Uno de ellos fue de los menores de edad que en su momento se desvincularon de la guerrilla y se entregaron a la Cruz Roja. Otros habían salido de antiguos espacios territoriales y con los recursos que les otorgó el Acuerdo de paz habían emprendido proyectos productivos.

El caso más reciente fue el de Hernando Guerrero Torres. El exmiliciano del frente 25 había empezado su tránsito a la vida en la legalidad en el antiguo espacio de reincorporación de Icononzo (Tolima) cuando se firmó el Acuerdo de Paz. De allí salió para la vereda El Carmen, en el municipio de Dolores, para continuar su proceso al lado de su familia, y así fue hasta el 25 de abril pasado, cuando hombres armados lo asesinaron.

Cuando salió del antiguo espacio de Icononzo no fue el único. A Dolores se fueron 36 exguerrilleros que se asentaron en varias veredas, la mayoría detrás de las familias que habían dejado por la guerra. Exguerrilleros que habían operado en el oriente del Tolima: Dolores, Prado, Purificación, Icononzo. Fundaron allí lo que hoy se conoce como una Nueva área de Reincorporación y levantaron la Asociación Agropecuaria Acopaz.

La mitad de ellos juntaron los $8 millones que le correspondía a cada uno según el Acuerdo de Paz y los invirtieron en un proyecto colectivo de café. Pero Hernando Guerrero los invirtió por su cuenta en un proyecto de frijol, para trabajar la tierra con su familia en su finca. Asistía, dicen los encargados de reincorporación en Tolima, a todos los compromisos con la Agencia de Reincorporación. Dejó huérfanos un hijo y una hija.

Cuatro días antes, el 21 de abril, había sido asesinado Mayiber Tapias Monsalve, un joven excombatiente. Colombia2020 no pudo establecer con exactitud el municipio de Antioquia en el que fue asesinado, pero el excomandante del frente 18 que operó en esa zona, Agustín Rivera, confirmó que había pertenecido a ese frente. Dijo, además, que en su momento fue uno de los menores de edad que fueron desvinculados de las Farc ad-portas de la firma de la paz y recibidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Otro dirigente de la antigua guerrilla en Antioquia también dijo que desde la entrega del menor a finales de 2016 no volvió a saber de él.

Ese mismo día fue asesinado Adolfo Rodríguez, en Fortúl (Arauca). Al igual que Hernando, había salido de un antiguo espacio territorial para avanzar en su proceso junto con su familia. En este caso, “Euclides”, como era conocido, salió del espacio Martín Villa de Filipinas, en Arauquita, para Fortul, en compañía de otros 30 firmantes de la paz. Allí crearon la Asociación de Fortuleños por la Paz (Afpaz).

De ellos, 14 juntaron los recursos que les correspondían por el Acuerdo de Paz y montaron un proyecto piscícola en una tierra arrendada. En ese proyecto trabajó Adolfo Rodríguez hasta el día que lo asesinaron. Según la información recogida por la Fundación por la Defensa de los DD.HH. y el DIH en el Oriente y Centro de Colombia (Dhoc), el martes 20 de abril en la noche el excombatiente fue sacado de su vivienda por dos hombres armados que se lo llevaron, y en la tarde del día siguiente se supo de su asesinato.

El 20 de abril fue asesinado Luis Fernando Córdoba Hurtado en Quibdó (Chocó). Según información que circuló el Observatorio de Indepaz, el exguerrillero fue asesinado en el corregimiento de Guadalupe, en el punto conocido como Sanantonio o Pichojo. Una zona en la que tienen presencia el frente Manuel Hernández El Boche, del Eln; y las Autodefensas Gaitainistas, Agc. Se encontraba adscrito al antiguo espacio de reincorporación de Vidrí, en límites del Chocó con Antioquia.

Dos días antes, el domingo 18 de abril, Yeison Ayala fue asesinado en Puerto Cachicamo, una vereda a orillas del río Guayabero, en el lado del departamento de Guaviare. Conocido en la guerra como Ever Castro, el excombatiente siempre se desempeñó como médico en las filas de las Farc. Según algunos exguerrilleros cercanos a él, era a quien acudían los enfermeros cuando un caso se les salía de las manos.

Cuando se firmó la paz, inició su tránsito a la legalidad en el antiguo espacio de reincorporación del Yarí, en Playa Rica, zona rural de La Macarena. De allí había salido hace alrededor de un año, para continuar con su reincorporación individual. Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), su ubicación actual era La Macarena y estaba avanzando en su proceso de formación, del cual iba en ciclo tres, equivalente a sexto y séptimo de Bachillerato. No había recibido desembolsos para proyectos productivos.

En la zona en la que fue asesinado tiene un fuerte control territorial la disidencia liderada por Gentil Duarte. Por eso, Alexa Rochi, excombatiente de las Farc que fue cercana a Ever Castro y quien rechazó vehementemente su asesinato, reclamó que hoy son incluso antiguos compañeros de guerra los que están cegando las vidas de exguerrilleros en distintas regiones. “Nos mata el Estado, nos matan los paramilitares, nos matan los elenos y las mismas disidencias, o sea, la misma gente que tuvo que comer mierda con nosotros también nos da bala”.

El 17 de abril fue asesinado Jhon Sebastián Ávila Romero en la vereda La Llanerita de Villavicencio. Sobre su asesinato se dijo que ocurrió en medio de confusos hechos en una finca. Colombia2020 no pudo establecer cuál había sido su proceso de reincorporación luego de la firma de la paz.

Y el séptimo caso fue el de Fayber Camilo Cufiño, asesinado el miércoles 14 de abril en la vereda La Cristalina, de La Macarena (Meta). También había iniciado su proceso de reincorporación en el antiguo espacio territorial del Yarí, del que había salido. Una lideresa de uno de los espacios territoriales del Meta le dijo a Colombia2020: “cuando salen de los ETCR a veces uno vuelve a saber de ellos cuando aparecen muertos”.

A la fecha, según el partido Comunes, van 271 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados. Sin embargo, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) maneja una cifra más alta: con corte al 28 de febrero de 2021 (hace dos meses) ya iba en 276 casos. Por eso, las cabezas de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas le hicieron una petición urgente a la Defensoría del Pueblo: que evalúe la situación de excombatientes y líderes sociales y emita una resolución defensorial con recomendaciones concretas a las instituciones del Estado y con la hoja de ruta para frenar los asesinatos. La misma UIA de la JEP ha dicho que de seguir la tendencia como va, a diciembre de 2024 serían 1.600 los excombatientes asesinados.

FUENTE: EL ESPECTADOR