En los diálogos regionales que la Comisión de la Verdad hizo en Catatumbo, Bajo Atrato, norte del Cauca y Bajo Cauca se escucharon las propuestas de las comunidades para resistir y no permitir la continuidad del conflicto armado. Estos testimonios serán recogidos en el Informe Final.

El anhelo constante por consolidar una paz de largo aliento y ver en sus territorios una posibilidad de no repetición del conflicto armado fueron las consignas que dejaron las comunidades del Bajo Atrato – Darién y Urabá, de la subregión del Catatumbo (Norte de Santander), del norte del Cauca y del Bajo Cauca antioqueño, en los Diálogos Regionales para la No Continuidad y la No Repetición del Conflicto Armado, espacios organizados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), desde octubre de 2020.

Los aportes entregados en estos encuentros se convierten en insumos esenciales que la Comisión tendrá en cuenta en la elaboración de su Informe Final, que deberá conocerse en noviembre de este año.

A través de testimonios de líderes y lideresas, de excombatientes, de actores políticos y empresariales, así como de expresiones artísticas autóctonas, se hicieron también ejercicios de construcción de memoria histórica colectiva y se desnudaron las preocupaciones e inquietudes que estos sectores de la sociedad civil tienen frente a esta etapa de implementacion del Acuerdo Final.

Dudas que son justificadas por el estancamiento en la implementación de algunos puntos del Acuerdo de Paz y las nuevas lógicas y dinámicas de los grupos armados vigentes, pero que no son mayores que sus deseos de ver salir adelante a sus comunidades, a punta de tenacidad, apropiación por su tierra y resiliencia.Estos encuentros son un abrebocas de un próximo Diálogo Nacional para la No Continuidad y la No Repetición del Conflicto Armado. Estas son algunas de las conclusiones más relevantes de los diálogos regionales.

Bajo Cauca, a la espera de una paz consolidada

De las 44 jornadas de profundización, o diálogos previos que la CEV realizó en territorio, 11 se llevaron a cabo en el Bajo Cauca antioqueño. Allí la Comisión confirmó que la sensación de los pobladores es que sienten al Estado como algo lejano y desarticulado de sus necesidades reales.

A esto, Gerson Arias, director de Diálogo Social de la Comisión de la Verdad, lo catalogó como una “presencia diferencial del Estado”. Aquí Arias tuvo en cuenta que “la esperanza que las personas en terreno tuvieron tras la salida de las Farc de sus hogares se agotó de a poco con la crecida exponencial del Eln, los Caparros, las Agc y las disidencias. Hay desesperanza después de tantos esfuerzos y a veces se tiene allí la sensación de que no tratamos de escuchar todos los lados, por eso la importancia de este tipo de encuentros”.Te puede interesar

En el Bajo Cauca no es fácil identificar quiénes son los responsables de la guerra. Los firmantes de la paz de la exguerrilla de las Farc y de otros procesos se mantienen en procesos de reincorporación, a pesar de los ataques contra ellos y contra diferentes expresiones de liderazgo social.

Gerson Arias dijo que estos aspectos servirán para generar recomendaciones en el Informe Final de la Comisión, como la creación de un comité de seguimiento y monitoreo que rastree los procesos de paz y sea garante de una transición hacia la reconciliación en esta parte de Antioquia.

Participantes en el diálogo, como Ludys Soto, representante de comunidades indígenas, destacaron el valor que tiene en el territorio la resistencia de sus líderes, porque ante Colombia el Bajo Cauca se quiere proyectar como una zona en la que a pesar de las disputas territoriales, narcotráfico y minería legal, que han puesto a los habitantes de esta región en una zozobra permanente, la paz es posible.

Las apuestas del Catatumbo por contar la verdad

En el Catatumbo hay tres nociones de por qué persiste el conflicto. En su momento, los panelistas de ese encuentro, llevado a cabo el 15 de octubre de 2020, concluyeron que no hay voluntad política para negociar con los grupos armados que perviven allí, que se deben consolidar pactos interinstitucionales para encontrar a todos sus desaparecidos y que debe haber un mayor acompañamiento estatal, más allá de la “presencia fugaz con botas”.

Gerson Arias apoyó estas peticiones con el reclamo de que deben cesar las estigmatizaciones hacia esta región. “No hay que dejarnos nublar por la persistencia de la violencia para implementar bien el Acuerdo, como estas personas lo merecen… ya están agotados de que siempre se les asocie con muerte y crímenes”, dijo.

Los aportes del Catatumbo para el Diálogo Nacional que hará la CEV se encaminan a evidenciar que las organizaciones sociales se pueden hacer más fuertes y se pueden afianzar aun en medio de las condiciones más hostiles. En su momento estas conclusiones las avaló el comisionado Saúl Franco, quien medió el panel y aseveró que “son ellos los que tienen esa realidad encarnada, ellos son eso: la encarnación de los porqué de este conflicto, protagonistas y víctimas que les ha tocado vivir en carne propia lo que les ha pasado. En Catatumbo dejan el alma y la piel por la paz para que toda la verdad sea dicha”.

