Desde 2018, el gobierno ha reportado 23 casos de víctimas indígenas por artefactos explosivos. Las comunidades Embera eyavida y Dóbida en Antioquia están entre las más afectadas. En Ituango, el resguardo Jaidukamá sigue esperando que desminen su territorio.

Ernesto Jumí, indígena embera eyabida de 32 años, jornaleaba para conseguir el alimento de su esposa y su hijo de ocho años. Vivían junto a otras tres familias indígenas en una de las casas del resguardo Jaidukama, en Ituango (Antioquia). En la mañana del pasado miércoles 9 de septiembre, varios de los comuneros de este resguardo escucharon una explosión, aunque pensaron que se trataba de algún enfrentamiento entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc que se encuentran en esa zona.

Pasadas las 5:00 de la tarde la familia notó que Ernesto tardaba en regresar, algo inusual porque siempre terminaba su trabajo a esa hora. Nadie daba pistas de él. A las 7 de la noche varios miembros del resguardo, entre los que estaban Delio Domicó, líder de esta comunidad y concejal de Ituango, salieron a buscarlo en medio de la oscuridad. Lo hallaron sin vida cerca a la escuela del resguardo. Desde hacía varios días estaba encargado de quitar la maleza de ese terreno para sembrar el maíz de la comunidad. Falleció por la detonación de un artefacto explosivo del que nadie sospechaba. Esa fue la explosión que había sonado en la mañana.

“Lo primero que hicimos fue avisar a la Personería de Ituango, a la Organización Indígena de Antioquia (OIA), a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para que fueran a recogerlo. Nosotros no podíamos hacer el levantamiento, teníamos el temor que hubiera otro artefacto. Algunos nos quedamos cerca a su cuerpo hasta que el Ejército y la Sijín fueron recogerlo el siguiente lunes (cinco días después) a las 3:00 de la tarde”, contó Delio.

El resguardo Jaidukama, ubicado al norte de Antioquia, está cercado por las minas. Es un territorio enorme, de unas 1.370 hectáreas, donde viven cerca de 360 comuneros. Fue un territorio dominado por el Frente 18 de las Farc. Ahora, cuatro años después del Acuerdo de Paz con la exguerrilla, se lo disputan las disidencias del Frente 36 y 18, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (conocido por las Fuerzas Estatales como Clan del Golfo).

Delio cree que ese territorio ha estado minado desde 2006, “porque en el 2009 tuvimos otro accidente con otro compañero que cayó a seis horas de camino de la comunidad de San Román”. Pero el peligro viene de años atrás. Con la implementación del Plan Colombia, del expresidente Andrés Pastrana; y, luego, tras los combates y bombardeos contra la exguerrilla. La estrategia ofensiva de este grupo fue entonces instalar minas por los caminos para afectar a los soldados.

Pero las más graves consecuencias han sido para esta comunidad. Por varios años quedaron confinados en sus casas y terrenos cercanos, sin la posibilidad de conseguir en mula su alimentación diaria, ni las plantas para sus remedios y artesanías. A eso se le suma la muerte de sus miembros. “Las comunidades indígenas siempre somos muy unidas, entonces cuando muere una persona nos afecta a todos, las familias quedan atemorizadas, no pueden ir por los caminos ni ir a buscar sus alimentos”, agregó Domicó. El caso de Ernesto revivió los miedos de hace casi una década.

La comunidad sabe cuáles son los caminos donde hay más riesgos y las zonas por donde hay minas. Esto, generalmente sucede en los límites, pero este artefacto por el que murió Ernesto estaba dentro del resguardo, es decir, la amenaza es mucho más cercana. Por ahí pasa el camino para ir a la escuela y queda cerca al potrero donde pasta el ganado y hay cultivos de plátano. Al conversar con Delio se siente la preocupación. Según su parecer, este artefacto pudo haber quedado de un enfrentamiento en abril de 2019 entre el Ejército y un grupo de las disidencias de las Farc.

Según los habitantes del resguardo, el Ejército se quedó 20 días allí. Cuando le cayeron las disidencias, los enfrentamientos se dieron con las casas y la gente quedó en medio de las balas. Avisaron a las autoridades, incluso a la OIA y a la Defensoría del Pueblo, pero, denuncian los líderes ancestrales, nadie hizo nada. Colombia2020 le preguntó a la personera de Ituango, Irene Legarda, y también al alcalde de este municipio, Edwin Mira, pero ambos aseguraron que no tenían conocimiento del hecho, puesto que no habían llegado a su cargo o no estaban en la zona para ese momento. El alcalde, sin embargo, afirmó que la mina no puede ser producto de ese enfrentamiento de 2019, sino que pudo haber sido instalada días atrás por grupos armados.

