Informe de Naciones Unidas refleja la falta de autonomía que tienen las mujeres sobre su sexualidad.

El 26 por ciento de las mujeres de América Latina y el Caribe entre 15 y 49 años no pueden decidir sobre su propio cuerpo, es decir, no pueden usar anticonceptivos, no pueden negarse a tener relaciones sexuales o quedar embarazada en contra de su voluntad, según refleja el informe anual del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa, en inglés).

El estudio ‘Mi cuerpo me pertenece: reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación’ aborda por primera vez la autonomía corporal en todo el mundo, definida como “tomar decisiones sobre el propio cuerpo sin temor a la violencia, sin coacción y sin que nadie decida sobre uno mismo”.


PUBLICIDADPara medirlo en 57 países en vía de desarrollo, la agencia de la ONU se centra sobre todo en tres factores: el acceso a la salud, el poder elegir métodos anticonceptivos y el tener relaciones sexuales consentidas, aunque también incluye otros, como el matrimonio infantil o la esterilización forzada.(También: ONU Mujeres: ¿cómo aplicar a vacantes laborales para mujeres?)

En Colombia existe un marco legal sólido en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, aún tenemos desafíos

Descubrieron que casi la mitad de mujeres en esos 57 países no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria.

En el caso de América Latina y el Caribe, los países analizados (República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y Panamá) aprueban en los tres primeros factores, con una media del 90 por ciento de mujeres con acceso a salud, anticonceptivos y relaciones sexuales libres. La tasa de embarazos adolescentes, el matrimonio infantil o la falta de educación sexual los hace caer hasta el 74 por ciento.

Eso significa que una de cada 4 mujeres no puede decidir sobre su propio cuerpo.

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Colombia no aparece en el análisis, pero al ver las cifras, estas reflejan que respecto a leyes y normas que garantizan el acceso a atención, información y educación en materia de salud sexual y reproductiva tenemos un muy buen avance con un puntaje del 97 por ciento.


En efecto, para Viviana Bohórquez, abogada feminista, en Colombia existe un marco legal sólido en materia de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, aún tenemos desafíos.

“El aborto es limitado (solo es posible cuando es un riesgo para la vida de la mujer, violación y malformación), no se permite el aborto libre, y esto va en contra de la autonomía. Actualmente hay dos demandas en la Corte Constitucional al respecto y seguramente en el 2021 vamos a tener un pronunciamiento”.

El segundo desafío –resalta Bohórquez– es la educación para la sexualidad. “Hoy se tienen muchas limitaciones en términos de edad, porque no está diseñada para la primera infancia, y muchas veces esta falta de educación lleva a esconder la violencia que sufren. Y aún hay muchos temas que no se han legislado y que lo mencionan en el informe. Aquí no hemos tenido un debate, por ejemplo, sobre subrogación gestacional”.

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Ahora, a nivel global, el informe, que toma datos entre 2007 y 2018, apunta a que únicamente el 55 por ciento de las mujeres de 57 países están plenamente empoderadas para decidir sobre su cuerpo. El país que los encabeza es Ecuador (87 %), por encima de Filipinas (81 %) y Ucrania (81 %).


Harold Robinson, director regional de Unfpa para América Latina y el Caribe, afirmó: “Latinoamérica aparece con un rezago significativo, con niveles altos de embarazo adolescente: 61 niñas embarazadas de 15 a 19 años por cada 1.000”. Esa es la tercera peor posición global tras África occidental y central (108) y África oriental y meridional (95).

“Latinoamérica también es una de las regiones con los niveles más altos del planeta de uniones tempranas”, añadió Robinson.

Según el estudio, el porcentaje de matrimonios infantiles en la región es del 25 por ciento, lo que afecta a una de cada cuatro niñas. “Significa que la región está exponiendo su salud y comprometiendo sus opciones futuras”, afirmó, por su parte, Neus Bernabeu, asesora de Género y Juventud de Unfpa en América Latina y el Caribe.

Muchas de estas relaciones están reforzadas por las normas y prácticas comunitarias. Como en Bolivia, República Dominicana o Venezuela, donde, según el estudio, existen leyes que permiten a los hombres condenados por violación eludir la condena si se casan con las mujeres.

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“La desigualdad de género, la inequidad frente a sus parejas, frente a sus propias familias y a la sociedad son factores que influyen. Además, hay carencias legales y carencias en las prácticas culturales”, aseveró el representante de la ONU.

El análisis mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a tomar este tipo de decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

Entre las soluciones, Robinson insistió en la importancia de ampliar el actual 66 por ciento de normas existentes de atención, información y educación sexual integral en la región, lo que sitúa a América Latina y el Caribe en la segunda peor posición tras los Estados árabes (53 por ciento).


Quizá pase por seguir el ejemplo de Uruguay (99), que sobresale en este indicador, siendo el segundo mejor país del mundo tras Suecia (100), y el tercero Colombia (94).

El poder de decisión de las mujeres, además, se vio disminuido con la irrupción del covid-19, “que ha reducido aún más la autonomía y ha creado nuevas barreras en el acceso a la salud y en el aumento de embarazos no planeados, así como en la pérdida de empleo y educación”, enfatizó Robinson.

Eso en una región donde todavía el 8 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años se muestran insatisfechas con su planificación familiar, porcentaje que aumenta al 10 por ciento en el caso de las casadas o en unión libre, según el estudio.

FUENTE: EL TIEMPO