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junio 28, 2021

“Preocupa el intento de ocultar la responsabilidad policial”


La guerra por las cifras sobre muertes lesiones oculares, detenciones arbitrarias y desapariciones y abusos sexuales en los 45 días de protestas nacionales, ha quedado como reducto de la explosión social de Colombia durante esas semanas. Las fuentes estatales presentan las suyas, reducidas y atribuidas a actores no oficiales. Los centros de estudio y Ong de derechos humanos, tienen otras más abultadas y con señalamiento directo. Charla con Camilo González Posso, director de Indepaz.

¿Indepaz cómo ha realizado el trabajo y seguimiento de los hechos violentos registrados durante el paro, trabajo y seguimiento que han sido objetados por sectores oficiales que no aceptan las cifras reportadas por ustedes, otras organizaciones y centros de estudio?

Las redes de defensores de derechos humanos en todo el país, fuentes primarias de información, se activaron desde los tres primeros días del paro ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, que se reveló mediante denuncias públicas sobre los asesinatos de 15 jóvenes en el marco de las protestas, 11 de ellos en Cali. Los inquietantes registros de abuso de la fuerza por parte de la Policía y, en especial, del Esmad, acercó a Indepaz, a la Fundación Temblores, organización no gubernamental que tiene experiencia en el seguimiento de prácticas violentas policiales urbanas contra grupos sociales; en el caso de detenciones arbitrarias y prácticas de desaparición forzada, nos apoyamos en la experiencia de la plataforma que encabeza la Coordinación Colombia Europa, y en cuanto a lesiones oculares, ha sido importante el aporte del Programa por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes. Pero, reitero, en nuestro trabajo las fuentes originales son las organizaciones locales.

Es decir, a raíz de los hechos ocurridos durante las protestas, ¿se creó una especie de alianza entre organizaciones de derechos humanos?

Sí. Estamos trabajando de esta manera para aprovechar las fortalezas de cada una de nuestras organizaciones.

Yendo por partes, ¿cómo certifican ustedes, antes de darlas a conocer públicamente, cifras sobre muertes producto de las confrontaciones en las protestas y, ante todo, cómo determinan quién o quiénes fueron los perpetradores?

Siempre nos apoyamos en testimonios de las ONG locales; después, y en el caso de muertes y otras prácticas violentas, confrontamos los registros de Indepaz con los de Temblores. Y en algunas oportunidades nos contactamos directamente con los familiares o con los círculos más cercanos a la víctima.

En cuanto a heridas o lesiones oculares por artefactos del Esmad, ¿cuál es su metodología para tener información seria, documentada y no sesgada?

Es más difícil registrar estos casos porque hay mucha reserva, desconfianza y poca disposición de los familiares de la víctima a dar testimonios. En casos de lesiones oculares, las víctimas no desean que haya registro público sobre ellas porque temen ser revictimizadas o sufrir vulneración de otros derechos. Es un trabajo de recopilación y verificación de información más lento y de contacto directo con sus parientes cuando estos lo permiten.

En cuanto a detenciones arbitrarias y desapariciones se creería que conseguir la información, sin equivocarse, tiene aún mayor grado de dificultad. ¿Cómo logran, ustedes, penetrar ese muro de silencio que parecen establecer las fuentes oficiales entre el hecho y el descubrimiento de la verdad a su alrededor?

El trabajo principal en estos casos también los realizan, en el terreno de los hechos, las organizaciones locales. Nosotros nos basamos en sus informaciones porque no tenemos personas en campo en todo el país. Pero confrontamos los informes locales con los de la Fiscalía y la Defensoría. A estas entidades les enviamos derechos de petición continuamente para poder consolidar datos y registros con los que ellas registran.

La más reciente controversia por cifras se dio esta semana, cuando la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la violencia policial desatada en el curso del paro. La embajadora de Colombia ante la ONU, Alicia Arango, la controvirtió negando los datos sobre muertos y defendiendo la actuación de la Policía. ¿Qué opina usted sobre este tipo de discusiones del gobierno Duque con voceros de organismos internacionales, además de la controversia con ustedes?

Las entidades del Estado entregaron, cada una, cifras diferentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y esto ocurre no solo en este caso, sino permanentemente. Por ejemplo, el informe del Ministerio de Defensa para la delegación de la CIDH registra 19 homicidios de civiles en medio del paro. La Fiscalía le informó sobre 51 muertes, de las cuales acepta que 21 ocurrieron en las manifestaciones. Y la Defensoría del Pueblo declaró que 58 personas perdieron la vida en las protestas, de estas 45 en Cali. También reportó 417 quejas por agresiones, el 73 % con responsabilidad directa de la Policía. Pero, además de la disparidad en la información oficial, lo más preocupante ha sido el intento de varios funcionarios de ocultar la responsabilidad de la Fuerza Pública en cuanto a los homicidios, de los que afirman que han sido ajenos a la represión de la protesta; también preocupa la connivencia de las autoridades con civiles armados que disparan en las manifestaciones, y cuya presencia se explica con inventados enfrentamientos con grupos armados que se habrían infiltrado o con problemas de vecinos.

