El informe final de esta entidad contará qué les sucedió a las mujeres y a las personas LGBT en la guerra. El reto sigue siendo lograr el reconocimiento de los responsables. Buscan hablar con Hernán Giraldo.

En los más de dos años que lleva trabajando, la Comisión de la Verdad, solo en entrevistas, ha escuchado a 12.000 víctimas, y la mitad de estas han sido mujeres. A eso se le suman los 575 testimonios tomados a víctimas lesbianas, gais, bisexuales y trans, los diferentes espacios de escucha, la información de otras instituciones y los informes entregados por las organizaciones civiles. Todos esos esfuerzos, en noviembre, cuando la Comisión entregue a Colombia su informe sobre lo que sucedió en el conflicto armado, deberán contar cómo afectó la guerra a las mujeres, y seguramente mostrará la verdad que durante años los movimientos de mujeres y de personas LGBT han dicho: el conflicto las impactó de manera desproporcionada y diferenciada.

Este trabajo en materia de género está en el mandato de la Comisión, pero solo recientemente el pleno de comisionados y comisionadas decidió que hubiera un capítulo específico dentro del informe para contar estas violencias diferenciadas debido al género, y no que se viera de forma transversal en todo el informe, como inicialmente estaba pensado. Esta decisión, celebrada por los movimientos de mujeres y LGBT, garantiza que no se pierda esa verdad específica regada en medio de todo lo demás. Sin embargo, advierte Salomé Gómez Corrales, coordinadora del Grupo de Trabajo de Género de la Comisión, el género, como mirada analítica, seguirá siendo transversal en el informe final.

Ya han empezado a aparecer testimonios que dan cuenta de la gravedad de la violencia contra las mujeres y las personas LGBT, pero será la Comisión la que diga si existieron patrones de violencia y en qué se basaron, o si algunas prácticas registradas no fueron masivas. Para este trabajo ha sido clave el aporte de la sociedad civil. Hasta ahora, la Comisión ha recibido 67 informes directamente relacionados con el género.

Por ejemplo, mujeres indígenas de pueblos como el wayuu, nukak, nasa, arhuaco, entre otros, han documentado sus casos y los han entregado. En estos informes ha quedado claro que contra las mujeres indígenas hubo además racismo, pues las consideraban seres inferiores. En el caso de las nukaks, que el 8 de marzo de 2020 entregaron sus testimonios a la comisionada Patricia Tobón Yagarí, también indígena, las mujeres contaron cómo la violencia sexual ha sido generalizada y continua por parte de todos los actores armados, legales e ilegales, y también de campesinos y colonos. “Queremos que nos respeten”, dijo una mujer en ese momento. El racismo también se ha evidenciado en los testimonios aportados por las mujeres afrocolombianas tanto del Caribe como del Pacífico. La Asociación de Mujeres Afroscendientes del Norte del Cauca dejaron claro que hubo prácticas de esclavitud, porque los armados decían que las negras “solo sirven para la cama y para la cocina”. O el testimonio de una mujer negra de los Montes de María, que fue marcada por los paramilitares con una varilla caliente. “Creo que él me marcó porque era negra, me marcó como si fuera una esclava”, dijo a la Comisión.

Además de las violencias, que incluyen todos los hechos del conflicto armado sumado a violencias como las reproductivas (embarazos, maternidades y abortos forzados), las mujeres y las personas LGBT han sufrido unos impactos continuos que poco se han analizado. “Yo creo que ahí hay que poner el foco, en clave de este presente de no repetición y de futuro”, dice Salomé Gómez. “Es mirar sobre esos impactos psicosociales que tienen que ver con la salud mental, que es lo que más refieren las mujeres. Impactos en salud sexual y reproductiva; económicos; en el acceso a la tierra. Estamos hablando primero de los impactos individuales, pero también impactos colectivos en las mujeres étnicamente diferenciadas”, dice.

Por esta razón, las organizaciones de mujeres tienen altas expectativas sobre el reconocimiento que pueda hacer la Comisión. Para Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, “lo importante es clarificar que (la violencia contra las mujeres) sí pasó, que tuvo distintas expresiones, reconocer a las mujeres víctimas y los impactos que sufrieron”. A esto se suma un pedido de Ángela Escobar, coordinadora de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales: “En el tema de violencia sexual debe conocerse lo estigmatizadas que hemos sido y que lo que nos pasó es verdad, así los victimarios reconozcan o no”.

