De los 22 casos de agresiones registrados desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, 18 son amenazas, todas entre 2019 y 2020. La población está alerta por la reactivación de la violencia y el control territorial de grupos armados ilegales por las rutas del narcotráfico.

En los primeros días de enero de 2021, los habitantes del corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar, denunciaron la circulación de un panfleto en el que las Águilas Negras sentenciaban de muerte a líderes sociales de la comunidad. Este grupo armado anunció así su presencia en el territorio y afirmó que esa era la “segunda advertencia para que abandonen El Salado, Bolívar, o el plomo irá por ustedes”. Esta situación prendió las alarmas para proteger la vida de los liderazgos y evitar que se repita la violencia de las masacres y los desplazamientos de los años 1997 y 2000, cuando fueron asesinadas con sevicia sesenta personas.

El 5 de febrero de 2021, el presidente Iván Duque visitó El Salado y manifestó que la fuerza pública fortalecerá el trabajo de seguridad y protección en El Carmen de Bolívar y que en los próximos días acompañarán “estas intervenciones con el equipo de acción integral de nuestro Ejército, la Armada y la Policía”. Sin embargo, estos anuncios no mitigan el miedo ni solucionan los problemas de fondo detrás de esta violencia.

La subregión de los Montes de María está ubicada en el corazón del Caribe colombiano y la componen ocho municipios ubicados al norte del departamento de Sucre y siete de Bolívar. Por San Onofre (Sucre), un puente que conecta a los dos departamentos, transitan las dinámicas del conflicto armado que limitan los liderazgos sociales, como el narcotráfico, el microtráfico y la presencia y el control territorial de grupos armados ilegales. La conexión de San Onofre es posible gracias a la Troncal Caribe, que une los Montes de María con el golfo de Morrosquillo y el sur del país.

En medio de las montañas, llanuras costeras y la conexión con el río Magdalena y el mar Caribe, la región de Montes de María siempre fue considerada una despensa agrícola del país, pero todo cambió con la apertura económica de la década de 1990. Los reclamos de las comunidades campesinas del municipio montemariano de María La Baja no se hicieron esperar por los problemas de acceso al agua y el acaparamiento de las tierras, explotadas por la agroindustria de la palma de aceite. “Mientras los campesinos abandonaban sus tierras y los paramilitares aumentaban su presencia en la zona, el negocio de la palma echaba sus raíces”, expone la investigación “Los acuatenientes”, de Verdad Abierta y Rutas del Conflicto.

Con la desmovilización del bloque Héroes de los Montes de María de las Auc (estructura que dominó la zona y cometió 42 masacres de 1996 a 2003, según los registros del grupo de Memoria Histórica), en 2005, se gestó el tránsito de una región que fue “epicentro del conflicto” desde los años 90, a ser un “laboratorio de paz”.

Durante años, los procesos organizativos comunitarios y campesinos se fortalecieron, las miradas nacionales e internacionales estaban puestas en esta subregión, que prometía ser un ejemplo de la construcción de paz y reparación de las víctimas del conflicto armado. Incluso tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las antiguas Farc, los Montes de María fue una de las zonas priorizadas para implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), instrumento de planificación y gestión de los componentes de la reforma rural integral (punto 1 del Acuerdo) en territorios afectados por el conflicto armado.

“Montes de María está en el centro y mucho nos está influyendo el sur de Córdoba, pero también las conflictividades de la región Caribe”, alertan los liderazgos sociales de la región. Una de las más preocupantes es la presencia y el control territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocidas como Clan del Golfo o Los Urabeños, la más grande confederación criminal heredera de las desarticuladas Auc.

Desde la firma del Acuerdo, este grupo armado ilegal está ocupando las zonas despejadas por las Farc, en especial, las que han sido utilizadas para el negocio del narcotráfico con salida al mar Caribe, como lugares en Sucre y el sur de Córdoba.

