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junio 28, 2021

‘Ser una persona trans en Colombia es una sentencia de muerte’


El nuestro es uno de los cinco países donde más se vulneran las vidas de esta población. ¿Por qué?

“Eso somos como país también, el daño sin tregua al cuerpo de las travestis. La huella dejada en determinados cuerpos, de manera injusta, azarosa y evitable, esa huella de odio” – Camila Sosa Villada, en ‘La malas’ (2019)

Luciana Moscoso, una mujer trans de 26 años, la asesinaron en su casa, en el barrio Ciudad Berna, en Bogotá. Su cuerpo, envuelto en una cobija y con muestras de violencia, fue encontrado por la Policía el pasado 12 de junio, dos días después del crimen, tras el aviso de vecinos que se percataron del hedor que emanaba de su apartamento.

Estilista y maquilladora profesional, Luciana era una voz visible de la comunidad trans. Sobre su muerte, sin embargo, hay versiones distintas. Por el desorden en el que encontraron su vivienda, las autoridades presumen que los hechos estarían relacionados con un robo, pero su familia y organizaciones defensoras de los derechos de la población trans aseguran que, con base en las descripciones que les entregó Medicina Legal, se trataría de un asesinato premeditado.

El de Luciana es uno de los 20 asesinatos de personas trans documentados por los colectivos que luchan por sus derechos en lo corrido del año. Y se suman a los 32 del año pasado.

“Las personas trans en Colombia enfrentan un ‘continuum’ de violencias, de faltas de acceso a derechos y de impunidad”, subraya la activista Juli Salamanca, vocera de la Red Comunitaria Trans, una organización que denuncia casos como el de Luciana. “Quienes violentan a las personas trans lo hacen porque quieren borrar su construcción identitaria, pues esta no se ajusta a las ideas socialmente aceptadas sobre género”.

Por eso, explica Salamanca, son comunes los casos de mujeres trans a quienes, además de golpearlas, les cortan el cabello o las agreden incluso con armas cortopunzantes en los senos y los glúteos, áreas donde, por lo general, se han practicado intervenciones quirúrgicas correspondientes a su expresión de género.

Me decían que me iban a matar, que eso me pasaba por marica, por vestirme de mujer; que me volviera hombre

Un caso reciente es el de Mía, una mujer trans y trabajadora sexual de 25 años del municipio de Arauca (en el departamento del mismo nombre), quien el pasado 4 de junio fue abordada por ocho hombres que, en plena vía pública, la torturaron y la amenazaron de muerte. “Me dieron patadas en la cara y el cuerpo; me golpearon con palos y peinillas (planazos); me metieron un arma blanca en la boca, y me cortaron el pelo”, relata. Ella vivió cuatro horas de horror. La amarraron de pies y manos, la desnudaron, la bañaron con agua fría y le gritaron todo tipo de insultos. “Me decían que me iban a matar, que eso me pasaba por marica, por vestirme de mujer; que me volviera hombre”. Por estos hechos, hoy dos hombres están en la cárcel y se trabaja en la identificación de los demás responsables; Mía y su familia recibieron una medida de protección.

Pero los de Luciana y Mía no son casos aislados sino tan solo dos muestras de la violencia sistemática en contra de las personas con experiencia de vida trans. Juli Salamanca lo expresa con vehemencia: “Ser una persona trans en Colombia es una sentencia de muerte”.La tormenta de la primavera transVideoLa violencia oculta contra los hombres trans en ColombiaVideoEl orgullo de ‘resistir’ en el Paro NacionalPrejuicios e impunidad

Las cifras muestran un panorama alarmante. De acuerdo con el Observatorio Prediva, de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (Gaat), en 2021, con corte al 28 de junio, han sido asesinadas 20 personas trans en Colombia. A este ritmo, se prevé que podría repetirse e incluso superarse el escenario de 2020, cuando la Red Comunitaria Trans —que elabora su propia lista, al tener contacto directo con esta población— totalizó 32 asesinatos durante el año (31 mujeres y 1 hombre), aunque la Defensoría del Pueblo solo tiene información de 28 (27 mujeres y 1 hombre).