Y en medio de esto hay que diferenciar también que a las personas LGBT las han violentado por los prejuicios que tienen no solo los actores armados, sino también la sociedad en general contra ellas por ser quienes son. La violencia por prejuicio, que fue un concepto presentado por las organizaciones LGBT, fue recogido por la Comisión para analizar estos casos. De hecho, ya han ido encontrando puntos importantes, como que ha habido repetición en el desplazamiento de las personas LGBT, que además se desplazan solas y no con sus familias, como lo hacen las mujeres. O que la sociedad civil fue testigo de estas violencias y a menudo las apoyó.

“Al país hay que darle cuenta de esa afectación diferencial y desproporcionada de la violencia en razón del género, esperamos que (la Comisión) tenga la capacidad de dar cuenta de la violencia hacia las mujeres y hacia las personas LGBT, y logre identificar los asuntos diferenciados hacia ambos”, dice Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo. Ese es el clamor de las personas LGBT, que una entidad estatal logre nombrar de manera clara y precisa qué les pasó en la guerra.

“Colombia me llora. Hay gente que mata. Sufriendo la madre mía, ¡ay llora!, el pueblo me ataca”, dice una canción de Eco e Tambó, un grupo de cantadores de Urabá, que interpretaron en el espacio de escucha a personas LGBT “Desarmando el prejuicio”, refiriendo que la sociedad, y no solo los armados, ha violentado a estas personas por ser quienes son. Caribe Afirmativo, por ejemplo, ha entregado cuatro informes a la Comisión sobre violencia contra personas LGBT en Urabá y Montes de María, así como contra sujetos colectivos y, por último, contra niños, niñas y adolescentes. Además, recogió 73 testimonios en colaboración a la Comisión. Colombia Diversa, por su parte, entregó un informe y próximamente entregará uno más sobre estas violencias en Caquetá.

Toda esta información, no obstante, debe ser contrastada con otras fuentes. Por esta razón, la Comisión ha hecho solicitudes de información a instituciones como Fiscalía, Procuraduría, diferentes ministerios y a la misma Jurisdicción Especial para la Paz. A pesar de que el balance, en general, es positivo, según Salomé Gómez, hay algunas barreras en cuanto a los tiempos y si las entidades tienen desagregada o no la información.

Se ha solicitado, por ejemplo, los detalles de edades de las víctimas de la Fuerza Pública y las sanciones que les han sido interpuestas a los responsables de estas violencias, que no están enfocadas “solamente en violencias sexuales, sino los hechos que pueden haber cometido integrantes de Fuerza Pública contra las mujeres y personas LGBT”, dice Gómez.

En todo este camino el proceso más largo ha sido con los responsables. Y aunque la Comisión no le está apostando a lograr reconocimientos sobre casos individuales, sí está buscando que colectivamente reconozcan que violentaron a las mujeres. El acercamiento más avanzado es con el Partido Comunes, antes partido FARC. “El Partido Comunes ha manifestado su interés, está en diálogo con el Grupo de Trabajo de Género y ha dicho: “Estamos aquí con la disposición de avanzar en este reconocimiento sobre violencias sexuales”. (…) Ya avanzaron en una entrega de una encuesta que han elaborado en el interior de los ETCR y con las mujeres que fueron parte de la guerrilla, sobre la vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos”, dice Gómez Corrales, y agrega que esa encuesta ya está en proceso de análisis y contrapreguntas.

Pero otros responsables también son parte del plan de entrevistas de la Comisión, como el exparamilitar Hernán Giraldo, conocido por ejercer violencia sexual contra mujeres y niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta y quien acaba de regresar a Colombia tras pagar su pena por narcotráfico en Estados Unidos. Ya le enviaron una solicitud y esperan que Giraldo acepte hablar con la Comisión.

El reto ahora es que ese reconocimiento sea auténtico y no justificatorio. “Si van a justificar es mejor que ni lo reconozcan”, dice tajante Marina Gallego. Aun así, el avance es que una institución reconozca que les violentaron en razón de su género.

FUENTE: EL ESPECTADOR