La Contraloría dijo que entre 2012 y 2020 el esfuerzo fiscal del gobierno nacional para atender a las víctimas fue de $118 billones, lo cual resultó insuficiente. Así fue el debate con víctimas y organizaciones en el encuentro ¿Cómo garantizar los derechos de las víctimas en la prórroga de la ley 1448?

En junio de 2021 la Ley 1448, creada en 2011 para reparar a las víctimas del conflicto armado, cumplirá diez años y terminará su periodo establecido inicialmente. No obstante, por el incumplimiento de los objetivos trazados, desde este año se libra una batalla en el Congreso de la Republica para ampliar el plazo otros diez años y así alcanzar a reparar económicamente a las víctimas que se cuentan por millones. Aunque le falta un debate en el Senado y se espera que se apruebe tal y como está desde su nacimiento, existe la posibilidad que en la legislatura del siguiente año se realicen algunas modificaciones.

“Nos falta el segundo debate de Senado, ahí estaremos pendientes de que solo sea la prórroga y que cualquier posibilidad de la modificación de la ley quede para el próximo año con previa consulta con las víctimas”, dijo John Jairo Hoyos, representante a la Cámara y presidente de la Comisión de Seguimiento del Congreso a la Ley durante el encuentro ¿Cómo garantizar los derechos de las víctimas en la prórroga de la Ley 1448? En dicho evento (organizado por USAID, Codhes y Colombia2020) también intervinieron víctimas, el Gobierno y organizaciones de derechos humanos que plantearon varias inquietudes respecto al futuro de la reparación de las víctimas.

Por ejemplo, el presidente de la Mesa Nacional de Víctimas, Orlando Burgos, dijo que le preocupaba que la ley sufriera algún tipo de reforma en el Congreso en cualquier momento y que las voces de ellos no sean escuchadas para incluir los cambios necesarios que no vayan en detrimento de las victima: “Esperamos que se ponga voluntad para que la Ley cumpla su objetivo. Que la reforma, si la hay, se trabaje con las víctimas, que se sienten con nosotros y nos escuchen, que haya una coordinación nación-territorio”, puntualizó Burgos.

Una de esas reformas que debería sufrir, dijo Marco Romero, director de la organización Codhes (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), tiene que ver con la articulación entre la Unidad de Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano judicial que emitirá fallos para reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. “Los hijos de las víctimas ya están pidiendo un cupo en la universidad y hay que garantizarlo. Que se les dé la reparación integral a las víctimas y tengan educación para que la próxima generación no reproduzca la trampa de pobreza en la que han caído por la violencia”, enfatizó.

En ese sentido, Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, dijo que el mayor rezago de la Ley de Víctimas en este momento es la reparación económica. Además, expresó que está trabajando para que la prórroga de 10 años más de la Ley de Víctimas incluya un trabajo articulado con el Sistema de Verdad y Justicia, Reparación y no Repetición que surgió tras el Acuerdo de Paz. “Necesitamos que todas las entidades estén alrededor de la atención a víctimas del conflicto. Se está trabajando, aseguró, para que con la prórroga se fortalezca el trabajo con el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición”, puntualizó Rodríguez.

Justamente, el tema de la financiación para reparar a las víctimas fue un tema central en el debate, pues una eventual reforma debería ponerle más dinero para que se alcance a reparar a la mayoría de las víctimas en los próximos 15 años: “El esfuerzo fiscal del gobierno nacional fue de $118 billones entre 2012 y 2020, el cual resulta insuficiente para atender a las más de nueve millones de víctimas”, dijo Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto de la Contraloría General de la Nación.

En todo caso, el panorama no es fácil. La pandemia ha agudizado la crisis económica y se espera que la reactivación económica anunciada por el Gobierno genere también ingresos para las clases más necesitadas del país: “No queremos que los derechos de las victimas queden en un rincón cuando se pretenda reactivar a todo motor la economía. No queremos fracking exprés a nombre de que hay que reactivar la economía y a costa de muchos sectores vulnerables que siempre terminar sacrificados. Ya la Corte Constitucional ha dicho que tienen que estar en cualquier centro de reactivación económica por la pandemia y así debe hacerse”, expresó Marco Romero de Codhes.

A su turno, Gimena Sánchez, directora para los Andes de la organización Wola, dijo desde Estados Unidos que se está viendo a las víctimas como un problema que hay que resolver. “Son colombianos, son seres humanos cuyo bienestar y protección es vital. Hay que buscar mínimos humanitarios y que se implemente el Acuerdo de Paz de 2016 para alcanzar en la no repetición. Un principio básico de toda democracia es el respeto a la vida y la no impunidad para avanzar hacia la paz”.

Vea aquí el encuentro completo:

FUENTE: EL ESPECTADOR