¿Que las diferentes entidades estatales reporten diferentes cifras indica que hacen su trabajo de manera aislada o que es una forma deliberada de confundir a la opinión pública por la gravedad de los hechos para el Gobierno?

Hay descoordinación de las entidades, hay diferencias de cobertura y criterios, pero sobre todo, en el desgobierno actual, hay una intencionalidad de minimizar las responsabilidades y, de otro lado, de dar explicaciones irreales a fenómenos tan graves como la connivencia de uniformados con civiles armados.

¿Esta actitud de las entidades estatales y funcionarios públicos indicaría, para usted, que existe complicidad oficial con conductas abiertamente ilícitas?

Las evidencias que tenemos, que son de conocimiento público, indican connivencia: se han podido constatar situaciones similares (grupos de policías y civiles armados) en Cali, Pereira y algunos sitios en Santander y Cauca.

Ustedes entregaron, como otras organizaciones, un informe a la delegación de la CIDH. ¿Cuáles datos incluyeron?

Las cifras que entregamos a la CIDH, en un informe conjunto con Temblores y el Programa por la Igualdad y la Inclusión Social de los Andes, tienen corte a 4 de junio de este año. Allí se diferencia el total de las agresiones, de aquellas que son de presunta responsabilidad directa de agentes de la Policía: de 70 víctimas de homicidios en el marco de la protesta, se registran, con alta documentación, 31 de responsabilidad policial; otros 15 homicidios, con fuertes indicios de responsabilidad de los mismos actores y el resto, por acción de civiles armados que actuaron con complicidad u omisión oficial. Damos cuenta también de la lista de 356 personas detenidas arbitrariamente y sometidas a desaparición, sobre las cuales hemos recibido aclaraciones parciales por parte de la Defensoría del Pueblo. Las víctimas con lesiones oculares, que ya ascienden a 73, son atribuidas al Esmad. En conjunto, este informe se acerca a lo registrado por la Defensoría para todas las modalidades de agresión, que indica que el 73 % de responsabilidad de los hechos violentos son de la Fuerza Pública.

Desde luego, el número de muertos, heridos, lesionados de por vida etc., constituye un indicador importante, pero, ¿con el debate por las cifras del paro termina por desviarse la discusión sobre la médula del conflicto, es decir, las causas, y no se pone el foco en las víctimas de carne y hueso?

Lo que resulta cierto es que el Gobierno ha intentado desviar la atención pública hacia la condena de lo que llama “vandalismo” y a tratar de demostrar que la principal víctima es el propio Estado, la Policía y la economía del país, afectada por los bloqueos. El mundo al revés. Con esta estrategia comunicativa se pretende ocultar que la explosión social que se ha dado desde el 28 de abril es resultado de un acumulado de indignación por la incapacidad oficial de dar respuestas a la crisis social de empobrecimiento, hambre, desocupación, desesperanza de la mayoría de la población colombiana.

El Gobierno y el propio presidente Duque dan sus cifras, aunque sin hablar de su sustento. Por ejemplo, el mandatario le adjudicó 10 mil muertes por coronavirus a las marchas. ¿Cree que se trata de una estrategia para crear una realidad paralela a la verdadera?

Esas afirmaciones sobre el impacto de las marchas y concentraciones en el aumento de muertes por COVID-19 no tienen ningún estudio de respaldo. Por el contrario, se han publicado análisis que muestran que los picos de la pandemia, en cuanto a cifras de muertes en Colombia, han seguido tendencias similares en varios países y que no hay correlación con las 12.600 acciones de protesta en espacios abiertos, realizadas en los primeros 45 días del paro. Sobre el nexo entre grandes movilizaciones y aumento de contagios, varias universidades de Estados Unidos, encabezadas por Harvard, han presentado informes mostrando que no hay afectación notable. En Colombia, los estudios publicados por la Fundación Santa Fe y la Universidad de Santander sustentan que no hay relación entre las movilizaciones durante el paro y las tasas de mortalidad por la pandemia.

Le reitero la pregunta: crear una especie de realidad paralela a la verdadera puede ser inmoral, pero es una estrategia que confunde a la gente y, sobre todo, a los organismos internacionales. ¿Cómo enfrentar desde los centros de estudio como el suyo la confusión creada?

Por un lado, dándoles credibilidad a los estudios sustentados y analíticos y no teniendo en cuenta las opiniones fanáticas o ideologizadas que se difunden con intenciones políticas. Y, al mismo tiempo, desarrollando una estrategia alternativa de comunicación ante el aparataje oficial que pretende demostrar la presunta responsabilidad de las protestas en todos los problemas del país. Pero la pregunta de fondo es: ¿por qué los jóvenes y demás sectores dejan de lado el miedo al virus y a la brutal represión, y salen a protestar para exigir soluciones?

