En el Pacífico nariñense, los grupos armados les ofrecen jerarquía a los menores de 15, 16 y 17 años como una forma de atraerlos. Estos nuevos liderazgos muestran los peores efectos del reclutamiento forzado.

La degradación de los dos conflictos armados principales en el Pacífico nariñense está a tal nivel que en algunos casos las comunidades prefieren llevar a los menores de edad a la Fuerza Pública a ver si los recibe, antes de que terminen reclutados por los grupos armados: las armas, de todas formas, son la opción A y la opción B.

La disputa del Frente 30 contra el Frente Oliver Sinisterra (FOS), aliado con las AGC y con el Bloque Occidental Alfonso Cano, afecta fuertemente a la población civil, principalmente en municipios como Roberto Payán, Magüí Payán, Olaya Herrera y El Charco, entre otros de la zona. El conflicto entre Los Contadores y el FOS atemoriza la zona rural de Tumaco. La intensidad de estos conflictos ha aumentado la “necesidad” de los grupos de reemplazar a sus muertos en combate.

El Frente 30, FOS y el Alfonso Cano son todos grupos disidentes de las Farc. El primero pertenece al Comando Coordinador del Occidente, una agrupación sombrilla de grupos disidentes que se coordinan entre sí, aunque no está claro cómo. El Alfonso Cano, en diciembre de 2020 oficialmente anunció su vinculación a la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, un poco más de un año después de su creación a raíz de su rompimiento del FOS, otro grupo disidente anteriormente liderado por el infame alias Guacho. Las AGC, también conocidas como el Clan del Golfo y cuyo comandante Matamba fue capturado en Santander hace poco, están aliadas con el FOS y por eso pudieron entrar en la zona; no están vinculadas con la Segunda Marquetalia como lo ha argumentado el Gobierno recientemente.

En la costa pacífica nariñense todos estos grupos han estado reclutando y las ofertas son jugosas. Antes, en lugares como Magüí Payán, El Charco y Roberto Payán, “se les pagaba entre 1,6 y 1,8 millones de pesos a los reclutados. Ahora hay ofertas de entre 3,5 y 3,8 millones de pesos”, dijo una fuente conocedora. “Les pagan eso para que sean carne de cañón, para que frenteen la guerra”. Tanta plata tiene mucho poder de atracción en una zona donde la pobreza es la realidad para la gran mayoría de la población.

Además, a los menores de 15, 16 y 17 años les ofrecen jerarquía como una forma de atraerlos. Y en efecto, en El Charco un comandante de una comisión del Frente 30 tiene 17 años. En Magüí Payán, otro comandante del FOS no pasa de los 18 años. Esto es nuevo porque antes, normalmente, los jóvenes pasaban por un proceso interno de ascenso en el que después de ser campaneros o rasos, podían subir a comandante de una comisión o barrio, por ejemplo. “Antes les daban cositas, plata, luego les daban el arma. Ahora es plata y armas ahí mismo y les dicen que van a liderar y a tener cómo arreglarle la casa a la mamás, dice una líder de una vereda que no citamos por no exponerla.

Estos nuevos liderazgos armados no conocen lo mínimo del Derecho Internacional Humanitario, ni saben sobre las organizaciones que hacen presencia en la zona y que por décadas se han podido mover, ni entienden las mínimas reglas de una guerra. “Están en una actitud permanente de imponer órdenes. No entienden cosas tan básicas como que no deben atacar escuelas y lo que ahora ves en muchas zonas rurales de la costa pacífica nariñense son escuelas destrozadas”, dice una persona que está en el terreno permanentemente y no citamos por su seguridad.

El efecto de ese desconocimiento de las reglas mínimas de la guerra, producto en parte de un reclutamiento acelerado, es que hay una deshumanización del conflicto en la región. Además, hace más difícil todavía hacer cualquier mediación, que antes era posible porque quienes lideraban los grupos eran más educados en estos temas y tenían mayor análisis político.

Las niñas corren riesgos particulares frente a los grupos armados que los niños no experimentan y sus efectos son también desastrosos. En la subregión del Telembí se han registrado casos de violencia sexual por parte de los combatientes hacia menores de edad. En algunas ocasiones, las víctimas son esclavas sexuales de los menores que integran estos grupos. Es tan grave la situación de seguridad, dado que el F30 enfrenta al FOS, la Alfonso Cano y las AGC, que no ha sido posible rescatarlas.

