La suma de amenazas e intimidaciones sin resolver se cierne sobre varios líderes emblemáticos de víctimas y de restitución de tierras en Cesar, a los que de a poco la Unidad Nacional de Protección les ha ido retirando los esquemas de seguridad.

En los últimos meses, varios líderes sociales del departamento del Cesar han denunciado que siguen siendo amenazados y perseguidos. Aunque en esa región las mismas no han pasado a mayores, ni las autoridades han esclarecido la procedencia ni la veracidad de estos ataques, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha venido retirando o relajando las medidas a estos dirigentes. Varios de ellos relataron que viven escondidos, de ciudad en ciudad, temerosos de que los asesinen y más ahora que según reportes de la misma UNP, solo al 16% de los líderes sociales amenazados se les otorga algún tipo de protección.

Desde julio pasado, la líder de víctimas de Valledupar, Yaniris Barraza, no sale de su casa. A pesar de que hace poco más de un mes, el presidente Iván Duque decretó una cuarentena selectiva para todo el país, esta madre de dos hijos que, junto a su madre anciana, se rebusca vendiendo empanadas y pasteles de cerdo en el popular barrio La Nevada prefiere estar escondida y dejar de lado su activismo por miedo a que puedan atentar contra su vida.

Ese mes, después de varias llamadas de un número desconocido, recibió un sonoro “cuídese” que le hizo temer lo peor. El hecho no fue fortuito. Días antes había notado que desconocidos merodeaban su casa a la medianoche. “Al parecer, alguien cortó intencionalmente los cables del alumbrado público de mi calle para que no se pudiera ver”, explica Barraza.https://widget.elespectador.com/?widgetId=2d32c1b124ef5b93bd6ac629d9fc1f23e200f4ea

Hace poco menos de un año, esta lideresa denunció a las autoridades que desconocidos, quienes se hacían pasar por milicianos del ELN, se le habían acercado a plena luz del día y como si estuvieran conversando con ella le exigieron que abandonara una campaña para la construcción de casas para víctimas del conflicto, que adelanta junto con otros líderes locales. En total esta líder suma cuatro amenazas contra su vida que ha denunciado ante la Fiscalía en Cesar.

Ella, además de abanderar esta iniciativa, es la cabeza de la Asociación Colombia Profunda, una fundación que creó en 2017 y que agrupa a familiares de personas desaparecidas a las que acompaña en su búsqueda en la capital del Cesar. Yaniris decidió formalizar esta organización después de casi 15 años de liderar la búsqueda de dos familiares asesinados y desaparecidos por paramilitares.

Aunque no sabe de donde provienen las amenazas, cree que estas pueden estar también motivadas por su cercanía a la excandidata a la Gobernación y vocera del partido FARC, la política vallenata, Imelda Daza, de la que fue su secretaria y a la que le ha hecho campaña política.

Tras denunciar la amenaza ante las autoridades del Cesar, la Unidad Nacional de Protección le otorgó un esquema blando de seguridad. Consiste en un chaleco antibala, un celular y botón de pánico. Le prometieron que evaluarían periódicamente su caso para ver si le podrían entregar otras medidas. “Sin embargo todo quedó allí”, se lamenta.

Esta misma preocupación la tiene el líder de la Mesa Departamental de Víctimas, José Luis Peralta, quien denunció la presencia de grupos paramilitares en Pueblo Bello, en donde la Defensoría del Pueblo emitió, en abril de 2019, una alerta para proteger a las poblaciones de los corregimientos de “Palmarito, Nuevo Colón, Minas de Hiracal y La Honda, de los resguardos Arhuaco de Businchama y Arhuaco de la Sierra y sus respectivas zonas de ampliación y de la cabecera urbana del municipio”.

Peralta denunció que las amenazas en su contra reaparecieron cuando anunció en marzo de este año que presentará ante la Jurisdicción Especial para la Paz un informe sobre los 82 asesinatos selectivos, 12 de violencia sexual, cuatro de falsos positivos, y cuatro de desaparición forzada por parte de paramilitares del Bloque Norte al mando de Rodrigo Tovar alias Jorge 40. “Esto porque todos los jefes (Omega, 38, 39 y Harold) que cometieron estos crímenes están muertos y como Jorge 40 fue el comandante de estos paramilitares buscamos que responda por ellos”, dice.

