Víctimas y organizaciones de de desplazamiento forzado, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad hicieron un balance de la reparación que ha habido por este fenómeno en el encuentro “Justicia para los desplazados en Colombia: una deuda pendiente”, en el que imperó la necesidad de que el Estado actúe y frene este flagelo que persiste en el posconflicto. Se estima que más del 54% de las víctimas de este hecho victimizante aún no reciben ayuda económica por parte del Estado.

El desplazamiento forzado en Colombia, hecho victimizante más recurrente y con mayores afectados durante el conflicto armado de acuerdo con la Unidad para las Víctimas, no cesa aún después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Desde quienes la han padecido de forma directa pervive un grito de auxilio para tratar su situación, respetar sus derechos y evitar que siga ocurriendo con más familias.

El Registro Único de Víctimas (RUV)muestra que de las 9.154.000 víctimas que dejó el conflicto armado, 8.154.000 fueron desplazadas de sus tierras sin rumbo fijo ni protección. La falta de atención integral se ve reflejada en términos de justicia: a la fecha se estima que la tasa de impunidad sobre este delito ronda el 90% en la justicia ordinaria, según la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur).

A casi cinco años de la firma del Acuerdo de Paz y con este hecho victimizante al acecho en diversas regiones del país, ¿cómo y dónde debe actuar el Estado para darle solución a un problema que se ha exacerbado en el posacuerdo? ¿Cómo atender a miles de familias que con el paso de los años no han recibido su reparación?

La situación actual a nivel nacional en esta material y el balance en términos de reparación colectiva, acceso a la justicia y garantías de no repetición fueron los temas centrales del encuentro “Justicia para los desplazados en Colombia: una deuda pendiente”, una iniciativa de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); espacio que fue transmitido en vivo por los canales digitales de Colombia+20 de El Espectador.

Marco Romero, director de Codhes, lamentó que la continuidad de este delito sea un peligro directo para la participación de las víctimas para la construcción de paz en todo el país. Advirtió que ahora más que nunca se le debe prestar atención a la Ley de Víctimas (1448 de 2011), luego de su prórroga, en la medida en que allí será “donde aseguremos que podamos avanzar en las reparaciones colectivas, en las indemnizaciones y soluciones duraderas. La pandemia ha demostrado que la población desplazada es la que ha pagado el costo más alto y no puede extenderse ese sufrimiento”.

Romero indicó que la organización que dirige ha puesto mayor atención en departamentos como Bolívar, Antioquia y Arauca, departamentos que tienen los índices de desplazamiento más altos en este momento. Justamente en torno a estos casos y la continuidad del conflicto, se cuestionó ¿por qué no existe un macrocaso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para este tema?

Verdad integral, insumo esencial para detener el flagelo

La comisionada de la Verdad, Patricia Tobón Yagarí destacó las dinámicas comunitarias y los diálogos locales como una gran instancia a tener en cuenta para escuchar las necesidades reales de las víctimas.

“Lo que ha salido en los diálogos con los pueblos étnicos es principalmente la creación de un Ministerio por la Paz, para atender 17 territorios donde históricamente se ha concentrado el conflicto. Así las comunidades pueden tener entornos en los que el Estado pueda construir una política social que evite o mitigue situaciones complejas como el desplazamiento forzado”, dijo.

La petición de la comisionada para que las voces territoriales fueran más escuchadas y difundidas para conocer la verdad del desplazamiento forzado fue secundada por José Negrete, delegado de la población de desplazados de la Mesa Nacional de Víctimas.

Para Negrete, ni el Acuerdo de Paz en su implementación ha permitido “conocer la verdad absoluta en las regiones sobre este delito”. Y si bien reconoció que hay verdades que están saliendo poco a poco, para él es importante que haya un acto público de perdón hacia ellos por parte de las institucionales del Estado.

“Nos preocupa la desarticulación que se da entre Gobierno Nacional, local y entes que desconocen este fenómeno como algo que está pasando. Hay personas que están tratando de poder sobrellevar estas dificultades en sus territorios, pero en muchos casos es imposible. Necesitamos verdad sobre y desde los responsables, y una garantía en firme de que esto no puede suceder más”, afirmó Negrete.

Dos “casos sombrilla” de la JEP

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, dijo en primicia durante el evento que el tribunal abrirá dos “casos sombrilla”, sumándose a los siete macrocasos que ya están andando, para esclarecer otros hechos sucedidos durante la guerra, que involucran los medios de guerra utilizados por las antiguas Farc, hasta la connivencia entre Estado y paramilitares.