En Tumaco, los grupos tienden a reclutar más a la fuerza que por oferta. Una lideresa del municipio cuenta que en veredas como La Variante, La Espriella o Tangareal, “cada ocho días están llegando grupos por menores de edad. El mensaje es: padre de familia que no cuide a sus hijos, se lo llevan y que nadie se ponga a reclamar”. Incluso cuenta que en su última gestión antes de que saliera desplazada fue con los papás de un joven de 17 años hasta donde el comandante de un grupo en Candelillas a pedirle que no se lo llevaran. “Respondieron que ellos estaban reforzándose y que chico que dé papaya, chico que se llevan”, dijo esta líder, que salió desplazada por intentar evitar el reclutamiento de menores.

Tan grave está la situación, que a veces la estrategia de las comunidades es mandar a los jóvenes en riesgo a que intenten prestar su servicio militar para no ser reclutados por los grupos armados. Es decir, para evitar que terminen cargando las armas de unos, cargan las de otros. Cualquier otra cosa –la educación o el trabajo (informal)– no es una opción en estos casos. “Los chicos se van a presentar al servicio así sepan que no los van a aceptar porque todavía no tienen la edad, pero es eso o que los grupos se los lleven”, dice una líder.

Es una situación que recuerda los años más difíciles de la confrontación armada entre paramilitares y guerrilla, cuando las familias mandaban a un hijo a cada actor armado buscando protección.

En Tangareal, una vereda que queda sobre la carretera de Tumaco a Pasto, donde la guerra es entre Los Contadores y el FOS, se han llevado a por lo menos tres menores de edad este año, aunque Los Contadores han tratado de reclutar a más. Incluso, tres menores, para evitar ser reclutados, se presentaron ante el Ejército, pero a dos los rechazaron. Uno terminó en Bogotá y el otro se quedó en la vereda y hace poco también terminó reclutado.

Según diferentes fuentes, por la carretera, en las veredas y pueblos cerca de Llorente, el FOS está obligando a que en toda reunión de la junta de acción comunal, los menores de 14 años asistan para censarlos y reclutar los “aptos”. También ocurre en la zona de Alto Mira y Frontera, donde varias familias se han ido por el temor de que los grupos armados –FOS y Los Contadores– recluten a sus hijos.

En los barrios de Tumaco, como Nuevo Milenio, según otra persona que lo sabe de primera mano, miembros del Bloque Occidente Alfonso Cano se ofenden si no pueden llevar por lo menos un hijo de las casas que tienen varios. También es común ver a menores de edad desocupados, “parchando” con miembros de los grupos armados que hacen control en algunos de los barrios, lo cual aumenta el riesgo de que terminen reclutados después.

Las denuncias sobre reclutamiento son mínimas frente a la verdadera dimensión del problema. Por un lado, la gente no denuncia, porque hacerlo es visto por los grupos como una infracción que puede costarles la vida; por otro, es tan grave la situación de seguridad, que las instituciones, como la Defensoría del Pueblo o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), muchas veces sólo pueden llegar hasta las cabeceras municipales, cuando el problema se concentra más que todo en las zonas rurales.

Prueba de ese subregistro es que entre marzo y septiembre del año pasado, según cifras a abril de 2021 de la Defensoría –que midió los efectos de la pandemia en el reclutamiento–, apenas había registrados dos casos de reclutamiento en Nariño, de solamente 83 reportados en todo el país. Y aunque Tumaco nunca sale de la lista de municipios priorizados por riesgo inminente sobre este tema, la alerta no se traduce en una reducción del fenómeno.

El subregistro también se ve en las cifras de ICBF, porque según sus números hay incluso una reducción: de 149 menores reclutados en 2018, pasamos a 97 en 2019 y a 71 en 2020, cuando hay bastante razón para pensar que durante la pandemia ha ocurrido todo lo contrario. De hecho, según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), en 2020 al menos 222 niños y niñas fueron víctimas de reclutamiento o estuvieron en riesgo de ser reclutados.

No hay señales de que los diferentes conflictos armados en el Pacífico nariñense terminen pronto: ningún grupo está dispuesto a ceder un centímetro de territorio y todos están listos para pelear toda la zona. Y con lo degradados que están, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes seguirán siendo blanco de reclutamiento ya no sólo para frentear la guerra, sino también para comandarla.

FUENTE: EL ESPECTADOR