Paradójicamente, hay otras cifras que se ocultan o sobre las cuales se desconoce la metodología de recopilación y contraste. En el caso de la pandemia, los números publicados por el Gobierno sí que adolecen de dudosa credibilidad, ¿podemos confiar en ellas, según lo que ustedes han constatado?

En los programas de televisión y en otros medios se dan muchos datos, pero lo importante queda sepultado en medio de palabras rimbombantes, en cuanto a vacunación diaria, número diario de pruebas, programas de prevención, etc. Sobre el manejo de los presupuestos, incluida la compra de vacunas, lo que ha predominado es el secreto y lo que falta es transparencia en la información.

Justamente, y en contraste con el rechazo oficial a las cifras entregadas por organizaciones civiles, la administración Duque se rehúsa a revelar datos de interés público, entre otros el precio de las vacunas adquiridas por Colombia con el argumento de que firmó cláusulas de confidencialidad. El abogado Ramiro Bejarano contó, en su columna, que interpuso recursos jurídicos que obligan al Gobierno a entregarle la información y, aun así, se ha negado. Ustedes han investigado el mercado internacional. ¿Por qué hay interés en ocultar el valor de esos contratos?

El secretismo no se presenta solo en el valor de los contratos de compra de vacunas, sino en el esquema de intermediación que ha montado el Gobierno en estas operaciones. Las veedurías han señalado que el montaje de cláusulas de confidencialidad deja amplios márgenes a la manipulación de los costos y que la negativa a la compra directa ha demorado y encarecido las vacunas. El secretismo en el manejo de recursos públicos también es incompatible con la democracia y con la solución a los problemas de la recesión económica y la tragedia social en medio de la pandemia.

Y es caldo de cultivo para la corrupción y la malversación de fondos públicos, diría yo. ¿Usted también?

Sí. El método de secreto y no transparencia deja el campo abierto a la corrupción, máxime cuando el Gobierno no rinde cuentas sobre el manejo de grandes recursos, como el crédito de US$18 mil millones, del Fondo Monetario Internacional; o el de $40 billones, pendientes de ejecución, del presupuesto de regalías; o el de $64 billones, que tiene disponibles para la contratación de obras, o el de otros billones para los subsidios directos como Familias en Acción y demás.

Redes y alianzas de información en todo el país

Organizaciones no gubernamentales y centros de investigación colombianos vienen reportando cifras de muertos, heridos, desaparecidos, violaciones sexuales, etc., que se presentaron, trágicamente, en medio de las protestas. El gobierno Duque ha rechazado todos los informes que no sean oficiales. Indepaz – y usted lo representa -, es una de las fuentes civiles más citadas, ¿cómo hacen su trabajo de campo, de verificación y de comprobación de la información que aportan?

El Observatorio de Indepaz les hace seguimiento, desde 2006, a indicadores de conflictos violentos en Colombia con informes en varios temas de abusos en derechos humanos. Hemos concentrado la atención en cifras relacionadas con líderes sociales y defensores de paz. Esas cifras convocan a la protección de sus vidas, territorios y a la exigencia de garantías para ellos, las organizaciones civiles y comunidades. En este trabajo hemos construido redes y alianzas con otras organizaciones con cobertura en todas las regiones del país, que son fuente de los registros. Cada caso que se incluye, se valida con las organizaciones locales y, en lo posible, con las familias y defensores.

“No discutimos estas cifras sino el manejo que les dan”

Indepaz y otros centros de estudio y organizaciones de derechos humanos, han sido criticados por los voceros del oficialismo por no reportar datos sobre la violencia del denominado vandalismo que ha dejado daños en bienes públicos, sistemas de transporte, bancos, almacenes, etc ¿Sus informaciones y estadísticas pecan por sesgo?

En cuanto al registro de actos de destrucción de bienes públicos y privados en medio de las protestas, Indepaz ha mantenido su actitud de rechazo y ha condenado los asesinatos de agentes de la Policía, las acciones incendiarias y los bloqueos prolongados por la ausencia o ineficacia de diálogos y negociación. La información más detallada que tenemos en cuanto a destrucción de bienes, tiene origen en la Policía que le ha dedicado su mayor esfuerzo a hacer esta contabilidad. Pero no discutimos tales cifras sino el manejo que les dan porque, de manera frecuente, las presentan como prueba de la presencia de grupos armados o de conspiraciones, sin sustentación y sin diferenciar las situaciones. No es lo mismo un ataque callejero que surge en medio de las confrontaciones que otro aparentemente premeditado, como el incendio de una edificación judicial en Tuluá.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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