La Procuraduría le solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir cuatro nuevos macrocasos. En concreto, investigaciones que se centren en: desaparición forzada, violencia sexual y basada en género, desplazamiento forzado, y medios y métodos de guerra ilícitos.

En la petición, el Ministerio Público presentó un análisis y cifras de cada uno de los hechos victimizantes que, según la Procuraduría, se recopilaron de diferentes fuentes de información. Dentro de las consultadas, hay incluidas instituciones del Estado y organizaciones de víctimas que pidieron a la Procuraduría intervenir ante la JEP.

Según la Procuraduría, la magnitud de la victimización de casos hacen necesario que el ente de control pida a la JEP que para estos macrocasos se desarrollen nuevas estrategias de investigación. Estas, según el Ministerio Público, deben responder a las demandas y afectaciones de las víctimas, dado que, según expresó, es necesario para superar las condiciones que llevaron a la ocurrencia de estos hechos y garantizar su no repetición.

En cuanto a la solicitud de apertura del macrocaso de violencia sexual y violencias basadas en género, la Procuraduría dice haber identificado más de 2.000 víctimas. Según manifestó el ente de control, se enfatiza la instrumentalización del cuerpo de la mujer como una forma de ejercer autoridad y control por parte de los grupos armados. Igualmente, dijo la entidad, dichos hechos generan un impacto desproporcionado en niños, niñas y adolescentes, así como en la población étnica y LGTBI.

Por otro parte, el ente de control advirtió que los hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado afectaron a más de 80.000 víctimas. Según expresó el Ministerio Público, esta fue una práctica sostenida y deliberada por parte de los diferentes actores que son competencia de la JEP y que, a la fecha, según la Procuraduría, registran altos índices de impunidad.

A su vez, el Ministerio Público analizó el fenómeno del desplazamiento forzado, mediante un enfoque territorial y diferencial. Para la Procuraduría, la eventual apertura de este nuevo macrocaso constituye una obligación constitucional para los millones de personas que se vieron obligadas a abandonar su lugar de origen y convirtiéndose en población vulnerable.

En la última de las solicitudes, sobre el macrocaso de métodos y medios de guerra ilícitos, la Procuraduría expuso una serie de acciones en contra de la población civil a manos de actores armados. Según el Ministerio Público, las acciones abarcan actos de terrorismo, el uso de minas antipersona y sensibles daños medioambientales.

FUENTE: EL ESPECTADOR