Durante el encuentro “Hablemos de verdad” se conoció que el Distrito ya inició diálogos con comparecientes y víctimas de tres macrocasos de esta Jurisdicción Especial. Víctimas explican cómo se imaginan esas sanciones reparadoras.

En Bogotá, a pesar de que no fue epicentro del conflicto armado, hay 358 mil víctimas de esta guerra. Gran parte de ellas llegaron a la ciudad después de ser desplazadas de sus territorios por cuenta de las acciones de guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública. Sin embargo, también hay casos como el atentado al Club El Nogal, el asesinato de tres ediles de la localidad de Sumapaz y el desarrollo de la operación Libertad Uno, que dejaron víctimas que siguen sin ser reparadas.

Por esta razón, y atendiendo la ruta que marcó el Acuerdo de Paz, el Distrito, a través de la Alta Consejería para las Víctimas, ya viene adelantando conversaciones con comparecientes (militares y exguerrilleros) de tres macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y víctimas para que, en el momento en que la JEP dicte sus primeras sentencias, los máximos responsables puedan cumplir las sanciones de esta justicia en la capital.

Así lo reveló el alto consejero para las Víctimas, Vladimir Rodríguez, en el encuentro “Justicia restaurativa y sanciones propias”, organizado por Colombia2020 de El Espectador. En este espacio, víctimas de secuestro y falsos positivos, el consejero Rodríguez, la experta de justicia transicional Camila Moreno y el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, conversaron sobre lo que significan las sanciones propias de la JEP. De hecho, Cifuentes precisó que se tratarán de condenas de 5 a 8 años de trabajos restaurativos, no carcelarios, para quienes digan la verdad y acepten su responsabilidad en los crímenes más graves del conflicto armado ante el tribunal de paz.

Esta conversación se da después de que la JEP presentara su primer escrito de hechos y acusaciones contra los integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por el Caso 01, sobre secuestro. Precisamente, explicó Rodríguez, uno de los casos en los que está trabajando la administración distrital es en este. “Gracias a la herramienta técnica que desarrollamos con la JEP, a nivel de Distrito, en el Convenio 163 de 2020, estamos acompañando el Caso 01 y tenemos 1.524 víctimas directamente afectadas y caracterizadas”. Además, identificaron y acompañan 220 casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública (Caso 03). Y empezaron a trabajar también en el Caso 04, sobre la situación territorial de Urabá.

La propuesta de Bogotá, que fue respaldada por el propio presidente de la JEP, consiste en construir un modelo de posibles sanciones propias “con los diferentes actores del conflicto armado, tanto aquellos que habitan y residen en Bogotá, como quienes han tomado decisiones tácticas en la ciudad”. En este, dijo Vladimir Rodríguez, se debe atender la reparación de las víctimas en el territorio. “Un ejemplo es el desminado humanitario. Tenemos la voluntad de acompañarlo y facilitarlo”.

Entre los responsables con los que están hablando hay excombatientes de las Farc, pero también militares que hicieron parte, por ejemplo, de Libertad Uno, una operación militar contra las Farc que, en 2003, debilitó las estructuras de esta guerrilla, pero también afectó a la población civil de Cundinamarca y Bogotá, especialmente la localidad de Sumapaz.

Como lo explicó el presidente de la JEP en el evento, las sanciones intervienen en la vida del perpetrador. “Su libertad queda restringida a un determinado lugar. Su proyecto de vida, en el término de la sanción (5 a 8 años), es resarcir y reparar a los sujetos que dañó con su conducta. Esto mediante trabajos comunitarios como desminado, construcción de escuelas, construcción de infraestructura”.

Sin embargo, las sanciones deberán desarrollarse en todo el país, sobre todo en las regiones más afectadas por el conflicto, como los municipios PDET. Camila Moreno, del Centro Internacional de Justicia, fue clara en dejar sobre la mesa varias consideraciones: “Ahí viene el componente clave de la seguridad para los comparecientes, que no depende exclusivamente de la JEP, sino que tiene que articularse con otras instituciones. La manutención de los comparecientes, porque eso también está incluido en la ley. Tenemos que imaginar y crear un régimen de ejecución de las sanciones que incluya estos componentes”, dijo.

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, dijo que esto le corresponde constitucionalmente al Gobierno, que “debe proveer todos los medios y recursos para su cumplimiento”, y agregó que están articulándose con el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, para esto. Sin embargo, “es necesario contar con una verdadera política de Estado de carácter transicional con el objeto de generar programas que efectivamente permitan que se inserten en las sanciones propias a comunidades y víctimas, y pueda precisarse en la sentencia cuál es el tipo de sanción propia y cómo se va a proyectar en estos programas estatales”. No hacerlo puede ser objeto de desacato por parte del gobierno.

Hay muchas expectativas en las víctimas sobre cómo serían esas sanciones propias. Por ejemplo, Luis Eladio Pérez, político que fue secuestrado por las Farc durante casi siete años, piensa que una sanción realmente restaurativa sería de ocho años completos, en los “que estuviesen haciendo trabajos de restauración de todo el daño que causaron a la infraestructura en municipios. Me gustaría verlos restaurando las escuelas, los puestos de salud, construyendo los puentes que dañaron”.

Sin embargo, otro de los puntos con los que se sentiría restaurado tiene que ver con la verdad de su secuestro: “¿Qué incidencia tuvo en mi caso la comandancia regional de la política en Nariño? Aún no lo sé. No me cabe la menor duda de que hubo mano criminal por parte de intereses políticos, que fueron cómplices con la guerrilla en su momento. ¿Quiénes les daban plata a los comandantes para poder circular y hacer política frente a los que no hacíamos eso?”.

Por su parte, Jacqueline Castillo, líder del colectivo Madres de Falsos Positivos, pide que se dé cuenta del daño moral y económico que los militares causaron a las madres, y que lo reconozcan de manera pública. “Si sumamos 13 años en los que estas señoras, que en su mayoría no tienen trabajo y son gente humilde, (han buscado respuestas) el solo desplazamiento en transporte cuánto les ha costado”. Y puso sobre la mesa otro tema: ¿Quién va a responder por las deudas de ocho años en los cementerios donde enterraron a sus familiares?

El reto para la JEP es impartir justicia teniendo a las víctimas en el centro de sus decisiones, como prometieron. Para Luis Eladio Pérez una forma de hacerlo también es reconociéndolas como sujetos políticos: “Veo con complacencia a los miembros de las Farc ocupando curules en el Senado. (…) ¿Pero por qué no se han podido recuperar las curules para las víctimas que planteó el Acuerdo de Paz?”.

FUENTE: EL ESPECTADOR