Al crimen, sin embargo, le sucede el olvido. Las organizaciones que acompañan los casos advierten que estas cifras son la punta del iceberg, pues existe un alto subregistro. Aseguran que buena parte de las víctimas no denuncian por temor a represalias de sus agresores o porque consideran que no cuentan con garantías procesales para que se haga justicia.

Población trans en Colombia.

En Colombia, el ‘Día del orgullo de la comunidad LGBTIQ’ se conmemora este lunes 28 de junio. Y la gran marcha #YoMarchoTrans, en Bogotá, será el viernes 16 de julio.Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

De ahí que las cifras que manejan las organizaciones sociales en ocasiones no coincidan con las que presentan las instituciones. De hecho, esos ‘conteos independientes’ surgen precisamente porque en el país hay vacíos en la documentación de los casos y no existen estadísticas oficiales y fiables que den cuenta de las características de los feminicidios de mujeres trans ni de los homicidios de hombres trans.

“En el censo poblacional existen solo dos categorías: ‘hombre con pene’ y ‘mujer con vagina’, y con base en ellas se generan derechos y oportunidades a los cuales las personas trans muchas veces no podemos acceder. Es como si no existiéramos para el Estado”, explica Juli Salamanca. “Cuando van a registrar la muerte o el asesinato de una persona trans no respetan su identidad, llenan el papeleo de la víctima como ‘hombre’ si es una mujer trans, o viceversa. Y en la descripción del levantamiento del cuerpo detallan que vestía ‘prendas femeninas’ o que tenía implantes mamarios, pero insisten en que es un hombre”, sigue Juli.

Con estos registros, Colombia se ubica entre los primeros lugares del deshonroso listado de países donde más se vulneran las vidas de la población trans.

El proyecto de investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT) lo demostró en su informe más reciente. Su conteo documentó 350 asesinatos de personas trans y género-diversas entre el 1.º de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Los datos arrojaron que América Central y del Sur, con el 82 % de los casos (287), es la región más violenta. Allí se ubica el mayor número de asesinatos en un solo país: Brasil, con el 43 % de las muertes globales de ese periodo (152 personas). Le siguen México, con 57; Estados Unidos, con 28; Colombia, con 21, y Argentina, con 12.

El abogado Andrés Santamaría, ex defensor del Pueblo del Valle del Cauca y uno de los pocos funcionarios públicos del país que han alzado su voz para denunciar la situación de violencia contra la población trans, recuerda que, en el 2009, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) le hizo un llamado de urgencia al Gobierno colombiano para que interviniera ante los asesinatos sistemáticos contra las mujeres trans. Se referían al caso de María Luisa Perea, de 46 años de edad, estilista de profesión, cuyo cuerpo fue descubierto el 4 de diciembre del 2006 al frente de su casa, en una cancha de fútbol. “El cuerpo presentaba muestras de haber sido apuñalada hasta en 24 ocasiones, además de ser violada sexualmente, golpeada y torturada antes de morir”, señaló esa entidad.

“La violencia contra la población trans en Colombia ha ocurrido durante muchos años ante la indiferencia de todos. Y en Cali, la situación es muy preocupante. La hemos denunciado hasta a nivel internacional, hemos logrado urgentes llamados de atención para el país y no ha pasado nada. Con esta comunidad se violan todos los derechos humanos”, añade Santamaría, director de Recon, una fundación que apoya emprendimientos de carácter social, entre ellos, varios con la población trans.

A la indiferencia social se suma la ausencia de justicia. La organización Colombia Diversa establece que el porcentaje de impunidad en casos de homicidios o feminicidios de personas LGBTIQ (Lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexual y queer) es del 90,57 %. Ese indicador aumenta cuando se analizan casos puntuales contra personas trans: en mujeres trans, con 300 procesos abiertos entre 1993 y 2020, es del 91 %, y en hombres trans, con solo 10 procesos en el mismo periodo, es del 100 %.

