La violencia y los abusos contra las mujeres son una clara violación a los derechos humanos y dejan graves y permanentes secuelas en la mente y el cuerpo de las víctimas.

En nuestro país, la violencia contra la mujer es un problema de salud pública, que adquiere visos de epidemia. No solamente es víctima de acoso, discriminación, abusos físicos y sexuales, sino también de asesinato. Para evidenciar la magnitud de esta dolorosa realidad, basta con hacer un repaso de algunas cifras reveladas por la Fiscalía recientemente: en los dos primeros meses de este año se han registrado en Colombia 37 feminicidios, lo cual representa un aumento de 8,8% frente a los casos ocurridos en el mismo periodo del año pasado; en 2020, 178 mujeres fueron asesinadas por razones de género. Los departamentos que registran más casos de feminicidios en los últimos cinco años son Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, Santander, Atlántico y Bolívar.

La violencia intrafamiliar también afecta principalmente al género femenino: entre enero y febrero se han reportado 14.711 denuncias de mujeres por estos hechos. En 2020 hubo un aumento de más de ocho mil casos de violencia intrafamiliar con respecto a 2019; mientras que en 2019 se denunciaron 88.041 casos; el año pasado hubo 96.010. Según la Fiscalía, este es el delito que más se denuncia después del hurto.

Las raíces de la violencia contra las mujeres se hallan en las tradiciones culturales y religiosas que discriminan a la mujer y le asignan un papel de sometimiento frente al varón. Además, le prohíben la realización de ciertas actividades, y le imponen normas sobre la manera de hablar, de vestirse y de comportarse. 

La violencia y los abusos contra las mujeres son una clara violación a los derechos humanos y dejan graves y permanentes secuelas en la mente y el cuerpo de las víctimas; además, propician que sean más vulnerables a sufrir problemas relacionados con abuso de alcohol, ansiedad y depresión, y ocasionan otros efectos en la salud como la propensión a sufrir con mayor rigor las enfermedades.

Los crímenes contra la mujer siguen en aumento, a pesar de que las penas para asesinos y agresores se han endurecido. Lastimosamente, las políticas estatales están orientadas sólo al castigo y a brindar atención a las víctimas; sin embargo, para romper la cadena del abuso es preciso enfrentar el problema de un modo estructural, multidisciplinario y con un enfoque preventivo.

FUENTE: EL NUEVO DIA