El fortalecimiento de este grupo armado ilegal en la región ha afectado a la población y en especial a los liderazgos sociales. El 12 de junio de 2018, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de inminencia para “proteger los derechos fundamentales de los miembros de la Mesa Municipal de Víctimas” y los líderes del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña del municipio de El Carmen de Bolívar. Sin embargo, el programa Somos Defensores registró cinco amenazas contra el Movimiento Pacífico de la Alta Montaña en marzo de 2019, presuntamente por disidencias de las Farc.

La Defensoría del Pueblo ha emitido tres alertas tempranas más: para San Onofre, María La Baja y El Carmen de Bolívar. A pesar de estas advertencias, las agresiones a los liderazgos no cesaron en estos municipios y hasta el 2020 se registraron seis casos en San Onofre, uno en María La Baja y uno en El Carmen de Bolívar.

La presencia de las Agc ha generado roces entre los liderazgos y la Policía, entidad que dice desconocer la presencia de grupos residuales del antiguo Bloque Montes de María de las Auc y el fortalecimiento de estructuras criminales. El Gaula de la Policía de Sucre expresó, según la respuesta del comandante operativo de Seguridad Ciudadana de Sucre, que “no tiene conocimiento si algún grupo armado ilegal sea el causante de asechar o interrumpir las labores de los líderes sociales o defensores de derechos humanos, toda vez que no se cuenta con ninguna denuncia interpuesta por estas personas que ejercen esta labor social”.

Hoy, a los ojos de los líderes, el conflicto está regresando a los Montes de María y la tranquilidad que sintieron durante algunos años con los antiguos procesos de desmovilización se está esfumando para darles paso al miedo y la zozobra. A medida que se iba avanzando en el Acuerdo de Paz y una vez se firmó, los casos de homicidio han aumentado progresivamente, alcanzando su máximo en 2019 con 96 registros. En 2020, a pesar de la pandemia, los casos llegaron a 87, de acuerdo a la estadística delictiva de la Policía Nacional.

Según un cruce de bases de datos realizado por La Paz en el Terreno con información del Programa Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo e Indepaz-Marcha Patriótica, desde la firma del Acuerdo de Paz se registraron 22 agresiones a líderes sociales. Los liderazgos más afectados, según lo documentado por estas organizaciones, son los de víctimas, con nueve casos, seguido de los de derechos humanos, con siete. Los municipios en los que se concentran las agresiones a los líderes sociales son: El Carmen de Bolívar (doce casos), San Onofre (siete), Ovejas (dos) y en María La Baja (uno).

Durante el ejercicio de mapeo, los liderazgos de Montes de María resaltaron otros casos de amenazas que no aparecen registrados; por ejemplo, las agresiones a los líderes LGBTI. Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que se dedica a promover los derechos de las personas LGBTI en el Caribe colombiano, comentó que “retornaron las amenazas con panfletos a líderes de Zambrano y El Carmen, algunos con esquema de protección.

Estructuras heredadas de los paramilitares volvieron a intimidar a los liderazgos LGBTI que realizan actividades en el espacio público, en especial en El Carmen de Bolívar”. Este municipio es uno de los más afectados por el recrudecimiento de la violencia hacia los liderazgos LGBTI y allí se creó la primera sede de Caribe Afirmativo, cuando iniciaron la documentación de las afectaciones a esta población en el marco del conflicto armado, expresó Castañeda.

Las lideresas también se han visto afectadas en la subregión: diez de los 22 casos registrados corresponden a mujeres. Las agresiones a las lideresas no solo son de forma directa sino también a sus familiares. El 15 de octubre de 2020, en el corregimiento de Canutal del municipio de Ovejas (Sucre), asesinaron a Eder Enrique Campo Castilla, hijo de la lideresa social Etilvia Campo de Castilla. En muchos casos, las consecuencias de las agresiones o amenazas a las lideresas generan desplazamiento de todo el núcleo familiar, pues su rol no les permite abandonar su comunidad. “A nosotras como mujeres se nos dificulta desprendernos de los hijos. Una como mujer piensa: ‘Cómo dejo a mi familia, a mi mamá’”, resaltaron las lideresas.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, el año con más agresiones registradas en los Montes de María fue 2019, con catorce amenazas. El teniente coronel Carlos Andrés Tique Bonilla, comandante del Operativo de Seguridad Ciudadana de Sucre, en respuesta a un derecho de petición enviado por este medio, explicó que basados en las denuncias que los líderes sociales allegan, su oficina identifica constantes amenazas manifestadas en llamadas, mensajes de texto y panfletos intimidatorios, entre otros.