Es verdad que la Fiscalía cuenta con una estrategia transversal de investigación y análisis de las violencias dirigidas a las personas LGBTIQ. En algunos casos ha habido resultados destacables, como en el de Mía, en Arauca. O en el de Melibeth Marchena, una mujer trans de Magdalena, quien en abril pasado fue asesinada a tiros en su casa y el responsable fue procesado por feminicidio agravado. Pero estos casos, lamentablemente, son más una excepción que una constante. Así lo explica Gustavo Pérez, coordinador del área de Derechos Humanos de Colombia Diversa: “Aunque sí hay esfuerzos y avances por parte de las instituciones, es claro que persisten muchas barreras de acceso a la justicia”.

Pérez advierte que, además de las fallas estructurales propias del sistema judicial, hay otros problemas relacionados con los prejuicios de los funcionarios. “Esto afecta el desarrollo de las investigaciones, pues se parte de hipótesis prejuiciosas, lo que impide que se recolecte evidencia o incluso se pierda. Así, pasan los años y los procesos no avanzan y quedan archivados porque la Fiscalía rara vez logra identificar a los presuntos responsables”. Y aún cuando los casos se investigan como tentativas de homicidio o feminicidio, lesiones o tortura —añade— no suele practicarse un análisis diferencial ni se imputan cargos agravados por razones discriminatorias.

La impunidad es mayor en casos de violencia policial: Colombia Diversa estima que roza el 100 %. Los estudios realizados y las voces consultadas en este reportaje coinciden en que la Fuerza Pública constituye uno de los principales agentes agresores de la población trans. Y las mujeres trans, sobre todo las trabajadoras sexuales, así lo testifican.

Las organizaciones comunitarias denuncian que en 2020 esta violencia se agravó por cuenta de la pandemia, pues a la Policía se le delegó, en gran medida, la función de hacer cumplir las restricciones de movilidad para mitigar el contagio de covid-19. En ese escenario, aseguran, miembros de esa institución se excusaron en sus labores para cometer abusos contra la población que salió a trabajar para subsistir, como vendedores informales y personas trans trabajadoras sexuales

Uno de los episodios más severos ocurrió en la localidad de Los Mártires, en junio de 2020, cuando cinco mujeres trans, trabajadoras sexuales, fueron agredidas por un grupo de uniformados, quienes las golpearon con bolillos e incluso les dispararon proyectiles de goma, provocándoles heridas de gravedad. El Distrito hizo el acompañamiento del caso y meses después halló que el 8 % de las víctimas de casos de abuso policial en la capital son personas trans.

Este caso, así como una veintena de denuncias por agresiones a personas trans durante la vigencia del ‘pico y género’ en Bogotá en abril de 2020 y el ataque del cual fue víctima una mujer trans en el Metro de Medellín por parte de bachilleres de la Policía en julio, evidenciaron el grado de vulnerabilidad al cual están expuestas las personas trans en las calles, sobre todo aquellas que son mujeres y ejercen el trabajo sexual.

“En muchos casos, los agentes de la Policía justifican estas agresiones diciendo que las mujeres trans cometieron hurtos o agredieron a otras personas. Sin embargo, estas acusaciones casi nunca se pueden comprobar”, expone Colombia Diversa en su balance más reciente sobre la violencia contra personas LGBTIQ, en el cual agrega que “muchas veces la violencia de la Policía es desproporcionada”.

Población trans en Colombia

Colombia es uno de los cinco países donde más se vulneran las vidas de las personas trans.Foto:

Santiago Saldarriaga. EL TIEMPOUna violencia estructural

Arrendar una habitación en un barrio que no esté ubicado en una zona de tolerancia, buscar trabajo en una empresa privada, asistir a una consulta médica. Estas son actividades que podrían resultar comunes entre buena parte de la población, pero para una mujer o un hombre trans representan un desafío enorme.

Históricamente, se ha caído en la falsa creencia de que las personas trans padecen una suerte de ‘trastorno patológico’ porque su identidad de género no coincide con su sexo asignado al nacer. En junio de 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró oficialmente la identidad trans de la clasificación como enfermedad mental. Hoy se la considera “incongruencia de género”. Vale recordar que la misma entidad eliminó la homosexualidad del listado de dolencias psiquiátricas hace un poco más de 30 años:
el 17 de mayo de 1990.

