Ante los casos de confinamiento, desplazamiento y asesinatos en la región del Pacífico, como en el Alto Baudó, Murindó y Tumaco, la Comisión de la Verdad entablará diálogos con entidades del Estado para que se atienda a las comunidades étnicas y se detenga el incremento de la violencia.

En la mañana de este martes, la comisionada Patricia Tobón y el comisionado Leyner Palacios denunciaron públicamente la intensificación de acciones armadas sobre los pueblos étnicos del Pacífico colombiano. Argumentaron que si bien el mandato de la Comisión de la Verdad es esclarecer las razones del conflicto, también tiene la obligación moral y ética de alertar sobre los hechos de violencia que llevarían a la repetición de un conflicto de más de cinco décadas.

Los comisionados se refirieron puntualmente a lo que ha ocurrido en el último mes en el Alto Baudó (Chocó), Murindó (Urabá antioqueño), Tumaco (Nariño) y Buenaventura (Valle del Cauca). Al menos 4.741 personas de la comunidad indígena Moamía en el Alto Baudó está confinadas desde el 19 de febrero por los enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. En Murindó, alrededor de 1.200 personas del pueblo Embera eyábida y los resguardos del río Murindó y Chageradó están confinados por la instalación de minas antipersonal en sus territorios por parte del Eln.

De acuerdo con Alexis Espitia, de la Organización Indígena de Antioquia, a la fecha se han presentado nueve accidentes por minas antipersonal en esa zonas y tres personas han fallecido. Junto a Dobayibi Sinigui, del Cabildo Mayor de Murindó e Hinogio Obispo, representante de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) acompañaron la denuncia pública hecha por la Comisión de la Verdad.

En Tumaco, el Ministerio de Defensa confirmó que 11 personas fueron asesinadas en cuatro hechos de violencia ocurridos el fin de semana del 20 y 21 de febrero. Y en Buenaventura, por lo menos 30 familias salieron desplazadas a principios de febrero del barrio Juan XXIII por los enfrentamientos entre las bandas Las Shotas y Los Espartanos, lo que llegó a que la Comisión de la Verdad fuera a este territorio a escuchar a las comunidades y organizaciones.

“Vimos en Buenaventura que los jóvenes no tienen una casa adecuada con energía, ni hay atención en salud, pero sí tienen un fusil de $20 o $30 millones. ¿Quién está armando a nuestros jóvenes y cuáles son sus intereses? ¿Por qué esta guerra se ensaña de manera tan desproporcional con las comunidades étnicas? Si esto pasara en otras regiones o sectores de la sociedad esto no sería aceptado”, sostuvo el comisionado Palacios.

La comisionada Tobón aseguró que el gobierno nacional tiene que buscar una salida negociada a la violencia que vive el país. Expresó la necesidad de que se lleguen a acuerdos de sometimiento a la justicia con el Clan del Golfo, el ELN y demás grupos residuales del paramilitarismo y las Farc, y que en esos diálogos se incluyan a las comunidades étnicas.

“El incremento del rearme de estas estructuras tiene como causa fundamental los malos procesos de reincorporación, comenzando por el EPL, las AUC y posteriormente la Farc. Además, el no hacer una negociación con el ELN ni llegar a acuerdos con los gaitanistas ha hecho que sus filas incrementen. Son más de los que había durante el proceso de paz”, manifestó.

Ambos comisionados manifestaron que la vía militar no es la solución para evitar que el conflicto crezca. “No buscar la negociación es un tiro al pie, seguirá desangrándonos y dejando las escenas de velorios al interior de los resguardos indígenas y consejos comunitarios”, agregó Palacios.

En ese sentido, Higinio Obispo, de la ONIC, le recalcó al gobierno de Iván Duque que en distintos escenarios han dado sus propuestas, como fortalecer las guardias indígenas, sin que estas sean escuchadas. Además, dijo que se deben buscar las condiciones para que la institucionalidad invierta en estos territorios. De acuerdo con Obispo, este gobierno a estigmatizado a los pueblo indígenas. “Nosotros no somos una piedra en el zapato para el desarrollo y el bienestar de los demás colombianos”.

FUENTE: EL ESPECTADOR