Las Agc son las principales responsables de estas amenazas, según los registros de las entidades que le hacen seguimiento a su situación de seguridad, y al utilizar esta modalidad, la documentación de cuántos y cuáles son los liderazgos en riesgo se complejiza, por el miedo a la denuncia.

El Carmen de Bolívar es uno de los más afectados y se ha convertido en el lugar con más agresiones a los liderazgos sociales, pues el 54 % de los casos se concentra en los Montes de María. Además, es catalogado como el epicentro que conecta las rutas del narcotráfico dominadas por grupos armados paramilitares.

El municipio de El Carmen de Bolívar está ubicado justo en el corazón de los Montes de María, en el límite entre los departamentos de Sucre y Bolívar. La conectividad por medio de las troncales de Occidente, Caribe y Contenedores facilitan “la comunicación hacia diferentes ciudades capitales como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo y el Urabá antioqueño. Es también una salida estratégica hacia el mar Caribe por el golfo de Morrosquillo, a través de la zona montañosa del municipio, y por el norte del departamento, a través del municipio de María La Baja”, expresa la Defensoría del Pueblo en una de sus alertas.

Según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), no se encuentran registradas hectáreas de coca en ninguno de los municipios que componen la subregión de los Montes de María; sin embargo, el microtráfico se extiende a lo largo del territorio y en el caso de El Carmen de Bolívar, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado que allí se pueden vender hasta 20.000 dosis al día de diferentes drogas.

El Carmen de Bolívar es el segundo municipio con mayor extensión de tierra en los Montes de María, después de San Onofre, y concentra 2.465 solicitudes de restitución de tierras; es decir, el 45 % del total de requerimientos de los siete municipios de los Montes de María bolivarenses y el 31 % de toda la subregión. Según datos suministrados por la Unidad de Restitución de Tierras a La Paz en el Terreno, a enero de 2021, de las 7.883 solicitudes de restitución que se concentran en la subregión, “se han definido en etapa administrativa 7.754, dentro de las cuales 1.250 cuentan con sentencia judicial, beneficiando a 3.466 personas y restituyendo un aproximado de 16.625 hectáreas”.

Allí está latente la violencia contra los reclamantes de tierras y contra personas en proceso de retorno y reclamación de predios. Aunque las organizaciones consultadas no tienen registros de estas agresiones, la Defensoría del Pueblo resalta que en la zona baja del municipio de El Carmen de Bolívar es donde más se concentran la mayoría de las solicitudes, pues allí se ubicó uno de los asentamientos más importantes del Frente 37 de las Farc y “donde sus pobladores fueron víctimas de la posterior arremetida paramilitar”.

El panorama de los Montes de María está tornándose cada vez más oscuro y la preocupación de su población por revivir las épocas duras del conflicto se traduce en silencio y desánimo. Desde hace diez años, los procesos de liderazgo se han fortalecido y son considerados sólidos y visibles a escala nacional, pero esto se ha traducido en un estigma que los pone en riesgo. “Ustedes todo se lo saben”, es la frase que reciben en espacios de reunión social con personas de otras regiones y que muchas veces se entiende como si la intervención de las autoridades no fuera necesaria para protegerlos. Sin embargo, en diferentes espacios, los líderes han alzado su voz para pedirle al Gobierno nacional y local que escuchen sus denuncias, protejan a sus comunidades y sus acciones para defender los derechos humanos, así lo pactado en el Acuerdo de Paz.

*La Paz en el Terreno es una alianza entre Rutas del Conflicto y Colombia2020 que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc. Esta publicación es posible gracias al apoyo de PNUD y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol).

FUENTE: EL ESPECTADOR