Los servicios médicos de la región fronteriza de Norte de Santander priorizaron la pandemia de COVID-19, pero descuidaron la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas, además de los históricos problemas de violencia y pobreza.

Ana María* llegó al hospital Erasmo Meoz, en Cúcuta, embarazada de nueve meses y pesando 35 kilos. El hospital, que está volcado hacia la atención de la COVID-19, le dio de alta pocos días después de dar a luz. El desgaste del parto y la falta de atención posnatal agravaron su estado de salud y murió pocos días después.

La Corporación Mujer Denuncia y Muévete, que reportó el caso, asegura que se trata de uno de los miles de hechos de negligencia y falta de atención que viven a diario las mujeres y niñas en Norte de Santander.

Mientras los centros asistenciales del departamento en el nororiente de Colombia se vuelcan a la atención de la pandemia de COVID-19, miles de mujeres y niñas están quedando sin la atención que necesitan urgentemente para su proteger su vida, así como su salud sexual y reproductiva.

En el contexto de la cuarentena, muchas mujeres han sido violadas por uno o varios hombres en “manada”, indica la organización internacional Women´s Link Worldwide. Las mujeres llegan a los hospitales pidiendo ayuda con desgarros, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, pero muchas veces no encuentran la atención que necesitan.

Women’s Link Worldwide interpuso una acción popular ante el juzgado administrativo de Cúcuta y solicitó la adopción de medidas cautelares que buscan que las mujeres accedan a servicios de salud sexual y reproductiva.

“No estamos pidiendo algo que demande muchos recursos o grandes esfuerzos, como construir nuevos hospitales o contratar más personal, sino que con lo que hay se logre responder mejor a las necesidades de las niñas y las mujeres”, explicó Lucía Hernández, abogada de la organización, en entrevista con la Agencia Anadolu.

La situación en Norte de Santander

El departamento de Norte de Santander ha tenido una larga historia de conflicto armado. El Informe “Sin Dios ni Ley”, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), reportó que entre el 2012 y el 2019, 28 estructuras criminales se han disputado los 2.219 kilómetros de frontera que hay entre Colombia y Venezuela.

“En este territorio confluyen distintos actores armados ilegales, así como una variedad de mercados criminales que dan lugar a una serie de violencias y disputas que tienen graves repercusiones sobre la población civil localizada allí”, explicó la entidad.

En los últimos años, la región también ha sido una de las más afectadas por la compleja crisis humanitaria en Venezuela y su consecuente ola migratoria. La cantidad de personas que ha llegado a los pueblos fronterizos en busca de trabajo, comida y servicios de salud ha colapsado los ya precarios sistemas de salud y asistencia.

“Con esas dos particularidades ya se puede entender el nivel de vulneración que tienen los derechos humanos de las mujeres y las niñas”, explicó Alejandra Vera, abogada y directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, quien trabaja en la zona y ayudó a interponer la acción popular.

Las mujeres en Norte de Santander han tenido, además, históricos problemas de pobreza, falta de acceso a servicios básicos y educación. Se ven afectadas por las redes de contrabando, narcotráfico, microtráfico, así como por el conflicto armado rural y urbano.

“Con el COVID-19 se agravan las situaciones, especialmente para las niñas y las mujeres”, dijo Alejandra Vera a la Agencia Anadolu. Por ejemplo, el hecho de que ahora todos los trámites para acceder a servicios de salud se deban hacer de manera virtual es una barrera porque muchas mujeres y niñas no tienen acceso a internet o a computadores.

Otra barrera es la priorización de servicios de salud para atender la COVID-19. La medida ha afectado, aún más, la prestación de otros servicios que son igualmente esenciales como el acceso a anticonceptivos, la interrupción voluntaria del embarazo y la salud materno-infantil.

Lo difícil que es migrar y parir

Ambas organizaciones resaltaron que las mujeres migrantes, que no conocen las leyes colombianas, piensan que al llegar a Colombia no tienen derechos, y han registrado casos en los que los puestos de salud desinforman activamente a las mujeres migrantes en situación irregular diciéndoles que no tienen derechos y maltratándolas.

Muchas mujeres no pueden denunciar hechos de violencia sexual “por miedo, porque se encuentran en situación irregular y temen ser deportadas, o porque sus victimarios podrían enterarse”, explicó Women´s Link. “Son mujeres pobres, desnutridas, sin educación, con muchos hijos y cuando piden ayuda les imponen barreras injustificadas y desproporcionadas”, añadió la organización.

Uno de los casos que registró Women´s Link fue el de Eva*, una niña venezolana de 14 años que llegó a Colombia desde Venezuela embarazada, producto de una violación, y con infecciones de transmisión sexual. Se enteró de que en Colombia el aborto es legal para casos de violación y solicitó el procedimiento al Hospital Erasmo Meoz, de Cúcuta. En el hospital le pidieron la denuncia y como no la tenía le negaron el procedimiento. No la tenía porque en Colombia la Fiscalía no recibe las denuncias de casos de violencia sexual que ocurrieron en Venezuela.

Después de varios meses, Eva se tuvo que someter a una cesárea sin anestesia ni medicinas en un pueblo fronterizo y la bebé nació muerta. Después de la experiencia, la niña inició un método de planificación, pero no porque quiera tomar anticonceptivos, sino porque sabe que hay una alta probabilidad de que vuelva a ser víctima de violación en la frontera.

Las peticiones de la acción popular

Lo que piden las organizaciones es que se apliquen las leyes y directrices de salud que ya existen en Colombia y se aterricen a la práctica los derechos humanos de las mujeres.

A través de unas medidas cautelares, solicitaron al juzgado administrativo de Cúcuta que ordene al Instituto Departamental de Salud brindar atención prioritaria de servicios de salud para mujeres y niñas durante la pandemia, no solo cuando requieran tratamiento por COVID-19. Añadieron que es importante que las medidas que se tomen estén acompañadas de campañas de información y divulgación para que tanto el personal sanitario como las beneficiarias de las medidas estén enteradas.

También pidieron que se ordene garantizar los traslados que las mujeres y niñas requieran para acceder a los servicios de salud que ellas necesiten, ya que muchas viven en zonas alejadas de los pocos centros asistenciales que tiene la región.

Por último, pidieron que se asignen los recursos necesarios -ya sean técnicos, de personal o financieros- para prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo “en cualquier edad gestacional y para atender a personas gestantes, de conformidad con el marco jurídico vigente”.

“La acción popular que presentamos busca proteger derechos colectivos. El hecho de que la salud de las mujeres mejore y haya un acceso eficaz va a redundar en la calidad de vida de todos los ciudadanos”, concluye Lucía Hernández.

FUENTE: EL ESPECTADOR