Detrás de la llegada del caso de la periodista colombiana a la Corte IDH, se evidencia que la violencia sexual ha sido una herramienta para silenciar.

Los últimos días han marcado un hito histórico para la justicia en el país por cuenta de las audiencias del Caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas han desatado toda clase de críticas, comentarios, mensajes de apoyo y esperanza. 

Durante la primera audiencia, el pasado 15 de marzo,  el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, recusó a cinco jueces de la Corte IDH al considerar que varios de sus argumentos y preguntas implicaban un prejuzgamiento, mencionando “falta de garantías” para continuar.

La decisión final fue retirarse de la audiencia, un hecho sin precedentes en la Corte y una actitud reprochable frente a la gravedad del caso.

Este acontecimiento, evocó la crudeza de uno de los crímenes más atroces que se comete con mayor frecuencia en nuestro país: la violencia sexual, un acto que coacciona la humanidad de sus víctimas y que, de paso, revivió el debate sobre los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas en Colombia. 

Para comprender lo anterior, es importante entender el caso de Jineth Bedoya y conocer cómo, en casi 21 años, la periodista colombiana ha recorrido diferentes despachos judiciales buscando verdad y justicia por los acontecimientos vividos el 25 de mayo del año 2000, cuando en el ejercicio de su labor fue secuestrada, torturada y abusada sexualmente por sus captores. 

¿Qué ocurrió con Jineth? 

Ese día la periodista se dirigía, en compañía de su equipo del periódico El Espectador, a la Cárcel Modelo de Bogotá en el marco de una investigación que involucraba a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Allí realizaría una entrevista a uno de los líderes de este grupo, quien la convocó -después se sabría- valiéndose de engaños.

Al llegar al lugar, fue interceptada en la puerta y obligada a abordar en un vehículo que la alejó del centro penitenciario. Durante varias horas fue víctima de toda clase de vejámenes, hasta ser abandonada en una carretera despoblada. Justo ahí comenzó su lucha. 

El caso y los avances legales a través del tiempo…

En junio del mismo año, el caso fue conocido por la Fiscalía General de la Nación; de ahí en adelante los avances judiciales durante casi una década fueron mínimos.

Esto derivó, en 2011, en una denuncia contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la ONG Oxfam International y la campaña ‘Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra’.

En el mismo año, el paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco confesó su participación en el secuestro ante un tribunal de la comisión de Justicia y Paz, vinculando después a otros dos paramilitares: Jesús Emiro Pereira Rivera y Mario Jaimes Mejía. Los tres fueron condenados,  entre 2016 y 2019, a 30 años, 40 años y 28 años de cárcel respectivamente. Sin embargo, no hay una condena a los autores intelectuales del crimen.  

Un año más tarde, el 10 de septiembre de 2012, la Fiscalía General de la Nación declaró imprescriptible el caso, es decir, que no puede perder vigencia.

De esta forma, y bajo la decisión misma de esta institución, fue declarado como un crimen de lesa humanidad. Una decisión ratificada el 26 de septiembre de 2014. Los motivos son los siguientes:

• Fue un delito que se cometió contra una integrante de la población civil que gozaba de la protección y no podía ser involucrada en un conflicto armado.
• Existió una línea de conducta criminal por parte de los victimarios quienes se basaban en un patrón de ataque contra los periodistas que cubrían sus acciones.
• Fue una ataque sistemático y generalizado, igual a los usados como método de guerra, con el fin de acallar la voz de quienes se atrevían a exponerlos a la opinión pública. 
• Quedó demostrado el conocimiento del ataque en un plan que se inició y estructuró dentro del pabellón de alta seguridad de la cárcel Modelo.

_{Foto por: Daniel Cima}

Durante el 2014, la CIDH declaró la admisibilidad del caso de la periodista contra el Estado colombiano, iniciando el estudio del mismo para determinar si este tuvo o no responsabilidad en los hechos ocurridos. Ese mismo año, se declaró el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de la Violencia Sexual, como una medida de reparación. 

En 2018 tras el análisis del caso, la CIDH emitió un informe en el que declaraba la responsabilidad del Estado Colombiano y dictaba recomendaciones para la reparación de las víctimas. Finalmente, ese mismo año la Comisión decidió presentar el caso de la periodista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

¿Qué implica llegar hasta la Corte IDH?