Desde Naciones Unidas se ha advertido que “tratar a las personas trans como si fueran enfermas es una de las principales causas de las violaciones a los derechos humanos que enfrentan estas personas”.

Pero que lo haga patente una institución, por más influyente que sea, no garantiza el cambio de conciencia en la sociedad. Los prejuicios tienen un grave impacto en la población trans. En ámbitos como el trabajo, la educación y la salud, son discriminadas constantemente. La consecuencia es una posición de desventaja social y económica frente a otros grupos poblacionales que las confinan en lugares de alta segregación y marginación.

Expertos describen esa realidad como “un ciclo estructural de pobreza”, el cual inicia en los hogares, cuando las personas trans son rechazadas por sus familias y expulsadas de sus casas, o en algunos casos cuando son víctimas de desplazamiento forzado por parte de grupos armados ilegales que las amenazan y violentan en razón de su identidad de género.

Así, muchas personas trans, ante la falta de oportunidades, acaban sumergidas en ámbitos laborales precarios y altamente criminalizados, como la prostitución. Datos del Gaat señalan que para el 69,1 % de las mujeres trans y el 50 % de los hombres trans el servicio sexual es su principal actividad.

“No es que yo quiera estar en esto, sino que es lo que hay y tenemos que sobrevivir”, dice Lorena, una mujer trans de 24 años de Medellín, quien confiesa que se dedica al trabajo sexual con temor a ser asesinada. Un miedo que comparte con muchas de sus hermanas, como se llamaban entre sí. Y no son simples percepciones: la Red Comunitaria Trans asegura que 16 de las 31 mujeres trans asesinadas en 2020 eran trabajadoras sexuales.

Población trans en Colombia

Los hombres trans son invisibilizados en muchos espacios.Foto:

Cortesía

Sin embargo, salir de esos contextos no es solo una cuestión de voluntad. El estudio ‘Línea base PPLGBT’ evidencia que en Bogotá, por ejemplo, solo el 7,89 % de mujeres trans accede a la universidad, frente al 14,29 % de hombres trans. El bachillerato solo lo completan un 57,89 % y un 57,14 %, respectivamente. Ese escaso nivel educativo está ligado a la deserción por temor a ser víctimas de discriminación y a la falta de protocolos y enfoques diferenciales por parte de las instituciones.

Este ciclo de violencia lo completa el derecho a la salud, quizá el más vulnerado.

Organizaciones sociales consultadas explican que muchas personas trans no cuentan con un documento que se ajuste a su identidad, y esto les representa un camino de trabas para solicitar procedimientos y consultas, incluso, aquellos que resultan tan cotidianos como un chequeo general. Ante ese rechazo, tienden a evitar la consulta médica a tiempo. Experimentan miedo, y en ocasiones solo vuelven a un hospital cuando las enfermedades han avanzado y ya no hay opciones de tratamiento. Esto es gravísimo porque, según advierten, por décadas, la negación de la atención médica ha llevado a que las personas trans se automediquen de manera privada o clandestina y queden expuestas, entre otras cosas, a intervenciones sin evidencia científica de eficacia y seguridad.

¿Es tal la relevancia del documento de identidad, ese ‘pedacito de plástico’?

Tomás Anzola, hombre trans y coordinador de Incidencia Política de la Fundación Gaat, responde que sí. Esa organización publicó en marzo pasado el informe TRANSidentifiquémonos, el cual concluye que el derecho a la identidad es un punto central para el goce pleno de otros derechos. En efecto, añade él, el cambio y corrección de los documentos de identidad, posible en Colombia desde 2015 a través del decreto 1227, reconoce a las personas trans como ciudadanos y les facilita el diálogo con las instituciones del Estado.

