Mujeres, niñas, niños, lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia enfrentan con mayor rigor las afectaciones de la pandemia y del conflicto social y armado, en un contexto marcado por profundas desigualdades. Frente a esto, organizaciones de la sociedad civil siguen trabajando por la defensa de los derechos humanos y el cuidado de la vida.

Colombia es, según el Banco Mundial, el segundo país más desigual de América Latina. Además, según un informe del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (IDERE Latam) publicado en 2020, Colombia es el país latinoamericano donde más brechas en los niveles de desarrollo se presentan entre sus territorios. Lo anterior significa que a los colombianos y colombianas les cuesta más alcanzar condiciones dignas en materia de salud, educación, economía, medio ambiente, género, seguridad, entre otros aspectos, situación que se acentúa aún más entre regiones centrales y regiones periféricas y rurales.

Esta situación, además, se ha agudizado con la llegada de la pandemia, que está impactando de manera crítica a estas mayorías. Según analistas nacionales e internacionales, más del 50% de la población económicamente activa de América Latina vive en la informalidad, y Colombia no es la excepción. Por lo tanto, las restricciones a la movilidad, el confinamiento, el cierre de pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas producto de la pandemia, han aumentado las cifras de pobreza y han limitado el acceso a derechos como la salud, la educación y el empleo.

Ese contexto generalizado de crisis social, económica y sanitaria, se suma a la persistencia del conflicto armado en Colombia. La falta de voluntad política del Gobierno para la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC y la ruptura de las negociaciones con la guerrilla del ELN, ha puesto en riesgo la construcción de la paz, y ha dado paso a la reconfiguración de los conflictos territoriales.

Los impactos de este escenario son diferenciados para las mujeres, niñas y niños, y para los líderes y lideresas sociales, quienes además de ver impedido el disfrute pleno de sus derechos, enfrentan múltiples violencias que ponen en riesgo o atentan contra su vida y su integridad.

Violencias de género aumentaron en pandemia

La pandemia puso de manifiesto situaciones de vulnerabilidad que afectan de manera específica y diferencial a las mujeres. La precarización en el cubrimiento de las necesidades básicas, las grandes brechas en el acceso a los servicios sociales, la disparidad de ingresos económicos, sumado al limitado acceso a la educación han desencadenado impactos que hasta ahora solo se han profundizado.

De acuerdo a la publicación “En cuarentena todas nos cuidamos” de la Corporación Con-Vivamos, “las mujeres de los barrios populares, en su mayoría, viven de una economía informal o tienen dependencia económica, y sus recursos provienen, por ejemplo, del trabajo en una chaza (puesto callejero), la venta por catálogo, o de actividades varias que comúnmente llamamos rebusque, otras además dependen económicamente de su pareja o del aporte de algún hijo o hija. A esta limitación económica se suma el aumento de la carga de cuidado en el hogar, que a pesar de su importancia sigue sin ser reconocido”.

Por ejemplo, según ONU Mujeres, las mujeres dedican a las labores de cuidado en promedio unas 50,6 horas semanales, en comparación con los hombres que dedican 23,9 horas, promedio que ha aumentado en tiempos de pandemia. A esto se suma que la tasa de desempleo de las mujeres en 2020 se ubicó en el 26,2%, la más alta de la historia.

Pero además de la situación económica de las mujeres, la violencia machista sigue siendo un factor alarmante y que aumentó durante la pandemia. La Corporación SISMA Mujer indicó que en 2020 se denunciaron 75.778 casos violencia intrafamiliar y 23.017 casos de violencia sexual, mientras que el Observatorio de Feminicidios Colombia registró 630 feminicidios, de los cuales 55 fueron en contra de menores de 18 años, y 32 contra lideresas sociales.

Como respuesta a este panorama, organizaciones como la Corporación Con-Vivamos han promovido estrategias para el autocuidado, que pasan por el acompañamiento psicosocial o la entrega de ayudas alimentarias, como lo fue la campaña “Amadrina una Familia”, que en 2020 apoyó a cientos de mujeres y familias en alto grado de vulnerabilidad. También lo ha hecho por medio de estrategias comunicativas, como es el caso de la campaña “Parece Normal Pero es Violencia”, a través de la cual jóvenes de todo el país buscan desnaturalizar imaginarios y normas sociales que legitiman las violencias hacia las mujeres.