Partamos de la siguiente claridad: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es uno de los tres tribunales regionales de protección de los DD.HH, con un función contenciosa, es decir, determina la existencia de vulneración de los derechos contemplados en la Convención Americana de DD.HH y la responsabilidad de un Estado Parte.

Por medio de un mecanismo de supervisión de sentencia se asegura del cumplimiento de lo que la Corte resuelve. Por otra parte, tiene la potestad de emitir conceptos de aquellas normas internacionales que hacen referencia a los DD.HH y contempla la figura de medidas provisionales, a través de la cual se puede evitar un daño irreparable en medio de la vulneración de los derechos humanos y se utiliza en situaciones de gravedad y urgencia. 

Es decir, es diferente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya función principal es promover la observancia y la defensa de los DD.HH, recibiendo denuncias, examinándolas y adjudicando los casos en el supuesto de que se cumplan los requisitos de admisibilidad. Tal como ocurrió con el caso Bedoya Lima. 

La llegada a esta instancia fue un avance significativo, así lo argumentó el portal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, ya que se convirtió en la primera oportunidad en la que la Corte IDH se pronuncie sobre la situación de las mujeres periodistas en contextos de conflicto armado y la primera en la que se estudie la responsabilidad de Colombia en un caso en el que el foco está en la violencia sexual.

Un día clave e histórico fue el pasado 15 de marzo, fecha en la que se realizó la audiencia. Y no solo es importante para la periodista sino también para todos los sobrevivientes de violencia sexual en el país. Por primera vez un caso de este tipo de violencia en Colombia llegó a un tribunal internacional. https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=radionica&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1371430613002162179&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.radionica.rocks%2Fanalisis%2Fjineth-bedoya-caso-violencia-corte&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550px

Para la activista y sobreviviente de violencia sexual en el marco del conflicto armado, Fulvia Chunganá, este acontecimiento es un logro:

“Lo que me llena de orgullo es que a ella le tocó prácticamente sola abrirse espacios (…) Para nosotros es un honor que ella haya logrado esto y que realmente de ahí tengan en cuenta que no es solamente la historia de Jineth Bedoya, sino la historia de muchas mujeres que las violaron solo por el hecho de ser mujeres, campesinas, negras, blancas. Tenemos esperanza, decidimos también nosotras mismas trazar un camino y hacerles el seguimiento a estos casos (…) Somos nosotras las que pedimos no más violencia sexual, porque este es un delito que afecta la vida de la mujer, en lo personal, lo familiar y lo social.  Comentó la líder caucana, integrante de la plataforma Alianza Territorial de Mujeres (Aliate). 

Ser periodista y mujer en Colombia, ¿es un riesgo?

Lo sucedido con Jineth Bedoya se ha convertido en una muestra evidente de la impunidad que habita en los miles de casos de violencia sexual en Colombia y también de la violación a la libertad de prensa y de los derechos humanos. 

Aun así, en medio del flagelo, la periodista protagonista de este artículo ha logrado ser un referente en el trabajo con el enfoque de género, con la creación de la campaña “No es Hora de Callar”, desde la cual ha liderado una lucha incansable por denunciar la violencia sexual contra mujeres, niños y niñas del país, permitiendo que estos casos lleguen a la opinión pública. Un trabajo de avanzada en el contexto que existe para las periodistas en Colombia. 

Según Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) existen dos ámbitos en los que es necesario avanzar para transformar las condiciones adversas que sufren las mujeres periodistas. 

Primero, en las salas de redacción, para que estos sean espacios seguros, libres de estigmas y prejuicios, generando un posicionamiento de su rol donde la participación de las mujeres sea mayor. “Hay muchas regiones en Colombia donde es nula la participación de periodistas mujeres en las salas de redacción. Por ejemplo en Cauca, Putumayo, Arauca y Nariño, son zonas donde principalmente el periodismo está hecho por hombres. Es importante ofrecer condiciones aceptables, que no sean intimidatorias o que vulneren las condiciones de trabajo de las periodistas mujeres para que se puedan abrir espacios en la profesión”, explica Bock.

Segundo, en el mundo exterior, impidiendo un trato intimidante o discriminatorio por parte de quienes tienen injerencia en el trabajo periodístico. “Es un país violento para la prensa y por supuesto para las periodistas mujeres, sobre todo en entornos digitales. Así lo han demostrado muchas encuestas y muchos trabajos que evalúan las dinámicas que hay en las redes sociales y el tipo de agresiones que sufren las mujeres”, señala el director de la FLIP. 

