El primero, de la Comuna 8 de Medellín, y el segundo, de San Rafael (Antioquia), fueron afectados en el conflicto por su orientación sexual e identidad de género. Documentaron sus historias, que entregan hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El 11 de diciembre de 2000 una ambulancia transportaba a Carlos Alberto Arboleda y a Jairo Eusse Hoyos en la ruta de San Rafael a Rionegro (Antioquia). Iban heridos porque momentos antes paramilitares del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) los golpearon brutalmente. Cuando el vehículo iba pasando por Guatapé, otros “paras” lo detuvieron. Sacaron a los hombres y los acribillaron. Varios rumores falsos se empezaron a decir en San Rafael después de este crimen. Los paramilitares lanzaron la mentira de que eran abusadores de niños y niñas. Pero lo cierto es que Arboleda, apodado Sardino, y Eusse eran dos hombres gais que participaban activamente de la cultura de sus municipios, San Rafael y Yarumal, respectivamente. Lo otro cierto es que en San Rafael la cultura y el colectivo Crisálidas, que agrupa a la población LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y trans), se quebró. Estigmatizaron y asesinaron a su líder.

Sardino tenía 37 años y llevaba más de 10 trabajando con danzas, teatro, reinados y otras gestiones sociales, como conseguir mercados para los enfermos. Todo el mundo lo conocía. Andaba en su moto DT amarilla, en la que iba a Sardibella, la finquita en la que organizaba sus presentaciones y hacía reuniones con los otros miembros del colectivo LGBT; también iba a la Casa Museo, donde trabajaba con la población del municipio, y en ella se movilizaba para asistir a las actividades de su grupo Recreación Sardi.

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Esa misma fue la moto que le prestó a un paramilitar, quien la destrozó y con quien después tuvo relaciones que, al ponerse en boca del pueblo, desencadenaron la molestia del “para” a que lo percibieran como gay, lo que resultaba “indeseable” para su grupo armado. Ese fue el motivo para que lo mataran, dice la versión más aceptada de este crimen. A los dos días, después de que reclamara por la muerte de Sardino, los paramilitares mataron a su hermano Fredy Hernando, también miembro del colectivo LGBT. Ahí llegaron los desplazamientos forzados por el miedo.

Por la misma época, en la Comuna 8 (Villa Hermosa) de Medellín, los miembros de ese entonces la Mesa LGBT, hoy conocida como Casa Diversa de la Comuna 8, eran amenazados, desplazados, violentados sexualmente y asesinados. “Varias veces nos sacaron de espacios con armas de fuego, muchas veces fueron mientras hacíamos actividades de integración dentro de la comuna. Nos sacaban porque, según ellos, no éramos dignos de estar en esos espacios. En otra ocasión entraron a uno de los lugares que nos prestaron para los eventos y nos agredieron, a un compañero lo golpearon mucho”, recuerda una víctima que prefiere guardar su identidad.

Todo sucedió ante la mirada de las autoridades, que no hicieron nada para protegerlos, sino que, al contrario, también los agredieron. Hace un par de años, cuando el miedo mermó, se atrevieron a declarar lo que les habían hecho, y por eso la Unidad para las Víctimas reconoció a ambas organizaciones como sujetos de reparación colectiva.Ahora, buscando justicia, documentaron los hechos, junto a Caribe Afirmativo y con el apoyo de Asuntos Mundiales Canadá y Abogados Sin Fronteras Canadá. El producto es el informe Lo que perdimos, que entregan hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Se trató de violencias utilizadas por parte de la Fuerza Pública y grupos paramilitares para lograr el control territorial y de la población, así como obtener legitimidad social con la “eliminación” de los colectivos o con la “subordinación” y el control de los cuerpos de sus integrantes. Todo esto como fines estratégicos para lograr ventaja militar en la guerra”, explican desde Caribe Afirmativo.

Vivian Cuello, coordinadora del área de paz y conflicto armado de esta organización, asegura que, de acuerdo con lo que encontraron en la investigación de este informe, la participación de la Fuerza Pública fue determinante, tanto como acción como por omisión. “Desde la llegada del bloque Metro a San Rafael identificamos que este grupo paramilitar actuó en connivencia con la Fuerza Pública entre 1997 y 2001. En cuanto a la violencia que vivieron las personas LGBT de la Comuna 8 de Medellín hallamos que también hubo connivencia de la IV Brigada del Ejército con los grupos paramilitares, especialmente en este caso con integrantes del bloque Cacique Nutibara, sobre todo entre 1997 y 2008. Las conductas cometidas por los paramilitares fueron en alianza y contaron con el respaldo de la Fuerza Pública, quien conoció de estos hechos y no adoptaron todas las medidas necesarias o razonables para prevenir la comisión de estos crímenes”.

En San Rafael, relata Esteban Gómez, integrante del colectivo Crisálida y secretario de Gobierno del municipio, “los muchachos decían: nos vamos a vestir este sábado de superstar. Y salían con sus estrellitas en la frente, sus blusitas largas y sus chores, y ahí mismo las metían al calabozo”. Esto sucedía a inicios de los 90, a pesar de que la homosexualidad había salido del Código Penal 10 años antes. En medio de esas detenciones arbitrarias hubo agresiones físicas y verbales.

En Villa Hermosa, por su parte, la Mesa empezó a ser visible y a tener impacto social y político, por eso, desde 2007, la violencia se enfocó en quitarles el espacio público y mermar su defensa de los derechos humanos. “Una de nuestras formas de protección era mantenernos juntos, casi unos 30, porque cuando estábamos solos ocurrieron ataques con piedras o bolsas con orines. Nos amenazaron y desplazaron a tres de nuestros líderes de la Mesa LGBT”, recuerdan en el informe.

Esa serie de crímenes impunes lograron su cometido: desarticular los procesos, romper la confianza y atemorizar. En la Comuna 8 muchas de las personas que se desplazaron no volvieron y en San Rafael el colectivo se dispersó y las memorias se individualizaron.

Sin embargo, no hubo una derrota. Con este informe, Caribe Afirmativo y ambas organizaciones quieren dejar claro que hubo una violencia basada en prejuicios que afectó su colectividad y dañó también lo que representaban. Y, por supuesto, buscan que haya verdad y justicia, y que les devuelvan lo que les quitaron: visibilidad, ejercicio pleno de ciudadanía y tranquilidad.

FUENTE: EL ESPECTADOR