El primer caso, basado en lo que ya se ha hecho en el marco del caso 001 (sobre secuestros cometidos por la exguerrilla), se ocupará de los crímenes cometidos por las Farc a nivel territorial a través de tres subcasos: medios y métodos ilícitos de guerra, crímenes no amnistiables cometidos por estructuras urbanas de las Farc y control territorial y social. En el marco de este último subcaso, la JEP estudiará los actos de violencia sexual, desaparición forzada, las masacres y el desplazamiento forzado.

Mientras que por el lado de la Fuerza Pública, esa justicia abrirá un caso sombrilla para investigar las posibles relaciones que tuvieron con grupos paramilitares. Los cuatro delitos mencionados también serán investigados. De esta manera, la JEP le responde a las víctimas que han solicitado que se abran macrocasos sobre violencia sexual, desaparición y desplazamiento y que estos delitos no sean investigados de manera transversal.

Según Cifuentes, muchas de las víctimas de desplazamiento sufrieron este flagelo “por estar estigmatizados por colaborar presuntamente con la guerrilla, por incursiones de autodefensas, por beneficios económicos por contrabando, por ser blanco de la comisión de asesinatos selectivos, por el intercambio de inteligencia entre agentes estatales y paramilitares (connivencia) u otras acciones generadoras o patrones de criminalidad”.

Aunque, a manera de cierre, el magistrado comentó que ninguna acción será posible si no se implementa el primer punto del Acuerdo de Paz: Reforma Rural Integral.

“Sin Reforma Rural Integral seguramente se repetirán los ciclos de violencia. No es que la JEP sea el encargado de llevarlo a cabo, es un cometido del Estado, pero en sus sentencias tendrá que ordenar que lo que no se ha hecho se tengan que hacer para que estos delitos no vuelvan a repetirse”, afirmó.

¿Cómo cerrar este capítulo que dejó el conflicto?

De acuerdo con el presidente de la JEP, la región del Magdalena es en la que más han avanzado las investigaciones de esta jurisdicción alrededor del desplazamiento forzado. Contó que entre 1997 y 2004, cuando se presentó el pico histórico más alto de desplazamientos durante la guerra (especialmente en el año 2002, con un 24% del total), los departamento del Magdalena (50.91%, casi todos a lo largo de la Sierra Nevada de Santa Marta), Cesar (37.7%) y La Guajira (11.7%) fueron los más azotados por este delito.

Particularmente, las subregiones del sur del Magdalena, el Magdalena Medio y el Bajo Cesar fueron el epicentro de estos hechos victimizantes, de los cuales, según Cifuentes, “aún existe un bajo registro, que no quiere decir un bajo nivel de ocurrencia”.

Los paramilitares, la Fuerza Pública y las extintas Farc, en ese orden, fueron los mayores responsables de los desplazamientos forzados durante la guerra y para Cifuentes, al menos entre 2000 y 2002, fueron la omisión por parte del Estado lo que facilitó que este delito creciera de forma acelerada. “El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo hizo llamados en esos años para activar dispositivos de seguridad en estos sitios que estaban frente a una constante estigmatización. Todo esto fue desatendido y no hubo medidas efectivas para cuidar a las poblaciones.”, sentenció.

A su turno, Luis Jorge Garay, miembro de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazados, compartió las preocupaciones del magistrado Cifuentes al afirmar que las víctimas aún no ven una “reparación integral ni intensiva. Apenas el 54% de los hogares desplazados registrados por el RUV han recibido transferencias monetarias por parte del Gobierno para aliviar su situación de población pobre y vulnerable”.

Punto de vista opuesto al de Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, quien afirmó que durante el gobierno de Iván Duque “se ha avanzado como nunca antes en la implementación de las políticas de reparación sobre sujetos de reparación colectiva”.

Tanto Garay, quien invitó a la audiencia y a las autoridades competentes a pensar a partir de una “justicia desde la memoria” para dignificar a las víctimas por desplazamiento y acabar con las dinámicas endémicas de la guerra, como José Negrete, quien pidió mayor sentido por los contextos culturales para entender y tratar este flagelo, concluyeron que dedicarse de lleno a tratar estas causas le va a dar mucha más legitimidad a la JEP, en sus objetivos de ser órgano de cierre del conflicto armado.

Todas estas posturas las cerró Monseñor Héctor Fabio Henao, de Pastoral Social, quien aseguró que Colombia necesita ya una justicia restaurativa que sane, una justicia punible frente a los mayores responsables que no aporten con verdad y un avance en los macrocasos para que Colombia se reconstruya como sociedad.

FUENTE: EL ESPECTADOR