Sin duda hay un riesgo latente, las mujeres periodistas son más vulnerables a ser violentadas en diferentes contextos y territorios durante el ejercicio de su labor, a diferencia de sus pares hombres. Sobre todo, si su enfoque aborda el periodismo judicial, de conflicto o de violencia basada en género, desigualdad y violación de derechos humanos de niños y mujeres, convirtiéndose en un blanco para las agresiones. 

En el informe Libertad de prensa en Colombia 2019 “Callar y fingir: la censura de siempre”, la FLIP indica que, esta violencia, que busca disuadirlas del cubrimiento periodístico en el futuro, ataca en simultáneo a las periodistas, a la agenda periodística en pro de la equidad y a la libertad de expresión.
 

_{Foto por: Daniel Cima}

Para Jonathan Bock, los ataques impactan en dos dimensiones: a nivel personal e individual. Muchas veces la periodista abandona el lugar, la profesión o se limita a cubrir otro tipo de fuentes: “esto muy pocas veces es monitoreado y no se dimensiona lo que implica, es una afectación gravísima”. Y en lo colectivo, vemos su forma más notoria en la autocensura tras una amenaza, cuando se intimida para no continuar con un tipo de investigación o periodismo en particular, lo que a su vez genera un efecto inhibitorio en el resto de colegas. 

Las estrategias de intimidación van desde el acoso físico, sexual, judicial, hasta las amenazas de violación o feminicidios, violencias ejercidas particularmente contra las mujeres, todo con el objetivo de silenciar y sembrar miedo. 

En diciembre de 2020 la periodista e investigadora Andrea Aldana, denunció en su columna “Comandante, no me acose, estoy trabajando” publicada en el periodico El Espectador como, en medio de la grabación de un documental sobre la vida en la frontera, fue abordada por el máximo comandante de un operativo de control de la fuerza pública.

Él, en “broma”, le dijo que le encantaba amarrar mujeres, maltratarlas y practicar el sadomasoquismo. Diez pasos más adelante, le comentó que le estaba haciendo el cortejo que hacen los pavos reales antes de aparearse. Andrea, en su impotencia, miedo, rabia e inseguridad, debido al territorio hostil donde se encontraban, calló, como callan muchas profesionales que son agredidas. 

El mecanismo de defensa que ha desarrollado Andrea para sobrevivir en estos escenarios es masculinizar el carácter, a lo cual menciona: “Eso ha afectado mi vida sentimental, mi vida personal. Yo no debería adquirir un carácter masculino en un territorio para evitar que los hombres me acosen, pero si eso funciona lo voy a seguir haciendo. No es normal, pero en un país como Colombia hay que inventarse los mecanismos de autoprotección porque es un Estado que no protege, que ha agredido a cientos de periodistas y está impune”.

Acorde a un estudio que adelantaron la campaña No Es Hora De Callar y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes durante el 2020, con el apoyo de ONU Mujeres Colombia, se concluyó que alrededor de 6 de cada 10 periodistas han afrontado violencia de género en sus espacios laborales y 8 de cada 10 mujeres periodistas han conocido casos de violencia de género contra una colega.

Según el análisis: “cerca de 4 de cada 10 comunicadoras han tomado la decisión de dejar espacios laborales, 2 de cada 5 han abandonado fuentes y 1 de cada 4 ha dejado temas tras haber sido víctimas de violencia de género ejerciendo su oficio”.

Muchos de estos no son denunciados debido al miedo y a que el ambiente de impunidad es el reinante. Ser periodista es un gran riesgo, ejercer esta profesión en el país sigue siendo un reto, que responde a la desigualdad estructural que viven las mujeres.

Pero también es reivindicar la posición como profesional en un gremio históricamente dominado por hombres y es ganar espacios de reconocimiento en los grandes medios  tanto por parte de quienes los consumen como  en los escenarios donde se ejerce la investigación. 

Finalmente, la llegada del caso de Jineth a la Corte IDH es un logro simbólico para alcanzar la justicia que, aunque no repara el daño causado hace más de 20 años, responsabiliza a un Estado, tal como lo denunció Andrea en su última columna. Lo que lo convierte así en un caso emblemático y en un referente de lo que implica ejercer el periodismo siendo mujer en territorios hostiles donde la violencia sexual es un arma para silenciar.

FUENTE: RADIONICA