Niños, niñas, adolescentes: ¿máquinas de guerra?

Para las niñas, niños y adolescentes de los barrios populares y las zonas rurales, la situación se convierte en una cascada de vulneraciones, pues ante la precariedad económica que afecta su calidad de vida en los elementos más fundamentales, el riesgo social que enfrentan los ubica en primera línea de afectaciones.

Tanto en la ciudad como en el campo, el entorno donde se desenvuelve la cotidianidad de niñas, niños y adolescentes se ha visto amenazado continuamente por factores como el reclutamiento, uso y utilización por parte de los grupos armados. Con los niños se reeditan las prácticas de “carritos”, “campaneros” o “jíbaros”, asociadas al tráfico de drogas ilícitas, el microtráfico y consumo. Con las niñas y adolescentes persiste y se ha incrementado el abuso y la explotación sexual y comercial. Todo esto ante el debilitamiento de espacios como la escuela, a raíz de la pandemia, que servían de contención a estas ofertas por parte de actores armados.

Ejemplo de estas vulneraciones es lo ocurrido el pasado 2 de marzo, cuando 14 niños y niñas que habían sido reclutados por las disidencias de las FARC, fueron asesinados en medio de una operación militar de bombardeo por parte de la Fuerza Pública, dirigida a este grupo armado. El Ministro de Defensa, Diego Molano, justificó estos hechos públicamente argumentando que los niños y las niñas son “máquinas de guerra” que “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos”. 

Por su parte, la Plataforma colombiana de organizaciones sociales y populares por el protagonismo de niños, niñas y jóvenes, manifestó que “este tipo de hechos ubica al Estado colombiano como violador de los principios del Derecho Internacional Humanitario al atacar a población civil, generando múltiples daños, entre estos el asesinato de niños y niñas. Consideramos que se desconoce la responsabilidad que tiene el Estado como garante de derechos y sus obligaciones internacionales de proteger la integridad de la población vulnerable, como las de este grupo etario, quienes deben ser reconocidos y tratados como sujetos de derecho y de especial protección”.

Defensores y defensoras en riesgo

Además de la pandemia y del conflicto armado que no ha dado tregua en los territorios, este panorama de afectaciones a mujeres, niños y niñas, se recrudece con las prácticas sistemáticas de exclusión económica y política, y el asesinato y persecución a líderes y lideresas sociales.

Según el Análisis Global 2020 publicado por la organización Front Line Defenders (FLD), Colombia es el país a nivel mundial con más casos de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, con 171 hechos registrados en 2020. Esta organización aseguró además que desde la firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, Colombia ha sido año tras año el país donde más ha ocurrido este fenómeno, sin contar con que las cifras puedan ser aún mayores. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), por ejemplo, registró 251 asesinatos a líderes y lideresas sociales en todo el país durante el 2020.

Esta situación es crítica en el campo, y así lo evidencia el informe de Human Rights Watch, En el que se hace una exhaustiva revisión de la situación de las y los defensores de Derechos Humanos líderes y lideresas sociales, incrementada exponencialmente con el gobierno de Iván Duque, y menciona que la falta de control efectivo en zonas anteriormente controladas por las FARC ha permitido la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Para Human Rights Watch, pese al proceso de paz con las FARC, otros grupos armados empezaron a disputarse el territorio, y las labores que desempeñan de los defensores y defensoras de derechos humanos, como oponerse a estos grupos, los ha convertido en blanco de ataques.

A pesar de todo, resistimos: Paro nacional

El presidente de Colombia, Iván Duque, en lugar de atender los efectos nefastos que viene dejando en la población más vulnerable —por ejemplo, a través de una renta básica, mejoramiento del sistema de salud y educación—, se ha redificado a salvar la economía y ha planteado una reforma tributaria para que el Congreso de la República la apruebe. Según este proyecto de ley, estaría encaminado a erradicar la pobreza “a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales”, para atender los efectos de la pandemia.