Pero Anzola advierte que este es un tema que se debe abordar con pinzas. Cambiar el componente de sexo en la cédula no garantiza de manera automática la garantía plena de derechos, aunque sí está demostrado que reduce la discriminación en algunos escenarios. Según explica, han identificado distintas barreras a la hora de acceder al derecho a la identidad. Esto, a través de un trabajo de acompañamiento que ha hecho el Gaat a 250 personas trans en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

Las barreras descritas son variadas, pero entre las más recurrentes se encuentra la calificación del nombre identitario como irreal e ilegal por no corresponder al nombre legal (el que se les impuso al nacer).

Las instituciones deben hacer ajustes razonables y adecuar una variable de identidad de género o una casilla de nombre identitario, independientemente si ya se hizo el cambio de documentos

Identificaron, además, la necesidad de llevar el registro civil de nacimiento a todas partes para confirmar su identidad; la imposibilidad de iniciar el trámite de corrección de sexo y cambio de nombre por los altos costos (entre 250.000 y 300.000 pesos colombianos); la exclusión en procesos laborales, espacios educativos, espacios públicos y dificultades en el acceso a la salud por la diferencia entre el nombre legal y el identitario; violencia de la sociedad en general, basada en prejuicios y fanatismo religioso, y falta de conocimiento sobre el marco legal vigente.

Por eso, Anzola eleva un llamado: “Las instituciones deben hacer ajustes razonables y adecuar una variable de identidad de género o una casilla de nombre identitario, independientemente si ya se hizo el cambio de documentos, para que se nos trate como a cualquier otro ciudadano”. De lo contrario, el acceso y la garantía plena de derechos seguirá siendo una deuda histórica con esta población.Ellas, más afectadas

La Defensoría del Pueblo informó que en 2020 acompañó 516 casos de violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ. En esta categoría entran todos los hechos de discriminación y violencia, y también los homicidios y feminicidios. El aumento es altamente preocupante pues en el 2019 fueron 227 casos, es decir creció más del doble.

Pero del balance del año pasado salta a la vista, además, que 247 casos corresponden a violencia en relación con la identidad y expresión de género de personas trans: 225 mujeres y 22 hombres. En comparación con los casos de los otros ‘subgrupos’ de la población LGBTIQ que acompañó el organismo de control: 129 a hombres gay, 77 hacia mujeres lesbianas, 27 a personas bisexuales y 36 con otra orientación e identidad de género.

La proporción se mantiene en casos de homicidios y feminicidios, que el año pasado fueron 77. De ese total 27 de las víctimas eran mujeres trans, 14 hombres gay, 8 mujeres lesbianas, 1 hombre transgénero y 27 casos en los cuales no se identifica la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.

Este panorama ubica a las mujeres trans como el grupo más vulnerable a ser víctima de violencia. Las causas se atribuyen a un fenómeno que se conoce como ‘doble discriminación’, pues ellas enfrentan la vulneración de sus derechos por ser mujeres y por ser personas trans.

La activista y defensora de derechos humanos Laura Weinstein, quien falleció a inicios de este año, lo explicaba así: “Somos mucho más visibles, y los estereotipos que se nos imponen de feminidad son mucho más fuertes. Siempre va a haber alguien que nos recuerde que no llegamos a esos estándares. Y cuanta más visibilidad, más violencia y menos oportunidades. Un chico tiene una transición que muchas veces no se nota, mientras que a las mujeres, ya sea por la condición ósea u otras cuestiones, se nos nota más, y ahí empieza la discriminación”.

Laura Weinstein

Los aportes de Laura Weinstein fueron claves en la lucha por los derechos de la población trans.Foto:

Cortesía GAAT

Es cierto que en los últimos años varias mujeres trans en Colombia han superado barreras y se han destacado en distintos campos, como la política, los medios de comunicación, la ciencia, las artes y el deporte, marcando un precedente para esa población.

Algunas de ellas son Tatiana Piñeros, hoy alcaldesa encargada de la localidad de Los Mártires, en Bogotá; Matilda González Gil, quien en 2019 dirigió la Secretaría de la Mujer y Asuntos de Género de Manizales; Solypsi Navia, la primera mujer trans legalmente reconocida como docente de un colegio público, y Brigitte Baptiste, la primera mujer trans en ser nombrada rectora de una universidad en Colombia.

