chica podría pagar una pena hasta de 20 años de cárcel por actos sexuales con menor de 14 años y agravantes, según el Código Penal.

La defensa de Jorge Aquiles Chica

Según los relatos de conocidos del exgobernador Chica, el hombre se encuentra delicado de salud, al tener dificultades con su presión y por bajones de azúcar recientes. Por ese motivo su defensa estaría pidiendo una pena extramural, mientras se resuelven los casos por los que se le acusa.

Miguel*, alguacil indígena cercano al exgobernador, sostuvo que esto se trata de un entrampamiento y que a pesar de que están hablando de pruebas delicadas, “las mujeres mienten y solo quieren el poder”. Este medio intentó contactarse con el abogado y con miembros cercanos a la guarda personal del acusado, pero no se recibió ninguna respuesta.

Otros allegados de Chica Aleán, que pidieron no ser nombrados, reiteraron que emprenderán acciones legales frente a las personas que, según ellas, “están atentando contra el buen nombre de una persona que ha defendido a los más vulnerables de Tierra Santa”.

Por lo pronto, Jemima Chica seguirá en funciones como gobernadora del cabildo, en el que espera que durante su mandato sean mayores las expresiones de equidad de género, defensa de la tierra y del territorio, para que, de acuerdo con lo que ella desea, “todas superemos los años llenos de sufrimiento que mi padre les hizo vivir a nuestras niñas”.

FUENTE: EL ESPECTADOR