También le preguntamos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), en cabeza de Miguel Ceballos, y señalaron que ese combate no lo tienen registrado. Esta entidad es la encargada de coordinar el programa Descontamina que lidera la limpieza de estos territorios con minas ocultas. “Lo que no es claro es que sea una munición usada sin explotar, pues todo indica que por la forma en que se activó es una mina antipersonal u otro tipo de artefacto explosivo improvisado. Es lo que se está determinando”, respondió Martha Isabel Hurtado, del grupo de Acción Integral contra las Minas de la OACP.

Aunque Ituango es un municipio priorizado dentro del Plan Nacional de Acción contra las Minas Antipersonal luego del Acuerdo de Paz con las Farc, no se ha podido hacer el desminado humanitario debido a la presencia de grupos armados en la zona, específicamente en este resguardo.

Lo que viene en este caso, de acuerdo con Martha Hurtado, es hacer las diligencias necesarias para que la muerte de Ernesto entre en las estadísticas de víctimas por minas antipersonal y se analice la posibilidad de que la familia pueda ser atendida por la Ley 1448. Uno de los vacíos de esta ley es que no contempla la atención y reparación para las víctimas indirectas de accidentes por estos artefactos, en este caso, a la esposa e hijo de Ernesto.

También se hará una operación terrestre con Fuerzas Militares para inspeccionar que no haya más minas o artefactos explosivos en la zona. Con respecto a los cinco días que tomó recoger el cuerpo de Ernesto, Hurtado contestó que el acceso a esta zona fue muy complejo y que además no se podían usar helicópteros militares por la presencia de grupos armados.

Más de 400 víctimas indígenas desde 1990

Desde el año pasado la Organización Indígena de Antioquia (OIA) ha alertado sobre el riesgo al que están expuestas las comunidades indígenas de este departamento. La Defensoría del Pueblo igualmente lo hizo a través de las alertas tempranas Nº 009 – 19 para Dabeiba; 027 – 19 para Urrao y Frontino; y 014 – 20 para Murindó (Antioquia). En este último municipio el primer accidente se registró cuando una joven indígena embarazada fue impactada por el artefacto explosivo que activó un cerdo. En Dabeiba, finalizando el año pasado se presentó otro accidente donde tres personas resultaron heridas y una perdió la vida.

“Desde 1990 hasta septiembre de 2020, Antioquia tiene un registro de 23 víctimas indígenas. De estas, once casos sucedieron enlo corrido este año, lo que muestra un incremento alarmante”, señaló Jan Philip Klever, Director de Programa del Servicio de Acción Contra Minas de las Naciones Unidas (UNMAS) en Colombia.

De acuerdo con Descontamina, el total de indígenas afectados por minas antipersonal en Colombia, desde 1990 hasta agosto de 2020, fueron 411. Los municipios más afectados son los resguardos de Ricaurte, Tumaco y Samaniego (Nariño); San José del Guaviare (Guaviare) y Jambaló (Cauca).

En lo que va corrido del actual Gobierno el número de víctimas indígenas corresponde a un total de 23 personas, ubicadas sobre todo en los municipios de Frontino y Dabeiba (Antioquia); y Buenos Aires y Caldono (norte del Cauca). La información que recoge esta entidad señala que 154 del total de resguardos indígenas en Colombia están cercado por minas antipersonal, es decir, el 20%. En 123 municipios donde hay 236 resguardos legalmente constituidos no hay las condiciones de seguridad para hacer labores de desminado humanitario, según Descontamina.

Con algunos de estos resguardos ya están trabajando en programas de educación en el riesgo contra las minas con enfoque étnico, los cuales incluyen capacitar a estas comunidades en su lengua nativa. Este año se han hecho 97 actividades de educación en el riesgo contra las minas que han acogido a 2.029 indígenas. También se firmaron convenios con comunidades y organizaciones indígenas para fortalecer estos programas, entre otros, con la OIA, el pueblo Awá (Nariño) y el pueblo Barí (Norte de Santander).

“Se requiere capacitar a la guardia indígena, no solo como replicadores de los mensajes de prevención, sino para que también brinden las primeras respuestas cuando se presenta un accidente; y garantizar el empoderamiento y liderazgo de las mujeres como principales cuidadoras”, sostuvo UNMAS. Además, los voceros de esta entidad afirmaron que estas deben ser medidas paliativas, pero las soluciones deben ser estructurales, con mayor presencia de entidades del Gobierno y una ruta de atención que tiene en cuenta las prácticas ancestrales y la cosmovisión de estas comunidades.

FUENTE: EL ESPECTADOR