En el marco de la Semana por la Paz, colectivos de mujeres hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se redoblen esfuerzos en la implementación de las 122 medidas con enfoque de género contempladas en el Acuerdo Final. De acuerdo con GPaz, a 2019, solo un 33 % de estas tenía un avance satisfactorio.

La guerra en Colombia impactó de manera desproporcionada y diferencial a las mujeres. Sus cuerpos fueron utilizados como botín de guerra y sufrieron sistemáticamente violencia sexual y reproductiva, dentro y fuera de las filas armadas. Las mujeres, a pesar de estar en medio del conflicto, han luchado por su cuenta por la paz en sus territorios. Fue en 2014, en medio de las negociaciones en La Habana (Cuba) entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las extintas guerrillas de las Farc, que se creó la Subcomisión de Género, encargada de incorporar de manera transversal enfoques y propuestas para atender a las mujeres víctimas, entre ellas afros, indígenas y campesinas, y excombatientes.

Gracias a las mujeres que conformaron la Subcomisión se incluyeron 122 medidas específicas dirigidas especialmente a reparar a las mujeres víctimas. Esto significó un avance histórico para los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo. Sin embargo, según el último informe de Grupo Género en la Paz (GPaz), publicado en 2019, hay una desaceleración preocupante en la implementación de lo pactado, especialmente, en lo que respecta a las medidas de enfoque de género.

Lo que devela el documento es que a 2019 solo el 33 % de las medidas contempladas contaba con un nivel de implementación satisfactorio. Entre ellas están: en el punto uno, abrir líneas de crédito para comprar tierras a mujeres rurales, y en el punto dos, incluir enfoque de género en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y promover las escuelas de formación políticas con el objetivo de fortalecer liderazgos.

Aún así, la organización advierte que de los seis puntos del acuerdo de paz, tres registran el mayor porcentaje de incumplimiento. Se habla de un 34 % de medidas insatisfechas en el segundo punto de Participación Política, un 45 % en el tercero de Fin del Conflicto, y un 33 % en el cuarto de Solución al problema de drogas ilícitas. Este último punto, alerta GPaz, no se registra la implementación satisfactoria de ninguna medida con enfoque de género.

Esta realidad fue el eje de un evento convocado por RedePaz y Mujeres por la Paz, que se celebró esta semana, en el marco de la Semana por la Paz de 2020. En este encuentro participaron el Consejo Consultivo de Mujeres del municipio de Valledupar, con la representación de Thais Ruiz; Alba Cecilia Pineda, escritora y economista especialista en género; Carolina Vargas, excombatiente y representante de la Mesa de Género de Tierra Grata, y Magda Yaneth Alberto, defensora de la paz y veedora ciudadana del acuerdo de paz.

Todas las panelistas coincidieron en que las mujeres tienen una amplia experiencia haciendo paz desde sus territorios y que el acuerdo trazó una ruta de acción para que esta experiencia se materializara en una construcción equitativa y diversa de la paz. Pero actualmente existe el peligro de que esta oportunidad no se traslade del papel a la realidad.

Alba Cecilia Pineda aseguró que las mujeres, a pesar de estar en medio de la guerra y sufrir las consecuencias en carne propia, su participación en los diálogos por la paz ha sido mínima. Pineda aseguró que desde 1982 en Colombia, con los primeros intentos de acuerdos de paz hasta el vigente que se firmó en noviembre de 2016, solo un 4 % de los firmantes han sido mujeres: “A pesar de que las mujeres hemos empujado la paz en los territorios y hemos sido las víctimas del 47 % de los homicidios y del 82 % de la violencia sexual, para dialogar la paz solo hemos sido una minoría”.

De igual forma, Pineda, economista y escritora, aseguró que el acuerdo de paz implica una potencia transformadora de las relaciones de género en todo el país, pero que al ser transversal también atraviesa los escenarios de pobreza y desigualdad tan acentuados en Colombia. Además resaltó que de las medidas con enfoque de género hay un incumplimiento que supera el 60 %. Entre las que aún están pendientes de avance y son consideradas primordiales para la construcción de paz son: garantizar el acceso equitativo a la educación superior en zonas rurales; otorgar subsidios para la construcción y mejoramiento de vivienda y la representación política de las mujeres en los Consejos Territoriales de Planeación.

“Hoy hay una disputa sobre cómo se ha gobernado este país que nos atraviesa y nos convoca a todas. Hay una disputa entre quienes quieren sostener los privilegios de un viejo país, y quienes quieren uno nuevo, el que estamos empujando y el que está en el Acuerdo de La Habana”, concluyó.

En cuanto a Magda Alberto, defensora y veedora ciudadana de la implementación del acuerdo, expresó que han sido las mujeres de los territorios las principales abanderadas y promotoras de este camino. Destacó que hasta el momento se han consolidado alianzas de las organizaciones de mujeres (víctimas, campesinas, indígenas, y excombatientes) con organismos de cooperación internacional y con el Gobierno.

Además resaltó el compromiso notable con la integración del enfoque de género de las tres instituciones que nacieron tras el acuerdo de paz y que componen Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Magda destacó que en estas instituciones se haya conformado las comisiones de género y se estén escuchando las peticiones y contextos particulares de las mujeres que vivieron la guerra y que ahora hacen parte de la construcción de un país para el posacuerdo.

“El acuerdo no era mágico, ni su implementación se iba a dar por obra de magia. El acuerdo es un punto de partida para fortalecer nuestra democracia, pero la institucionalidad ha respondido muy lento y necesitamos acciones que trasciendan la adecuación institucional”, añadió.

Carolina Vargas Cabrera, excombatiente de las Farc y quien se encuentra en la vereda Tierra Grata, municipio de Manaure (antiguo espacio de reincorporación) aseguró que “el acuerdo de paz es para todas las personas y no sólo para los excombatientes”. Por lo tanto, es incluyente y acepta a toda la diversidad de personas sin importar su raza, orientación sexual o pasado. Vargas aseguró que durante su tiempo en la guerra las mujeres también reclamaban sus derechos y que ahora en la reincorporación a la vida civil continúa en esta lucha.

Vargas hizo un llamado para que se continúen los esfuerzos por implementar lo pactado y no darle espera puesto que pese a la lentitud. Hasta ahora, los resultados han sido beneficiosos para las comunidades y los reincorporados, que ahora están unidos. Su trabajo con otras mujeres, en su mayoría excombatientes, fueron una ventana para comprobar que las violencias basadas en género son un fenómeno nacional: “Las mujeres no queremos ser más cifras de violencias ni feminicidios”.

Por último, Thais Ruiz, del Consejo Consultivo de Mujeres del municipio de Valledupar, afirmó que “todo lo que se logró en la incorporación del enfoque de género se logró por organizaciones campesinas, afro, desplazadas y feministas. Las mujeres colombianas hemos construido paz aún en medio del conflicto ahora el desafío es que estos puntos se cumplan y se hagan una realidad”.

Todas las mujeres del panel coincidieron en que es urgente que el Gobierno establezca las condiciones suficientes para que las medidas planteadas por las mujeres puedan llevarse a cabo y puedan trasladarse a los territorios. Y de esta forma, asegurarles a las mujeres tierras para trabajar desde el campo, seguridad alimentaria para las familias, y sobretodo, paz para seguir liderando.

FUENTE: EL ESPECTADOR