La misma gobernación de Cesar ha intercedido por él para que la Unidad le asigne de nuevo un grupo de escoltas, ya que no cuenta con ninguna protección desde noviembre de 2019, sin que se tenga en cuenta las siete denuncias por amenazas contra su vida que ha interpuesto ante la Fiscalía en Cesar.

Mientras Barraza y Peralta esperan medidas de seguridad, a Miguel Ricardo, líder de restitución de tierras de la vereda El Toco en Codazzi, en el corredor minero de Cesar, le comunicaron en febrero pasado que no contaría más con escoltas de la UNP. Desde entonces, Ricardo empezó a deambular por casas de amigos y familiares en la región, temeroso por su vida.

Ricardo, al que le negaron la demanda de restitución de un predio en 2016, pero que siguió liderando la causa de 80 parceleros desplazados y despojados por paramilitares y sus cómplices en el corregimiento Los Brasiles de Codazzi, asegura que algunos de ellos no han podido regresar a sus tierras por falta de garantías de seguridad, a pesar de que han sido falladas 16 demandas de restitución en la que jueces le exigen a las autoridades garantizar el retorno de estas familias.

Este líder sostiene que le quitaron la protección luego de que, en su tiempo de descanso, sus escoltas se emborracharon y uno de ellos le pegó a una mujer. A raíz de este incidente, la UNP decidió retirarle el esquema y no se lo ha devuelto a pesar de que a mediados de septiembre recibió nuevas amenazas. “Estaba gestionando unas ayudas para la comunidad en la Alcaldía y unos cuatreros que tienen azotada la región creyeron que los estaba denunciando”, dice.

El hecho de que el robo de ganado se haya incrementado en la región afecta directamente a un grupo campesinos de la comunidad de El Toco, a los que acompaña Ricardo, porque justo han emprendido un proyecto productivo de ganadería que se ha visto afectado por los constantes robos.

Según este líder, el retorno y la seguridad en Los Brasiles se ha visto afectado porque hace poco retiraron a un grupo de soldados y de policías que acompañaban a las familias que habían decidido regresar a esta región. “Hay sentencias del 2016 y la Unidad de Restitución no ha devuelto las tierras a los beneficiarios, muchos de los opositores siguen en propiedad de las tierras”, agrega.

Peor suerte ha tenido el líder de restitución de tierras Sifredi Culma. Este campesino que lideró el proceso de varios campesinos de la vereda Santafé del municipio de Becerril y que terminó en una disputa con ellos tenía desde 2013 escoltas asignados por el Estado, pero a finales de septiembre de este año la UNP le comunicó que ya no contaría más con este esquema.

Culma fue una de las personas que denunció ante la Fiscalía que el empresario condenado por vínculos con paramilitares Hughes Rodríguez Fuentes lo había amenazado para desistiera en la solicitud de restitución de tierras, que fueron vendidas por los campesinos después de varios asesinatos y masacres en la región y que terminaron en manos de Carbones del Caribe.

A pesar de que ha tenido constantes seguimientos y amenazas, como consta en diferentes denuncias que ha presentado ante la Fiscalía de Valledupar (actualmente tiene dos investigaciones por amenazas), el coordinador regional de la UNP le comunicó a mediados de septiembre que no contaría más con personal que lo protegiera.

Según Culma, la Unidad no ha modificado su decisión a pesar de que el 30 de septiembre de este año denunció ante la Fiscalía en Valledupar que personas armadas han rondado su casa, tomando fotos de manera intimidante. A mediados de 2019, también había denunciado seguimientos y la aparición de un panfleto en el que lo amenazaban junto a otros líderes sociales.

Una ola de incertidumbre

Todo esto lo sabía Evelio Aguirre, otro reconocido líder de víctimas y de restitución de tierras de la región. Tal vez por eso, a mediados de septiembre cuando una funcionaria de la UNP le hacía una entrevista virtual para evaluar su seguridad, se le revolvió una úlcera y sus familiares tuvieron que llevarlo a la clínica para que lo atendieran.

Aguirre, quien en el pasado ya sufrió un atentado que casi le cuesta la vida y que tiene dos investigaciones activas en la Fiscalía por amenazas en su contra, confiesa que la descompensación se la provocó la incertidumbre que se ha apoderado de varios líderes de la región a los que la UNP les ha quitado o flexibilizado las medidas de seguridad, sin que las autoridades esclarezcan quién los está amenazando.

