Por Katherine Esponda

Estamos en deuda de analizar con mayor profundidad las relaciones causales que existen entre las distintas formas de violencia presentes en los casos de feminicidio. Si bien desde el 2015 tenemos en Colombia la tipificación del caso de feminicidio (Ley 1761), seguimos teniendo un gran vacío en la comprensión del mismo y sus implicaciones derivadas; seguimos viéndolo como un fenómeno lejano y en algunos casos exagerado. Lo que es peor, como sociedad, seguimos justificándolo.

Las mujeres víctimas de feminicidios se enfrentan a diferentes formas de violencia de género. El feminicidio es la expresión acumulada de un escalamiento de estas violencias, es decir, no se trata solamente del hecho puntual de asesinar una mujer por el hecho de ser mujer, sino de un continum de violencia que respalda la atrocidad hacia las mujeres. Además de esto, un gran porcentaje de estas mujeres víctimas se enfrentan a otras formas de violencia mucho más ocultas, pero igualmente perjudiciales: por ejemplo, el racismo estructural que vivimos en nuestro país, y especialmente en ciudades como Cali. Por ello, creo que estamos frente a una tarea monumental: no nos podemos quedar simplemente reportando casos, aunque visibilizarlos es ya de por sí una tarea importante.

Cali, como muchos lugares en nuestro país, es epicentro de múltiples formas de violencia. Nuestras prácticas cotidianas están atravesadas por un residuo de violencia que marca la manera de interrelacionarnos en el espacio público y en el privado. La violencia de género es una de ellas y ha venido en escalada en el último año a causa de la cuarentena obligatoria y la necesidad de estar confinadas en nuestros lugares de residencia, lugares que para muchas mujeres no son seguros.

Ahora bien, Cali es la ciudad principal con mayor población afrodescendiente en Colombia, según el DANE, así como es una de las ciudades donde el narcotráfico ha dejado mayores secuelas, especialmente un ethos mafioso que, entre otras, cosifica a las mujeres alrededor de unas expectativas de estética y sumisión, plano simbólico que sirve de soporte para diferentes formas de violencia de género. Por otro lado, las desigualdades sociales producto de la violencia estructural y las representaciones sociales derivadas de la violencia cultural, reproducen relaciones de opresión que ponen en desventaja a las mujeres racializadas y empobrecidas. Muchas veces estas formas de violencia escalan hasta presentarse los casos de feminicidio. Sin embargo, no se nos puede perder de vista que las mujeres racializadas y empobrecidas son víctimas de una violencia estructural y cultural que las vulnera y las expone a mayores formas de discriminación y violencia, por tanto su riesgo es mayor.

Si cruzamos la mirada entre la violencia basada en el género expresada en el caso de feminicidio y el racismo estructural que reconocemos en nuestro país, nos encontramos frente a unas formas de desigualdad y de discriminación dual. Y es aquí cuando las preguntas empiezan a aparecer: ¿Cuántas mujeres afro o indígenas son víctimas de feminicidio y de violencia sexual? ¿Se considera la variable étnica como un elemento de análisis de las formas de desigualdad que vivieron estas mujeres? ¿La variable étnica influye en la visibilización de los casos, en el cubrimiento que hacen los medios de los mismos? ¿Influye en el seguimiento y aplicación de la justicia? Creo que el racismo estructural influye en el ocultamiento de datos en el caso de los feminicidios racializados.

Parece que el panorama no es del todo alentador. Y no es alentador precisamente porque no tenemos respuestas. La información que tenemos sobre los casos de feminicidios en el país y en la región es insuficiente, por decir lo menos. Si bien existe en Colombia un Sistema Integrado de información sobre violencias de género (SIVIGE) que consolida reportes nacionales sobre violencias de género, existe un amplio subregistro de casos. De acuerdo con el SIVIGE en 2020, con corte a octubre 26, se registraron 143 casos de feminicidios en Colombia. El 58.74% de los casos sucedieron en zonas urbanas y un 41.26% en zona rural. Así mismo, el reporte reconoce que en un 87.50% el victimario es una expareja y el 12.50% una persona conocida. De estos 143 casos que se presentan en el territorio nacional, un 22.4 % corresponde al Valle del Cauca con un total de 32 registros, 21 de esos casos ocurridos en la ciudad de Cali.

Sin embargo, este registro no es unívoco. La Red Feminista Antimilitarista a través de su Observatorio Feminicidios Colombia emite mensualmente el boletín Vivas nos queremos – Colombia. De acuerdo a este boletín, entre enero y octubre de 2020 en Colombia se habían registrado 508 feminicidios, una cifra muy por encima de la registrada por el SIVIGE. En el mes de octubre se registraron 64 casos, de los cuales 5 de ellos son ubicados en el departamento del Valle del Cauca.

Al considerar la identidad étnica racial de las mujeres víctimas de feminicidio, en octubre se identificó que cuatro eran mujeres mestizas, es decir el 6,2%; cuatro víctimas de feminicidios eran indígenas que representa el 6,2%, y dos mujeres afro que representan el 3,1%. Lo que más llama la atención es que los registros sin información de la identidad étnico racial de las mujeres alcanzan el 84,4%, lo que claramente invisibiliza las víctimas y sus condiciones de vulneración que antecede el feminicidio.

Estamos frente a una realidad que ha venido sucediendo por mucho tiempo y que aún no terminamos de entender, mucho menos de visibilizar. Por ello considero que nuestra tarea es grande. No se trata solamente de contar los casos, sino de entender la combinación de factores que -entrecruzados- contribuyen a la recurrencia de estas víctimas. Pero, sobre todo, hay que seguir explorando las condiciones de violencia estructural y simbólica en las que se gestan estos casos. Hay casos que cuentan sin ser contados y a ellos les debemos una especial atención.

FUENTE: http://elpueblo.com.co/