El colegio La Europa, en Ovejas, Sucre, ha sufrido constantes ataques, amenazas y ha sido usado por actores del conflicto armado por su ubicación estratégica en la región de los Montes de María. En varias ocasiones, no ha sido posible que miles de niños, niñas y jóvenes de la zona accedan a la educación. Aunque las instituciones educativas están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, agentes estatales han realizado 143 de los 331 casos documentados de tomas, pernoctaciones y acantonamientos en espacios educativos en todo el país.

“La zona se dañó porque empezaron a hacer presencia los grupos armados y había muchos asesinatos colectivos, por eso la gente se empezó a ir y el Ejército, la guerrilla y los paramilitares empezaron a resguardarse y a utilizar el colegio. Comenzó a ser un objeto de guerra”.

Así cuenta Andrés Narváez la historia de la escuela de su municipio. Andrés es un campesino, compositor y líder social del municipio de Ovejas, Sucre, que desde hace varios años adelanta elproceso colectivo de restitución de tierras de la hacienda La Europa, donde se encuentra el colegio que lleva el mismo nombre. Entre los 2002 y 2016, la zona fue constantemente atacada por la fuerza pública, la guerrilla y los paramilitares. El colegio La Europa tenía capacidad para 120 estudiantes, allí también se desarrollaban procesos productivos comunitarios y había una tienda y un mercado agropecuario con los productos de los campesinos de la región.

El colegio La Europa es uno de 331 casos que forman parte de una base de datos construida por este equipo periodístico, en la que se registraron situaciones de acantonamientos, pernoctaciones, tomas y ataques a colegios, escuelas e instituciones educativas por parte de guerrilla, paramilitares, miembros de la fuerza pública (entre policías y militares) y población civil a lo largo del país. Según la base de datos, cerca de la mitad de las tomas fueron perpetradas por agentes del Estado.

La base se construyó a partir del análisis de todas las ediciones de la revista Noche y Niebla del centro de investigación académica CINEP, en las que distintas comunidades denunciaron múltiples casos de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Además, se revisaron artículos periodísticos, la base de datos de masacres registrada por Rutas del Conflicto, y trabajos académicos realizados en la Universidad Distrital de Bogotá y el Politécnico Grancolombiano que exploraban situaciones de violencia en escuelas colombianas.

La construcción de la base de datos partió de entender las tomas de espacios educativos por parte de actores armados como situaciones en las que utilizan escuelas y colegios para realizar sus operaciones. Esto comprende casos en los que los actores pernoctaron, es decir, pasaron la noche; utilizaron los espacios educativos para realizar operaciones como abastecimiento o acantonamiento; amenazaron a la población que acude a las instituciones, o hicieron uso de los espacios educativos como resguardo en medio de ataques entre actores armados.

Los hechos registrados parten desde el año 1990 hasta el 2020. El período con más casos (47% del total) correspondió entre el 2002 y el 2010, durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.

Al principio de la pandemia, los estudiantes del nuevo Colegio La Europa intentaron adaptarse a la educación virtual. Sin embargo, con las dificultades de acceso a conexión, la mayoría de padres de familia han decidido dejar de enviar a sus hijos al colegio, pues sienten que el nivel de la educación ha sufrido mucho esta contingencia. Además, la situación de seguridad no ha mejorado.

Hace tan sólo dos semanas, el 27 de febrero, se hizo pública una denuncia por parte de la comunidad de Ovejas, Sucre. Pues tanto Andrés Narváez como Argemiro Lara, ambos líderes en el proceso de restitución de La Europa, recibieron amenazas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, señalados como responsables de desestabilizar la región de Montes de María. Agresiones que se suman al panfleto que circuló a principios de enero contra los liderazgos sociales de El Salado, en el vecino municipio de El Carmen de Bolívar.

FUENTE: EL ESPECTADOR