Cuenta que la funcionaria con la que se reunió virtualmente no le entendía sus respuestas y reiteraba las preguntas para hacerle caer en contradicciones con respecto a las últimas amenazas que ha recibido. “La entrevista duró dos horas, como no había almorzado, sumado al estrés, se me revolvió la úlcera y me provocó vómito”, agrega.

Este líder de la vereda Estados Unidos del municipio de Becerril, en la que paramilitares del Bloque Norte de las AUC realizaron dos masacres y obligaron a desplazar a toda su población, se ha dedicado los últimos años a librar varias batallas: por el retorno de los desplazados a los que les han restituido parte de sus tierras, por la reparación colectiva y el derecho al agua y últimamente pendiente de un posible proyecto de fracking en la región.

Hace un año, Aguirre y varios sindicalistas del sector carbonífero, entre los que estaban Dairo Mosquera, Juan Carlos Rojas, Igor Díaz (presidente de Sintracarbón nacional), Gustavo Benjumea y Jairo Córdoba, recibieron un panfleto, reivindicado por las Águilas Negras, donde se leía que tenían 48 horas para abandonar el país. Algunos de los sindicalistas mencionados en el panfleto así lo hicieron, no obstante Aguirre se quedó con el compromiso, después de un consejo de seguridad, de que las autoridades investigarían las amenazas.

A Aguirre le preocupa que a él le pase lo mismo que le ha venido ocurriendo a otros líderes sociales de la región, vinculados con la defensa de los derechos humanos, que se han quedado sin protección estatal a pesar de que han seguido siendo amenazados e intimidados.

“No es que nos guste andar escoltados, pero el hecho de que no se investigue de dónde proceden las amenazas y si estas se pueden convertir en realidad, pesa a la hora de pedir protección por parte del Estado”, se lamenta, mientras espera que en los próximos días la UNP le confirme si continúa o no con su esquema de seguridad.

A raíz de esta problemática, la gobernación de Cesar citó a una reunión el próximo 13 de octubre en la que convocaron a la Fiscalía, los organismos de inteligencia y la UNP para conocer en qué van las investigaciones de las 389 denuncias de personas amenazadas en el departamento.

La asesora de paz de este departamento, Juana Pacheco, aseguró que se necesitan estrategias para desarticular lo que genera riesgos tanto para los líderes como para los defensores de derechos humanos, pero también que se active de manera eficiente las rutas de protección ya que el “90% de las solicitudes han sido fallidas porque no cumplen con los requerimientos de la UNP, muchas por desconocimiento de los procedimientos”, explica la funcionaria.

Sobre la situación de seguridad de los líderes en Cesar, dos directivos de la UNP, consultados para este informe, aseguraron que es normal que periódicamente se revisen los esquemas de seguridad y de acuerdo a esto se mantengan o modifiquen.

No obstante, uno de estos funcionarios, sin referirse a ninguno de estos casos en particular, sostuvo que el sistema está que “colapsa” por el aumento en las denuncias por amenazas, que son evaluadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) organismo conformado por delegados de la Presidencia de la República, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Policía, la Defensoría del Pueblo y cuatro representantes de las víctimas. Es al final el que determina el tipo de esquema que debe proveer la UNP.

Uno de estos funcionarios, sin menospreciar la gravedad de la situación que se enfrentan estos líderes en la región sostuvo que a “no a todo el mundo se le puede proporcionar escolta y vehículo”, al tiempo que aseguró que han descubierto en investigaciones internas que algunas personas han sido amenazados por hechos que no tienen relación con su liderazgo o en otros casos se han autoamenazado, por lo que han colocado denuncias penales ante la Fiscalía.

Según datos de la misma UNP, de las 389 personas amenazadas en Cesar solo tienen escoltas 104, entre los que se cuentan 36 líderes sociales; 4 de derechos humanos; 14 sindicalistas; 14 dirigentes indígenas; 10 de restitución de tierras; tres periodistas; cuatro postulados de Justicia y Paz; cinco políticos, 6 alcaldes y 8 jefes del partido FARC.

FUENTE: EL ESPECTADOR