Sin embargo, la Reforma básicamente contempla el aumento de impuestos para la clase media y trabajadora, que es precisamente la más afectada por la pandemia. La ley además incluiría el aumento de IVA (Impuesto del Valor Agregado) a productos básicos como la luz, el agua y el gas. Todo esto sin contar con que Colombia, en contraste, tuvo durante el 2020 un gasto militar de US$9.216 millones de dólares, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri), lo que representa 3,1 puntos del PIB.

Como respuesta a estas medidas, organizaciones sociales, sindicales y ciudadanía en general convocaron a un Paro Nacional desde el 28 de abril. Con movilizaciones multitudinarias en diferentes ciudades del país, bloqueos y manifestaciones, se expresó el descontento con la propuesta de Reforma Tributaria; además, con la explotación indiscriminada de recursos naturales y las políticas de fumigación con glifosato; contra la Reforma a la salud y la explotación laboral de los trabajadores del área de la salud; contra el mal manejo económico, político y social de la pandemia por parte del Gobierno Nacional, que ha derivado en crisis para el todo el país; contra la agresión que a diario padecen líderes y lideresas sociales, y contra la violación sistemática y masiva al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pública de Colombia.

Aunque producto de estas movilizaciones la Reforma Tributaria fue retirada (se formulará un nuevo texto de proyecto), y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunció a su cargo, el descontento social se ha acrecentado a raíz de la falta de voluntad del Gobierno para dialogar con las juventudes, principales promotoras de estas movilizaciones. En su lugar, la respuesta ha sido el ataque desmedido a los manifestantes por parte de la Fuerza Pública. En la ciudad de Cali, donde este panorama ha sido el más complejo, civiles escoltados por policías abrieron fuego contra integrantes de la Minga Indígena.

Según la campaña Defender la libertad un asunto de todas, desde el 28 de abril, día en que iniciaron las movilizaciones, hasta el 10 de mayo, se registraron 52 personas asesinadas, presuntamente por el accionar de la Fuerza Pública; además, 489 personas heridas, entre las cuales hay 69 defensores y defensoras de DDHH; 15 víctimas de violencias sexuales o violencias basadas en género; 1365 personas detenidas; 12 allanamientos; 709 denuncias por abusos de poder y violencia policial; y 548 personas desaparecidas, de las cuales solo 113 han aparecido.

Pese a todo este contexto adverso que se vive en todas las esferas de la sociedad, la ciudadanía y las organizaciones sociales continúan en su lucha por alcanzar unas condiciones de vida digna para todas y todos. Lo hacen desde sus territorios, a través de asambleas barriales, gestionando propuestas, y construyendo alternativas de organización y participación de las comunidades empobrecidas.

Como estrategia para consolidar el trabajo comunitario, a pesar de la persecución y estigmatización, el enraizamiento en los territorios ha sido fundamental, pues la presencia directa como defensores y defensoras, líderes y lideresas sociales, en las causas del pueblo, ha garantizado la permanencia de las propuestas alternativas de vida para la sociedad. Además, el trabajo en red, el apoyo y acompañamiento mutuo, han protegido los trabajos comunitarios, a pesar de los duros golpes de la violencia. Y en esto el movimiento social de mujeres ha aportado su enorme “granito de arena”, ilustrado en la consigna “es mejor ser con miedo, que dejar de ser por miedo”.

Así mismo, la solidaridad internacional, expresada en plataformas de cooperación política, económica y de desarrollo, ha contribuido a que las organizaciones sociales continúen desarrollando su acción en los territorios.

Las organizaciones sociales, populares y comunitarias han fundamentado su acción a través de procesos de interacción pedagógica hacia la transformación de prácticas y contextos culturales con niñas, niños, jóvenes y mujeres, para erradicar patrones culturales patriarcales y antidemocráticos que perpetúan las relaciones de poder y abuso en la cotidianidad, en un ejercicio de intercambio de experiencias y diálogo de saberes de encuentro intergeneracional recíproco, que vislumbre un hoy y un mañana de dignidad, justicia y libertad.

FUENTE: https://www.elsaltodiario.com/