Pero sus testimonios, aunque valiosos en términos de representación, son apenas casos excepcionales. La discriminación no da tregua y se ha ensañado, sobre todo, contra las mujeres trans. “No es fácil tener que registrar tantos asesinatos de nuestras hermanas. Nos duele y es imposible no sentir miedo… mañana puede ser cualquiera de noso-TRANS”, se lee en una publicación de la Red Comunitaria Trans en redes sociales.Sin avances en política pública nacional

La gran pregunta es cómo contrarrestar la violencia sistemática que sufren las personas con experiencia de vida trans.

Desde hace años, organizaciones comunitarias adelantan algunas iniciativas, como fondos de ayudas monetarias, grupos de atención y apoyo, jornadas de capacitación en derechos, ollas comunitarias y un amplísimo etcétera. Pero todas coinciden en que sus esfuerzos son insuficientes si no hay una atención integral desde el Estado.

Una respuesta que podría ser eficaz es implementar la Política Pública Nacional LGBTI, expedida por decreto en mayo de 2018 por el entonces presidente Juan Manuel Santos tras una orden de la Corte Constitucional. Esta iniciativa permite materializar todos los derechos que le han reconocido a esta población en las últimas décadas, además de tener sistemas de información confiables sobre sus necesidades, prevenir casos de violencia y formar a servidores públicos en el tema.

Pero el decreto se quedó en el papel.

Hoy esa política pública sigue engavetada, a pesar de que en julio de 2020, al fallar a favor de una tutela de la activista Laura Weinstein, un juez de Bogotá le ordenó al Ministerio del Interior iniciar las gestiones administrativas para la implementación, con un programa y un cronograma de trabajo con fechas claras.

De hecho, este diario conoció que desde diciembre no hay ninguna persona contratada en la Dirección de Derechos Humanos de esa cartera para hacer las funciones de Secretaría Técnica de la Política Pública Nacional LGBTI. EL TIEMPO se comunicó con el Ministerio del Interior para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.

Población trans en Colombia

#YoMarchoTrans, una movilización convocada el 3 de julio de 2020 en rechazo a la muerte de Alejandra Monocuco, una mujer trans que habría muerto por negligencia médica.Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Para Tomás Anzola, que la norma no se ejecute es una amenaza. “Esto expone a discriminación e impunidad sobre todo a la población trans en territorios donde la presencia estatal ya de por sí es escasa”. Y es que en las ciudades donde sí hay Política Pública LGBTI local, como Bogotá o Medellín —asegura—, sí se reconocen ciertas garantías. “Las instituciones se ven obligadas a cumplir sí o sí”.

En el caso de Bogotá, en trece años de implementación, la Política Pública LGBTI ha logrado avances. Así lo asegura David Alonzo, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, quien destaca que en la capital “hay más de cien personas trabajando activamente por la promoción de los derechos” de esta población. Además, dijo, hay una Casa Refugio, dos centros de atención integral (CAIDSG) y desde el Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud (Idipron) se manejan estrategias que favorecen a niños, niñas y jóvenes LGBTI en condición de calle.

El funcionario cuenta que las secretarías de Planeación y de Seguridad también trabajan en la creación del primer sistema de información de violencias contra las personas LGBTIQ, el cual se espera esté listo en 2022. Y recientemente el Distrito se comprometió a realizar un ‘censo de población transgénero’, así como a crear manzanas del cuidado y programas de educación y empleo flexible. Sin embargo, las organizaciones comunitarias insisten en que hacen falta más esfuerzos.

El Gaat asegura que en Colombia el promedio de edad de las personas trans asesinadas en 2020 fue de 27 años, cuatro años menos que la edad promedio de mujeres y hombres trans asesinados en el mundo en ese mismo periodo, según la investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo, y ocho menos de la estimación de expectativa de vida de personas trans de la región, calculada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las estadísticas corroboran lo que activistas y organizaciones sociales advierten a diario: a las personas trans las mata una sociedad que las condena a los prejuicios, la impunidad y la pobreza. Sus voces, entre tanto, resisten y exclaman sin cansancio: las vidas trans importan.

FUENTE: EL TIEMPO


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