Bajo Atrato, la necesidad de un “mea culpa”

La ley del silencio se ha tomado al Bajo Atrato por décadas. El pasado 9 de julio la CEV organizó su diálogo regional allí para sentar posturas y ahondar en las causas de la guerra que los quisieron callar por tantos años. En esta zona, y también a lo largo del Darién y el Urabá, esto pervive por momentos, pese a los esfuerzos comunitarios para afrontar esta etapa. Arquímedes Carpio, vocero de la Organización Regional de Consejos y Autoridades del Pueblo Wounan, dio fe de eso en el encuentro al asegurar que “los pueblos indígenas vivimos en una crisis humanitaria que nos mantiene marginados y confinados por los grupos armados. Poco podemos hacer ante la ola de asesinatos y desplazamientos”.

La Comisión de la Verdad se topó en este diálogo con testimonios crudos que le muestran al país que en esta parte de Colombia deben ahondar los esfuerzos para no repetir la guerra. De hecho, La Paz en el Terreno precisó que entre 2017 y el primer trimestre de 2021, en Chocó, se presentaron 126 amenazas contra líderes y lideresas sociales, dentro de las cuales se perpetraron 44 asesinatos.

“Los cambios para mejorar la situación tienen que ser rápidos, o si no, ¿a cuál paz le estamos apostando? Hay personas que ejercen liderazgos en el norte del departamento que no pueden acceder a terreno con esquemas de seguridad”, denunció Adith Castillo, coordinadora de la Territorial Chocó de la CEV.

Ser mujer o provenir de grupos minoritarios aumenta las posibilidades de ser atacado por un grupo armado en el Bajo Atrato. Aun así la tenacidad de los liderazgos provenientes de estas poblaciones se hizo más visible que nunca en el encuentro, y dentro de sus conclusiones para seguir apostándole a la paz está que debe haber mayor diversidad política, acompañada de garantías de seguridad, para que Chocó vea más y mejores posibilidades de salir adelante.

Así lo analizó Zenaida Martínez, consejera de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, quien además no quiere quedarse en las cifras de que en Chocó hay más de 428.000 víctimas del conflicto armado, sino que propone que para parar la violencia armada “deben protegerse todos los planes de vida y de salvaguarda, reconociendo los errores del pasado”.

Norte del Cauca y Cordillera, paz y desarrollo económico

En el departamento del Cauca se concentran más de 281.338 víctimas del conflicto armado, principalmente afectadas por hechos victimizantes como desplazamientos forzados (391.546 episodios) u homicidios perpetrados por paramilitares, guerrillas o cuerpos del Estado (52.391), según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Luego de la firma del Acuerdo de Paz, muchos procesos comunitarios se fortalecieron, pero eso no siempre fue sinónimo de una mejoría en los indicadores de seguridad de los municipios. De hecho, distintos centros de investigación coinciden numéricamente en que entre agosto de 2018 hasta el primer semestre de 2021 fueron asesinadas 206 personas en esas mismas causas, un promedio de siete homicidios al mes.

Frente a ese panorama delicado, Clemencia Carabalí, lideresa de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca y panelista en el encuentro llevado a cabo el pasado 3 de agosto, denunció que en el departamento persiste una falta de respuesta institucional que se articula con los intereses de actores armados que ven la guerra como un negocio inacabable. “El Estado tiene que detener esta situación y, por supuesto, que vaya más allá de la presencia de pie de fuerza que de poco o nada sirve y con la que han intentado camuflar problemas estructurales que nos afectan”, sentenció.

Gerson Arias, además de compartir esta postura, diciendo que es momento de que la Fuerza Pública se conecte con los territorios, insiste en que las banderas de la no repetición de la guerra en el norte del Cauca las deben llevar también los sectores productivos de la región, pues son ellos los que “pueden generar desarrollo frente a las comunidades históricamente más marginadas. Muchos grupos económicos han pagado sus impuestos, pero, ¿qué más han hecho por la región? Hay deudas históricas que se pueden comenzar a pagar ahora”.

Y si bien industriales locales, como Carlos Arturo López, presidente del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, sugirieron que a Cauca le falta más competitividad para salir adelante, este pedido necesita ir de la mano con premisas, como las expuestas por Víctor Armero, también panelista, quien aseguró que el Cauca y sus municipios se acercarán más a la paz cuando “los gobiernos no tengan una distancia tan notoria con la gente y se terminen así las conductas históricas de omisión”.

FUENTE: EL ESPECTADOR